Rechazan a 23 personas en un hotel de Gandía que "no aloja a grupos de discapacitados"

La Fiscalía de Madrid estudia denunciar al hotel de Gandía, el Gandía Palace, por lesionar los derechos fundamentales de personas con discapacidad intelectual tras haberles negado el alojamiento ya que, según explicaban, “no alojan a grupos de discapacitados”, apuntando que este grupo, compuesto por veintitrés personas con discapacidad intelectual, solo podrían alojarse en las instalaciones cuando estuviesen “acompañados de al menos un adulto mayor de edad capacitado por habitación”.

Durante unas vacaciones en Gandía, seis profesionales y veintitrés integrantes de la asociación pretendían alojarse en el hotel Gandía Palace, hasta que, debido a la política de admisión de las instalaciones, fueron víctimas de una situación de marginación y exclusión a causa de su condición que vulnera plenamente sus derechos fundamentales como personas, así como los principios de igualdad, inclusión y no discriminación que se recogen en la normativa española.

El hotel alegó que “no trabajaba con grupos de menores de edad, ni con grupos de discapacitados, ni con grupos de colectivos de fútbol”, según explica Plena Inclusión Madrid. Por este motivo, cada uno de los veintitrés integrantes que componían la excursión a Gandía, debían alojarse con un adulto mayor de edad capacitado en la habitación.

Esta exigencia por parte del hotel supone una discriminación y un quebrantamiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, basado en una “política de empresa” que no se ajusta a una situación de igualdad e integración para sus clientes.

Hotel Gandía Palace.

Una lucha contra la discriminación

Mariano Casado, el presidente del movimiento asociativo, menciona que “todavía hay muchos ámbitos en los que las personas con discapacidad tienen que enfrentarse a situaciones que les impiden participar en la igualdad, como cualquier otro ciudadano”. Por este motivo, se pedirá al Ministerio Fiscal y a instituciones como el Defensor del Pueblo u OADIS que estudien este caso de discriminación, “con el fin de avanzar hacia formas de relación social que contribuyan a impulsar su autonomía y tener el mismo trato que cualquier otra persona".

La marginación que viven las personas con discapacidad intelectual en la mayor parte de ámbitos de su vida denota la exclusión que sigue existiendo en nuestra sociedad. Ante esta realidad, es necesario que se visibilicen las problemáticas que sufren estos colectivos y que se cree conciencia sobre su situación, con el fin de propiciarles situaciones dignas, de apoyo e integración que se ajusten a sus capacidades, y todo ello con el respaldo general de las administraciones para que se solventen los límites impuestos que no velan por su bienestar.

Con el fin de avanzar en su autosuficiencia, es indispensable que se aborde la discapacidad intelectual sin estereotipos, sin paternalismos ni exclusividad. 

Para ello, el movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid, Círvite, sin ánimo de lucro, pretende velar y preservar el bienestar y el desarrollo vital de las personas con discapacidad intelectual a través de la transparencia, el respecto y la inclusión social. Con el objetivo de ofrecer servicios de apoyo e integración para estas personas y sus familias, así como de facilitar servicios de ocio y de tutela ya que cuentan, además, con un centro de ocupacional.

Sin autonomía ni poder de elección

Este no es el primer caso de discriminación al que han tenido que enfrentarse estas personas. En el año 2018, elcierredigital.com se hacía eco del caso de Blanca, una chica de 16 años con síndrome de Down a la que sus vecinos no permitían moverse sola por la urbanización de Boadilla del Monte, en Madrid, en la que vivía. "Los niños menores de 10 años y los discapacitados no podrán utilizar el servicio de ascensor ni piscina excepto si van con acompañante mayor de edad", señalaban las normas vecinales, que tuvieron que modificarse al no existir normativa que justificase que los discapacitados no pueden desarrollar estas funciones solos.

Blanca, la niña discriminada en Boadilla del Monte.

Otro ejemplo fue, un año más tarde, el de Jorge Bolaños, un ciego de 46 años que quería asistir al Estadio de Vallecas para ver el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Tenerife y le pusieron trabas a la hora de comprar su entrada. El aficionado al fútbol, ciego casi en su totalidad, quiso sacar una entrada para sentarse en el fondo donde se sitúa la grada de animación, en decir, donde se coloca el conocido grupo de los “Bukaneros”. Para su sorpresa, en taquilla, los encargados del club rayista le dijeron que tenía que sentarse en el lugar reservado en el Estadio de Vallecas a los discapacitados y, que si quería ir a otra zona, tenía que acudir con una persona que se hiciera cargo de él. Esta situación fue denunciada por el afectado.

Sin embargo, los discapacitados no solo se han tenido que enfrentar a este tipo de situaciones. Hasta 2018 las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo no podían votar. Ese año se aprobó la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que permitió a casi 100.000 personas ejercer su derecho a sufragio.