08 de agosto de 2020
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EDICIÓN VERANO

Los sindicatos de funcionarios convocan movilizaciones y un paro de media hora

Escándalo en las cárceles españolas por las numerosas agresiones de los presos a los funcionarios

Phiero Batista (pantalón negro), el preso que arrancó de un bocado la oreja de un funcionario
Phiero Batista (pantalón negro), el preso que arrancó de un bocado la oreja de un funcionario
Hoy jueves, día 2 de agosto, los sindicatos de prisiones, Acaip CC.OO. y UGT, han convocado movilizaciones que se verán reflejadas en un paro de media hora en el exterior de los centros penitenciarios. Las concentraciones comienzan a las 11 de la mañana y se llevarán a cabo en las puertas de los establecimientos penitenciarios de todo el territorio

En los últimos días varios funcionarios de algunas prisiones de España han sido víctimas de ataques por parte de presos con conductas violentas. Tal es el caso del trabajador del centro penitenciario de Picassent (Valencia), al que le propinaron un puñetazo tras intentar mediar en una pelea entre dos presidiarios, o el de los tres funcionarios agredidos en Navalcarnero (Madrid), de los cuales a uno de ellos -en prácticas- le arrancaron la oreja de un bocado y perdió el pabellón auditivo. Según fuentes a las que ha accedido El Cierre Digital, el trabajador de la prisión de Navalcarnero está “mejorando” tras el ataque sufrido y participará también en la protesta. 

Muchos de los internos de las cárceles son propensos a utilizar el gimnasio de estos centros como pasatiempo mientras cumplen las condenas que les imponen desde la justicia, lo que resulta un muy peligroso para los empleados de prisión cuando se producen este tipo de altercados con violencia. De hecho, Phiero Batista, el convicto al que apodan “El Grapa” que mordió la oreja del funcionario, ha triplicado su tamaño en tres años y es un habitual practicando boxeo. Ante ataques de este tipo de individuos, los trabajadores de las cárceles españolas poco pueden hacer, pues por lo general no son personas de una envergadura comparable con la de los presidiarios más violentos. Para mayor preocupación, a la suma de falta de medios de protección, de personal y de preparación contra las agresiones, los trabajadores no poseen ningún privilegio al no ser considerados como autoridad (como el caso de la Policía), así que atacarles puede salir tan barato como una agresión a cualquier persona que no ostenta responsabilidades y riesgos tan grandes como los empleados de las penitenciarías.

Un día de antes de este suceso, una pelea entre bandas en la misma cárcel acabó con la muerte de un recluso. Además, cabe destacar otro incidente que ocurrió en el mes de julio en el que varios funcionarios de la prisión madrileña fueron intoxicados después de que un interno prendiera fuego al colchón de su celda de aislamiento. Para tener una idea de la magnitud del problema en este año 2018, en el interior de las cárceles se denuncia una agresión cada día. Los sindicatos de los centros penitenciarios señalan que entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones a trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias y añaden que el pasado año 2017 las lesiones graves sufrieron un incremento del 60 por ciento con respecto al año anterior.

Prisión sin agresiones

Bajo el lema #PrisionesSinAgresiones, los trabajadores protestan por las continuas agresiones y quieren reprobar cualquier acto de violencia que pueda “menoscabar la dignidad personal o la integridad física de cualquier trabajadora o trabajador penitenciario que sufra en el ejercicio de sus funciones”. De la misma manera, los sindicatos quieren mostrar su solidaridad y dar apoyo a todos los compañeros y compañeras agredidas, especialmente a los de mayor gravedad, como el funcionario al que arrancaron una oreja el pasado 22 de julio.

Para hacer frente a este grave problema, los sindicatos consideran urgente resolver la acuciante falta de personal con más de 3400 vacantes sin ocupar, lo que ven como una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones. Por todo ello, exigen un incremento de plantilla y una mejora en la clasificación regimental de la población reclusa. Hay un 15% menos de efectivos de los que debiera haber y las 831 plazas anunciadas para la oferta de empleo público 2018 se muestran insuficientes para garantizar la seguridad interior de las prisiones.

Otra de las reivindicaciones que quieren dar a conocer es la necesidad de abordar el problema grave de la enfermedad mental, dado el incremento de internos con patologías psiquiátricas en prisión, y reclaman de manera urgente la consideración de agentes de autoridad, así como dotarse de una formación específica y adecuada para afrontar estas situaciones.

Además, Nacho Gutiérrez, portavoz del sindicato de prisiones Acaip, ha asegurado también que, a pesar de haber una “buena disposición” por parte del Ministerio del Interior, aún “no han obtenido una respuesta”.

Esta movilización, surge como una primera fase de las protestas que continuarán a partir de septiembre.

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