Oxfam alerta de aumento de la pobreza en España tras la pandemia

En Canarias 47.500 ciudadanos podrían estar en situación de pobreza después de la pandemia. La Oxfam apunta que las islas, con un 33,46 por ciento tendrían la tercera mayor tasa de pobreza en España, por detrás de Extremadura que tiene un 39,9 por ciento y Andalucía con un 33,8 por ciento. Cabe destacar que las islas se verán afectadas especialmente por la dependencia del turismo.

El informetitulado “Una reconstrucción justa y necesaria es posible”,  predice un aumento de la pobreza relativa de 1,6 puntos, hasta alcanzar al 23,1 por ciento de la población, lo que antes del COVID-19 era un 21,5 por ciento. Sin embargo, la ONG indica que la caída en el PIB también supone una caída del umbral de pobreza, tomando estos datos en consideración suponen que la pobreza relativa podría llegar a alcanzar al 26 por ciento, lo que involucra a más de 12,3 millones de personas.

Cabe destacar que el aumento más importante se originaría en Baleares, con un aumento del 11,7 por ciento, de la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza, seguido de Castilla y León con un 11 por ciento, Aragón con un 9,7 por ciento y Cataluña con un 9,4 por ciento. No obstante, Andalucía se destaca con 201.000 personas más por debajo de la línea de pobreza.

 No obstante, la renta neta aumentaría 1,7 puntos en el índice de Gini, coeficiente utilizado para medir la desigualdad en los países. De ser así, España alcanzaría el 34,2 frente al 32,5 de antes del coronavirus.

Desigualdad y pobreza durante la pandemia

De acuerdo con el estudio, los 23 milmillonarios españoles han aumentado su riqueza en 19.200 millones de euros, entre el 18 de marzo y el 4 de junio. Una realidad totalmente diferente la de miles de familias con pocos recursos.

 La ONG reveló que en 22 días 900.000 personas se dieron de baja en la seguridad social por la suspensión de la actividad económica, con mayor notoriedad en sectores como la construcción o la hostelería. Cabe destacar que, el 73 por ciento son grupos de bajos recursos, mayormente mujeres, jóvenes y personas de baja cualificación.

Mientras, Oxfam reveló que la tasa de desempleo en 2020 para población migrante podría quedar diez puntos por encima de la de las personas nacidas en España. Según el estudio las probabilidades de que pierdan sus empleos son de un 149 por ciento sobre la población española. Además, analizan que el impacto del COVID-19 puede hacer que una de cada tres personas en situación de pobreza sea una persona migrante.

La ONG recapitula que siete de cada diez personas que reciben salarios mínimos interprofesionales son mujeres, y que el pasado año el 46,27 por ciento de los contratos firmados por mujeres fueron parciales.

Trabajadores en precariedad

La organización pide garantizar los derechos de los profesionales sanitarios, mensajeros, falsos autónomos, cajeras de supermercados o jornaleros agrícolas quienes han sido parte de la supervivencia durante la crisis sanitaria. Según la ONG, muchos de ellos son migrantes y uno de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza.

"Hay personas que están en la primera línea de la respuesta sanitaria y social que tienen sueldos bajos y condiciones laborales a menudo precarias", expresó la responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón, Lara Contreras.

La organización propuso llevar a cabo reformas estructurales, operaciones de contratación que eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación por parte de las administraciones públicas.

 Sin embargo, la Oxfam Intermón expresó que estos cambios no se pueden hacer con la recaudación fiscal actual y por ello, proponen una fiscalidad progresiva, que permitiría recaudar al menos 10.000 millones de euros adicionales. 

 Entre las medidas fiscales extraordinarias, figura un impuesto temporal de beneficios extraordinarios, ayudas públicas a empresas con un comportamiento fiscal responsable y un impuesto a las transacciones financieras, que actualmente se debate en el Congreso.

Oxfam Intermón, además de sugerir propuestas sobre el ámbito económico, exigieron el compromiso de los países donantes, incluyendo España, para llevar a cabo un plan mundial de salud pública y otro de rescate económico universal.