Preocupación en las prisiones: Se registra la mayor incautación de dispositivos prohibidos

La preocupación de los funcionarios de prisiones frente al incremento de la incautación de teléfonos móviles y los avistamientos de drones es conversación obligada dentro de estas instituciones. Por ese motivo, ACAIP-UGT ha emitido un comunicado, donde insisten en la necesidad de dotar de medios materiales y humanos a los funcionarios. Durante el 2022 la incautación de teléfonos móviles en las prisiones españolas se ha incrementado en un 21%, con un total de 2.733 terminales intervenidos, la cifra más alta registrada desde la llegada de los móviles a las prisiones. 

Los centros penitenciarios con mayor número de incautaciones son Albolote (Granada), Madrid III (Valdemoro) y Málaga. Desde ACAIP-UGT señalan que “los teléfonos móviles son un objeto prohibido dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género. Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera”. 

Centro penitenciario de Albolote.

Elcierredigital.com ha contactado con Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP, que explica que "las incautaciones de teléfonos han aumentado porque se están incrementado los controles por parte de los trabajadores y porque se esta produciendo un aumento en la introducción de los terminales. Se intentan introducir más móviles porque su uso está cada vez más extendido, lo que significa que el interno tienen una mayor necesidad de estos aparatos. La única medida que hemos incluido es realizar un mayor esfuerzo dentro de las plantillas, ya que nadie ha implementado más medidas técnicas"

"Hay menos internos que en 2019 y, sin embargo, se han incautado muchos móviles más que en ese año. El problema principal es que desde la administración no se toman las medidas que hay que tomar, ya que con inhibidores de frecuencia actualizados este problema dejaría de existir y los teléfonos móviles serían inútiles para los presos. No entendemos cuál es el interés de que estos inhibidores no se actualicen. Hemos incautado muchos teléfonos, pero habrá muchos más cuya existencia desconocemos, lo que pone en riesgo la seguridad del centro. A esto se le añade la escasez de funcionarios, un problema que necesita ser solventado cuanto antes", concluye Joaquín Leyva.

La gran labor de los funcionarios de prisiones

Pese a este incremento en saltarse las normas e introducir dispositivos prohibidos en las prisiones, el dato positivo es la gran cantidad de incautaciones producidas, lo que enaltece las labores de los funcionarios. En línea con esto el sindicato quiere destacar el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos”. En muchas ocasiones, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse a los controles internos.

Mini-móviles introducidos en prisiones.

En los centros penitenciarios los teléfonos móviles son objetos muy cotizados entre los internos que cuentan con restricciones de las comunicaciones, como es el caso de los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas. “Por lo tanto, su uso y presencia dentro de los centros los convierte en fuentes de conflicto por el control del mercado negro que se genera” añaden desde el sindicato.

Los decomisos de estos terminales suponen una ardua tarea, ya que la mayoría se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico. Desde ACAIP-UGT explican la situación a la que se enfrentan: “Podemos encontrarlos en los lugares más insospechados, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada. Con 3.000 vacantes, y una relación de puestos de trabajo en los centros que no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios”.

Una tarea complicada ante la falta de medios

A esta complicada tarea se le suma que uno de los métodos más utilizados para introducir teléfonos es el uso de drones. Esto pone en riesgo la seguridad de las prisiones, que no cuentan con inhibidores ni sistemas antidrones. “La presencia de objetos prohibidos perjudica gravemente el normal funcionamiento de una prisión, donde debe primar una convivencia ordenada para poder cumplir con el objetivo de la reeducación y la reinserción” añaden desde ACAIP-UGT.

Alijo incautado a un dron.

“Desde ACAIP-UGT insistimos en la necesidad de dotar al sistema penitenciario de medios materiales y humanos suficientes para, por un lado, evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior. Por eso exigimos el funcionamiento eficiente de los inhibidores, adaptándolos a las nuevas tecnologías. Así limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito”, concluye el sindicato.