23 de junio de 2021
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FIN DE SEMANA

La fiscalía pide más de 31 años de cárcel por organización criminal, tráfico de drogas y falsedad documental

Este lunes comienza el juicio al 'Grupo 7', los guardias civiles acusados de narcotráfico en Fuerteventura

Grupo 7 en el juicio
Grupo 7 en el juicio
Después de tres aplazamientos, el lunes 17 de septiembre dará comienzo el juicio por la ‘Operación Botavara’ en la que 13 personas fueron detenidas, de las cuales cinco son guardias civiles que presuntamente lideraban una trama de narcotráfico en la isla de Fuerteventura (Canarias)

En el año 2013, la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria desmanteló un grupo criminal en la ‘Operación Botavara’ cuyos integrantes se autodenominaban como ‘Grupo7. Sin duda alguna, el origen del nombre que usaron los presuntos delincuentes viene de la película dirigida por Alberto Rodríguez con el mismo nombre (estrenada en 2012), en la que un colectivo de policías tiene como objetivo limpiar de droga las calles del centro de Sevilla en los años previos a la inauguración de la Expo 92. Para ello, la unidad policial no duda en utilizar métodos considerados como poco éticos e incluso tácticas que escapan de la legalidad. Al contrario que los policías del filme -protagonizados por Mario Casas o Antonio de la Torre entre otros- los guardias civiles que conforman el ‘Grupo7’ de la isla canaria no limpiaban la droga de las calles, sino que presuntamente traficaban con ella.

El grupo delictivo introdujo una partida de 841 kilos de hachís valorada en 1,23 millones de euros, según la Fiscalía. Dos de sus integrantes fueron sorprendidos mientras recogían parte del cargamento de una ‘narcopatera’ que encalló en la playa de El Cotillo, en el norte de Fuerteventura, en la madrugada del 20 de febrero de 2013.

Uno de los encausados actuó de enlace con los proveedores de la droga en Marruecos, otros colaboraron como braceros o vigilantes en el desembarco del hachís, algunos ocultaron el alijo y los demás ayudaron a recuperar varios fardos que se cayeron al mar desde la patera que los transportaba.

Quiénes son

La organización, según las palabras del coronel Ricardo Arranz el día de la detención de los agentes, funcionaba con una estructura piramidal y fuertemente jerarquizada. Estaba liderada por el guardia civil José Tomás C.M., considerado "cerebro" del grupo y por su mano derecha, el agente Yeray M.S. Por debajo de ellos, se situaban otros tres miembros del instituto armado en Fuerteventura, Sergio V.R., David D.P. y Daniel Manuel T.D. y, en el último escalafón, los otros ocho procesados completaban la banda de narcotraficantes. Arranz apuntó también que los miembros de la organización habían llegado a sentirse “muy seguros” y que eran “muy prepotentes”.

Además, uno de los agentes detenidos ya fue investigado por el departamento de Asuntos Internos del cuerpo durante su estancia en Tenerife, por hechos similares a los ahora destapados, pero que entonces no se pudieron acreditar.

Según señaló el coronel Arranz, el 'Grupo 7' era una organización con una participación "importante" en la delincuencia en la isla de Fuerteventura y "muy importante" en el caso del norte de la isla. De esta manera, la banda se encargó de amedrentar a los ciudadanos y a otros miembros del instituto armado.  

Acusados de torturar a detenidos

Los integrantes del grupo que están acusados de más delitos son los guardias civiles, por liderar la banda criminal y por actuar delictivamente en otros casos como falsear atestados oficiales, registrar propiedades y domicilios sin permiso judicial, amenazar a testigos y torturar a detenidos. Todo ello, además de la imputación por delito de tráfico de drogas.

Los cabecillas del ‘Grupo 7’, José Tomás C.M. y Yeray M.S., se enfrentan a las condenas mayores que se solicitan en la causa, teniendo que defenderse así de una condena de 31 años y medio y 26 años de cárcel, respectivamente. Yeray M.S. se enfrenta a una solicitud de 26 años y medio de prisión por organización criminal, tráfico de drogas, falsedad en documento público, obstrucción a la Justicia y amenazas.

Imagen filtrada de tres de los guardias civiles en prisión. Fuente: Indymedia 

La acusación pública pide para los otros tres miembros del instituto armado en Fuerteventura y para el resto de los miembros de procesados penas que van de 20 a 25 años y medio de prisión. Así, para Sergio V.R., el fiscal reclama 25 años y medio por integración en banda criminal, tráfico de drogas, falsedad en documento público, obstrucción a la Justicia, delito contra la inviolabilidad del domicilio y tres cargos de torturas. En el caso de David D.P, demanda 20 años por integración en banda criminal, tráfico de drogas, falsedad en documento público, obstrucción a la Justicia y delito contra la inviolabilidad del domicilio. El último, Daniel Manuel T.D. se enfrentará en el juicio a una solicitud de condena de 19 años y medio de prisión por integración en banda criminal, tráfico de drogas, falsedad en documento público, amenazas y delito contra la inviolabilidad del domicilio.

Hasta tres aplazamientos del juicio

El juicio contra el ‘Grupo7’ se fijó en un principio para el pasado 7 de mayo, pero tuvo que ser pospuesto por la falta de un letrado y un procesado. De esta forma, la vista oral se aplazó al 4 de junio, fecha que dio lugar a un nuevo aplazamiento (11 de junio), debido a la no comparecencia de uno de los trece acusados. Tampoco sería el día señalado por la Audiencia Nacional de Palma para celebrar el juicio. Este organismo retrasó de nuevo el juicio porque los abogados de los 13 acusados de la supuesta organización criminal protestaron por no disponer de varios de los medios de prueba que se van a utilizar contra sus clientes, alegando que podría vulnerar el derecho de defensa. Esto tiene que ver con que los letrados no recibieron copias de diferentes vídeos grabados por las cámaras de vigilancia que consideran necesarios para sustentar sus estrategias de defensa.

Por otro lado, los abogados plantearon que también se vulnerarían los derechos de sus clientes a la defensa y a la tutela judicial efectiva si el juicio comenzaba el 11 de junio, debido a errores cometidos al entregarles las grabaciones de diferentes conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación del caso que presuntamente les incriminan. Primero se les dijo que esas grabaciones estaban recopiladas en siete discos que se les dieron, sustituidos posteriormente por otros quince que se les facilitaron más adelante y, además, anunciando que habían sido copiados el 31 de mayo, cuando en algunos figuraba que databan del 18 de mayo.

A pesar de todos los incidentes que han impedido la celebración de la causa, la magistrada que preside la vista, Pilar Parejo aseguró que no se volverá a aplazar el juicio.

 

 

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