24 de octubre de 2021
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FIN DE SEMANA

La operación Graffiti de la Guardia Civil ha desarticulado una nueva célula de adoctrinamiento originada en la cárcel de Algeciras

Las prisiones se convierten en el nuevo semillero de los yihadistas para captar seguidores

Mohamed Akaarir.
Mohamed Akaarir.
Esta semana la Guardia Civil ha propinado un nuevo golpe a las redes de radicalización yihadista dentro de las cárceles con la detención, en la bautizada como Operación Graffiti, de dos condenados que hacían labores de captación y adoctrinamiento a otros reclusos, según ha informado este martes el instituto armado. La radicalización en las cárceles es uno de los principales problemas de la lucha antiterrorista.

Uno de los detenidos en esta nueva operación contra el "frente" de cárceles es Mohamed Akaarir, quien había cumplido una condena de dos años y dos meses por enaltecimiento del terrorismo al difundir material radical en Internet y que, cuando salió de prisión el año pasado, no pudo ser repatriado a Marruecos, como contemplaba la sentencia, porque el cierre de fronteras por la pandemia impidió hacerlo.

Akaarir fue el primer yihadista condenado al que la Audiencia Nacional aplicó la reforma del Código Penal del año 2015 que castiga a quienes se adiestran o adoctrinan de manera autónoma, sin necesidad de una organización, para perpetrar actos de terrorismo.

Este yihadista estaba en libertad vigilada desde el año pasado y controlado bajo una pulsera telemática, pero las pesquisas han revelado que su radicalización se había incrementado dentro de prisión y presuntamente había mostrado “su voluntad de atentar”. Fue detenido en Pasajes Antxo (Guipúzcoa), donde residía.

El segundo detenido por la Guardia Civil fue Kamal Mohamed Driss, exmilitar de nacionalidad española, quien aún estaba recluido en el Centro Penitenciario de Córdoba. Driss estaba a punto de ser excarcelado tras cumplir una condena de seis años por su implicación en una trama desmantelada en Melilla por la Guardia Civil en la Operación Javer, en 2014.

 Kamal Driss.

La operación se inició en marzo de 2018 en la cárcel de Botafuegos (Algeciras), después de que funcionarios de prisiones de los Grupos de Seguimiento y Control —cuya función es vigilar a los presos peligrosos— alertaran de la aparición de varias pintadas en el patio, los baños y una celda, relacionadas con el Daesh. En concreto, una que representaba una bandera de la organización terrorista junto a otra que representaba un fusil de asalto. Las pesquisas iniciadas por estos funcionarios revelaron la existencia en este penal de un “grupo organizado de internos dedicado a la radicalización y captación”, en el que Driss jugaba presuntamente un papel destacado como “adoctrinador” de otros internos, según señala la Guardia Civil en una comunicado.

La investigación ha revelado también que este preso mantenía correspondencia con otro recluso yihadista, Sadik Mohamed, detenido en Málaga en 2014 y al que los expertos de la lucha antiterrorista relacionan con el atentado perpetrado por el Estado Islámico, en 2013, contra la prisión de Abu Ghraib, en Bagdag (Irak), para liberar a presos yihadistas.

Akaarir era uno de los supuestamente captados y, a su vez, había empezado a reclutar a otros internos. Tras su puesta en libertad y la imposibilidad de expulsarle, este fijó su residencia en Guipúzcoa, donde vivía cuando fue arrestado en 2016 por la Ertzaintza. Akaarir tenía obligación de comparecer periódicamente en Comisaría y prohibido acercarse a centros educativos para evitar el adoctrinamiento.

Según los investigadores, el detenido "no tenía planes concretos, pero sí había empezado a mostrar en sus conversaciones con otras personas signos alarmantes de tener intención de hacerlo”. En su teléfono móvil, los agentes encontraron varias aplicaciones para conducir camiones -los atropellos masivos es uno de los métodos utilizados por los yihadistas para cometer atentados-, pese a que no tenía carnet de conducir.

Con los indicios de su radicalización, el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ordenó la detención de ambos. A los dos se les vincula con otro preso de nacionalidad española detenido en Melilla el pasado 12 de marzo. Este último, que había ingresado en prisión por la comisión de delitos comunes con violencia, había coincidido con los ahora arrestados e iniciado tras ello un proceso de radicalización con el consumo de material yihadista.

Fuentes de la lucha antiterrorista destacan el papel protagonista que, en sus últimas comunicaciones, el Estado Islámico otorga a los presos yihadistas en su estrategia y el riesgo que muchos de ellos suponen cuando son excarcelados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también lo señalaba en su última memoria anual: “Los centros penitenciarios se han convertido en uno de los focos principales de captación, radicalización y adoctrinamiento”.

Grupos de radicales

El Ministerio del Interior lleva años sometiendo a un estricto control a los presos musulmanes más radicales, a los que clasifica en tres grupos. El primero, formado en la actualidad por 107 internos, lo conforman aquellos que tienen condenas por terrorismo. El segundo está integrado por 44 que, como los tres detenidos ahora, entraron en prisión por un delito común, pero han derivado a postulados religiosos radicales y de defensa de violencia, de la que hacen proselitismo. El tercer grupo engloba a los denominados “presos vulnerables”, internos que por su situación personal o social corren el riesgo de ser captados. Interior incluye en este grupo a 72 internos.

Operación Escribano

En octubre de 2019 la Guardia Civil ya desarticuló una organización yihadista que operaba en 17 centros penitenciarios españoles en el marco de la operación ‘Escribano’. Hasta 25 internos fueron vinculados a este denominado ‘frente de cárceles’ yihadista, y dos de ellos condenados por la matanza del 11 M.

El cabecilla era Mohamed Achraf, cuyo verdadero nombre es Abderraman Tahiri, preso que cumple condena por liderar una célula desarticulada por la Policía Nacional en 2004 en la Operación Nova y que planeaba atentar contra varios objetivos emblemáticos de Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o la estación ferroviaria de Príncipe Pío.

Tenía previsto salir de la cárcel tras cumplir su condena, cuando tuvo lugar la operación para desarticular la célula terrorista, por lo que el juez Pedraz le impuso prisión preventiva. En total se desarticuló un grupo de 25 internos, que, según los investigadores, estaba muy organizado y estructurado y tenía ya objetivos concretos, puesto que había amenazado a determinados funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Los 25 reos están investigados por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos, a través de esta organización a la que se referían como Grupo Victorioso.

En este grupo también estan Jamal Zougam, condenado a más de 40.000 años de cárcel por los atentados del 11M, y Hassan El Haski, otro condenado por el 11M.

En aquella ocasión la operación se desarrolló en 17 prisiones españolas. En concreto, Teixeiro, Estremera, Villena, Algeciras, El Puerto de Santamaría III, Ocaña I, Zuera, Mansilla de las Mulas, Soto el Real, Huelva, Murcia II, Mallorca, Valencia, Albolote, Córdoba, Las Palmas II y Villabona.

Como ya informamos en elcierredigital.com, las cárceles son uno de los principales focos de radicalización y los funcionarios de prisiones acusan la falta de personal y formación para prevenir el yihadismo.

Mohamed Achraf era quien dirigía desde prisión aquel grupo, que contaba con su propia iconografía y eslogan y estaban perfectamente estructurados, con órdenes precisas de actuación en los patios y métodos de formación y de entrenamiento.

Por debajo de Achraf, pero también dentro de la 'cúpula' del 'frente de cárceles' yihadista desarticulado, los investigadores situaron a Karim Abdeselam Mohamed, alias 'Marquitos', quien fue condenado en 2015 por la Audiencia Nacional a 12 años de prisión por integración en célula yihadista.

El segundo cómplice era Mohamed el Gharbi, condenado a ocho años de cárcel en el marco de la 'operación Caronte', una gran intervención policial que desarticuló en 2015 una red yihadista formada por diez personas que habían planeado atentar en Barcelona.

Su objetivo con este nuevo 'frente de cárceles' era implantar una "política de patios", consiguiendo que todos los condenados por yihadismo fuesen recluidos en una misma prisión. Impulsaba, junto a sus tres principales acólitos, el envío de cartas a yihadistas encarcelados en distintos puntos de España de los que tenía noticia para animarlos a mantenerse firmes en la defensa del DAESH y la reivindicación de la Yihad. 

zougam-el-haski

Jamal Zougam y Hassan El Haski se cartearon con el líder del frente de cárceles yihadista.

Del mismo modo, el líder del frente de cárceles, también se comunicó a través de cartas con otro condenado por el 11-M, Hassan El Haski, alias Abu Hamza, marroquí de 55 años recluido en la cárcel de Alicante.  Está previsto que salga de prisión el próximo mes de junio tras haber cumplido 14 años de condena, aunque la investigación de este frente de cárceles podría impedir que esto suceda.

Achraf escribió a El Haski haciendo referencia a textos teológicos y ofreciéndole la ayuda de su familia. Al igual que la otra carta enviada a Zougam, esta misiva también tiene como encabezado dos banderas del grupo terrorista Estado Islámico.

En esta ocasión también fueron varias pintadas fueron el punto de partida para la investigación que terminó desarticulando este Grupo Victorioso en el marco de la operación ‘Escribano’. Se contabilizaron una veintena de pintadas yihadistas en los muros de las prisiones en los últimos diez años, una de las cuales fue hallada en junio de 2014 en la celda que ocupaba Jamal Zougam en la cárcel salmantina de Topas.

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