Se cumplen 40 años del caso de 'El Nani', el primer desaparecido policial de la democracia

La crónica negra española está plagada de casos sin resolver. Uno de ellos es la desaparición de Santiago Corella, más conocido como el Nani. Al igual que El Caso Almería o Lasa y Zabala, en 2023 llega Pacto de silencio, una serie documental sobre uno de los episodios más oscuros de la trama de corrupción policial española. 

La serie, dirigida por Ángela Gallardo y César Vallejo, se estrenará en la plataforma RTVE Play coincidiendo con el 40º aniversario del juicio por el caso. El primer capítulo del proyecto abrió la pasada 67º edición de la Seminci de Valladolid. La serie se ha encargado de realizar un retrato de los años en los que la autoridad que infringía la ley vivía en la más absoluta impunidad.

El primer desaparecido de la democracia

Nani tenía 29 años el día que desapareció. Fue el 12 de noviembre de 1983. Santiago Corella fue uno de los muchos chicos de provincia que llegó a la capital con el fin de sobrevivir y, aunque trabajó en un pub y en un quiosco, finalmente se decantó por la delincuencia como modo de supervivencia para sacar adelante a su mujer y dos hijos. Entre las autoridades era conocido como un delincuente de poca monta y ya había sido detenido en varias ocasiones por hurtos.

Santiago Corella, el Nani. 

Aquella tarde de noviembre se encontraba en casa cuando fue detenido por el atraco a una joyería de la que se supone que se llevó 40 kilos de oro tras haber asesinado al dueño. De su residencia fue trasladado a las dependencias policiales donde fue torturado junto a su compañero Ángel Manzano.

Candela y Consuelo Corrella, las dos hermanas del Nani, y la mujer de Manzano escucharon las torturas desde los pasillos próximos a la sala donde se encontraban los detenidos. Las hermanas de Corella recuerdan cómo los policías repetían “canta Nani, ¿dónde está el oro?”. Tras su detención jamás se le volvió a ver y ha pasado a la historia como el primer desaparecido de la democracia.

Una mafia de corrupción policial

Fue la desaparición de Santiago Corella la que desveló una mafia de corrupción policial iniciada por varios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para cometer atracos. El proceso era el siguiente: diseñaban el plan, encargaban los atracos a delincuentes de barriadas marginales y finalmente, se apropiaban de la mayoría del botín. 

La historia comienza en diciembre de 1985 cuando inspectores de policía de Santander detienen al joyero Federico Venero como sospechoso de diversos delitos, entre ellos, el asalto a su propia joyería. El propietario llegó a afirmar en televisión que “junto al Nani puede haber más gente enterrada”. 

La sorpresa llega cuando el joyero afirmó ante el juez que había una serie de policías de Madrid, Bilbao y Santander que eran los instigadores de diversos atracos a diversos establecimientos. A raíz de las confidencias de Venero y de las investigaciones periodísticas, el joyero comenzó a levantar sospechas. Fue Venero quien se quedó con los 8 kilos de oro de los 48 que había obtenido el Nani tras cometer el atraco. 

Condenas

Venero se convirtió en confidente de la Guardia Civil, tiró de la manta y denunció la organización y manejos de la mafia policial. Gracias a sus testimonios, se inició un juicio contra siete policías. El comisario Fernández Álvarez y los inspectores Gutiérrez Lobo y Aguilar González fueron condenados a penas superiores a 29 años por delitos continuados de falsedad y detención ilegal con desaparición forzada, así como de otras penas menores por torturas. Los otros cuatro encausados, a los que la Fiscalía culpaba de haber participado en el interrogatorio y torturas al Nani, quedaron libres.

Posteriormente le cayeron más de cien años a Fernández Álvarez por la muerte de los atracadores José Luís Fernández Corroto, Feliciano Martín y Pablo Pardo. Estos dos últimos fueron acribillados a balazos cuando salían de asaltar una joyería en el número 16 de la madrileña calle de Atocha, mientras que el otro fue abatido en Móstoles un mes y medio después.

Fueron defendidos por el controvertido letrado José Emilio Rodríguez Menéndez, muy relacionado con dichas tramas delictivas. Luis Miguel Rodríguez Pueyo, cómplice del aristócrata Jaime de Mesía en un par de raptos, declaró que este le había confesado que arrojó el cuerpo del Nani al embalse de Guadalén (Jaén). Tras la muerte por infarto de Corella, desde antiatracos le habían llamado para pedirle que se deshiciera del cadáver. Al poco, el cuerpo sin vida del Nani fue trasladado por el Guti y otro policía desde la Puerta del Sol al Land Rover del aristócrata.

Los policías condenados.

Los submarinistas de la Guardia Civil efectuaron una intensa labor de rastreo en dicha zona. Primero en Guadalén y después en Puente Nuevo y en Guadanuño (Córdoba). Estos dos últimos pantanos se encuentran cerca de una finca perteneciente a Mesía, quien después de llevar a cabo un nuevo rapto, decidió poner tierra por medio.

Cuatro órdenes de busca y captura no impidieron que viviera cómodamente en Miami, en el mismo lujoso complejo residencial en el que tenían inmuebles el secretario de Estado Rafael Vera y otros altos cargos ministeriales. Se jactaba de la inmunidad que poseía al rodearse de gente a la que había servido, miembros de la "banda de Interior". Incluso presidía una compañía aérea. Fue descubierto por El Fígaro Magazine, siendo detenido e ingresado en un centro penitenciario de máxima seguridad.

El abogado de la acusación particular, Jaime Sanz de Bremond, vio concordancia política en la inmunidad que rodeaba a tal estafador de guante blanco. Primero con la UCD y después con el PSOE.

"Hay que averiguar si ha habido más responsabilidades. Llama la atención que estuviera viviendo a sus anchas en el mismo edificio en el que tiene un apartamento Vera", declaró en su momento. Fue extraditado a España, donde optó por el silencio. "Solo hay una persona en el mundo que sepa dónde está el Nani, y soy yo", aseguró tiempo atrás a la revista Interviú. En 1996, la jueza María Tardón archivó el sumario. Aunque sospechaba que estaba implicado en la desaparición, no pudo continuar por falta de pruebas.

A finales de 2010, Rodríguez Menéndez reconoció que "el detenido salió muerto de la DGS" y aseguró que estaba enterrado en Córdoba. Pidió a las personas que lo inhumaron que enviaran sus restos a la familia Corella. El caso nunca llegó a resolverse.