19 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

La presunta asesina ha entrado al Palacio de Justicia con el cabello liso, pantalones blancos y una americana azul, para enfrentarse al Jurado Popular

Se pospone la declaración de Ana Julia Quezada sobre el asesinato del niño Gabriel Cruz hasta el martes

Ana Julia entrando al Palacio de Justicia de ALmería
Ana Julia entrando al Palacio de Justicia de ALmería
A las nueve menos diez de la mañana, Ana Julia Quezada, de 48 años, única acusada por el asesinato del niño Gabriel Cruz llegaba a la Audiencia Provincial de Almería. La presunta asesina ha cambiado su imagen, se ha alisado el pelo y ha adelgazado bastante. Ante el interés mediático 42 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad en el juicio, que se ha blindado con varias medidas de seguridad. La declaración de hoy de Ana Julia, asesina confesa, se ha pospuesto hasta mañana.

Ana Julia Quezada ha llegado a la sede del tribunal en torno a un fuerte dispositivo de seguridad que se ha instalado en la sede judicial y ha accedido por la puerta trasera, vista únicamente por los medios de comunicación, desde donde ha sido conducida a los calabozos a la espera del inicio de la vista pública. El lunes no ha podido declarar y el martes se espera que lo haga.

Previamente ha quedado constituido el jurado popular conformado por nueve miembros, siete mujeres y dos hombres, además de dos suplentes así como solventar las cuestiones previas que puedan plantear tanto su letrado, Esteban Hernández Thiel, como el de la acusación particular, Francisco Torres.

La Audiencia Provincial de Almería acoge el proceso que debe dirimir la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada, que fue acusada de asesinato por la muerte en febrero de 2018 del niño de ocho años Gabriel Cruz y de ocultar su cuerpo sin vida durante 13 días.

La primera sesión del juicio incluye constitución del jurado y elección de los once miembros que lo han de conformar, dos de ellos suplentes, aunque el calendario prevé que se comience la declaración de Quezada, para quien la Fiscalía y la acusación particular interesan la pena de prisión permanente revisable y penas que suman hasta diez años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas realizadas a los padres del menor.

Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) van a establecer un perímetro de seguridad en torno al Palacio de Justicia durante todas las vistas y van a reforzar la seguridad en el interior del edificio, cuyo acceso quedará regulado por la Guardia Civil. Posteriomente, custodiarán a los miembros del Jurado Popular en su reclusión para emitir veredicto.

La Junta de Andalucía ha invertido casi 80.000 euros en obras de emergencia en el edificio y en adecuar las salas de vistas para acoger, entre otros, el enjuiciamiento de Ana Julia Quezada, al que darán cobertura informativa 150 periodistas acreditados de 35 medios de comunicación.

Esta expectación mediática ha dado lugar a que los padres de Gabriel hayan solicitado amparo "ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como "respeto" a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".

Ana Julia antes de ser detenida.

En un escrito remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, han solicitado que se "eviten" informaciones relativas a los informes forenses de su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta. Patricia Ramírez y Ángel Cruz han pedido, asimismo, que no haya "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías".

Los padres de Gabriel como testigos

En la vía judicial esto se plasmó el pasado viernes en un auto notificado a las partes por la magistrada Alejandra Dodero en el que acordaba que la declaración testifical de los padres, prevista para este martes, se celebre a puerta cerrada, una medida que ha extensiva a la declaración de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, así como a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.

Un informe del SAVA ha sido decisivo en la resolución adoptada por el tribunal, a petición del Ministerio Público y de la acusación particular, ya que este advierte del estado de "victimización secundaria" de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el "uso desmedido de la mediatización del caso" y remarca que se ha generado "un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia".

Añade que el hecho de que el juicio sea público y "grabado" generaría "una profusión de noticias, programas e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma". Los técnicos del SAVA apuntan, también, a que la "victimización secundaria sufrida" por Ángel Cruz y Patricia Ramírez "se vera sin duda agravada si se hacen públicos los detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de cómo se produjo la muerte del menor".

"Indica el SAVA que hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen y que los informes psicológicos de los padres contienen información delicada", concluye la magistrada.

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