En Galicia, denuncian malas prácticas en residencias durante el COVID-19
Sonia, la hija de una interna afirma que un centro no le ofreció nunca información del estado de salud de su madre
La crisis sanitaria producida por el coronavirus ha generado más de 32.000 fallecidos en España. Uno de los mayores focos de infección y de mortalidad del virus se ha producido en las residencias de mayores. Según el Ministerio de Sanidad 18.833 de las muertes que ha ocasionado la Covid-19 se han dado dentro de los centros dedicados al cuidado de personas de la tercera edad.
La pasada semana la Federación de Usuarios e Familiares das Residencias (REDE) de los derechos de los mayores organizaron en Galicia, donde la incidencia del coronavirus en la región ha sido mayor, una concentración para homenajear a las víctimas de esta pandemia y manifestar la falta de recursos en estos centros para combatir al virus.
“Ahora los trabajadores de las residencias en Galicia estamos en una situación laboral peor que cuando llegó la pandemia. Yo ya lo advertí. Este dinero va a salir de la piel de los trabajadores. Ahora no se cobren ni bajas, ni excedencias, ni vacaciones. No se cubre nada. Yo te doy 500 euros y vas a trabajar”, explica Sonia Jalda, presidenta de la asociación de Trabajadores de Residencias de Mayores de Galicia (TREGA).
Trabajar sin protección
Durante el pico más alto de la pandemia estos empleados tuvieron que enfrentarse al virus sin tener muchos recursos y vivieron situaciones desesperantes en las que prácticamente a diario fallecía un residente.
“Fue una situación horrible. No tenías EPIS, no tenían medios. Había mucho personal de baja porque se habían contagiado. No se sabía si los residentes tenían Covid. De un día para otro se llegó a los 120 positivos”, declara esta ex trabajadora de un centro de mayores.
Ante la falta del personal y la incapacidad de atender a los mayores, la Xunta intervino el 1 de abril la residencia de Domusvi la residencia del municipio de Aldán, en la provincia de Pontevedra.
Domusvi, el imperio de las residencias en Galicia
La empresa Domusvi es la que mayor arraigo tiene en el negocio del cuidado y asistencia a personas de la tercera edad en Galicia. Esto se debe a que “La Xunta a través de la política Corina Porro cogió de la mano de la directora de Domusvi y la convirtió en la reina de los centros de mayores en Galicia”, explica Xosé, portavoz de la federación galega REDE.
“Existen varias querellas contra las residencias del grupo Domusvi por las presuntas negligencias cometidas durante la pandemia. También están querelladas las autoridades tanto por la actuación en la pandemia como la actuación previa a la crisis sanitaria”, asegura el portavoz de REDE.
Por estas supuestas malas prácticas sanitarias en julio de 2020 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cangas acordó incoar un procedimiento de diligencias previas contra la consejera delegada de Domusvi España, Josefina Fernández, y la directora del geriátrico Domusvi Aldán, así como contra dos altos cargos de la Xunta.
Según el periódico La Voz de Galicia, a todos ellos se les investiga por los presuntos delitos de homicidio o lesiones por imprudencia profesional o de abandono de discapacitados, según consta en el auto al que ha tenido acceso.
La falta de personal, la asignatura pendiente
Anterior al Covid la situación en las residencias ya era bastante deficiente porque se necesitaba más trabajadores para abordar el volumen de trabajo existente en el interior de los centros.
“La falta de personal ya era un tema palpable previo a la pandemia. 46 auxiliares y 8 enfermeras no pueden hacerse cargo de 150 residentes. El año pasado denunciamos que en el municipio de Ribadumia, en Pontevedra, había falta de personal. La Justicia nos dio la razón. Y se nos comunica por escrito que verdaderamente tenemos razón y que saben que se necesita una enfermera por cada 40 residentes para las 24 horaspero que la empresa no encuentra personal disponible", afirma Sonia la presidenta de TREGA.
La voz de una hija que perdió a su madre en la residencia
Pero la parte más dura de la pandemia en las residencias se la llevaron los familiares de los mayores que allí se encontraban ingresados. Uno de estos familiares, Elena ha decidido hablar para ElCierreDigital.com y contar como sufrió la pérdida de su madre en un centro dedicado a los cuidados a personas de la tercera edad.
Una perdida que la afrontó sin que su madre le dieran la posibilidad de acudir a un hospital para tratarla. Además la vivió sin recibir por parte de los encargados de la residencia ningún tipo de información sobre el estado de salud de su progenitora.
“Mi madre llevaba poco tiempo ingresada allí cuando falleció. Era completamente dependiente, ni siquiera podía hablar. Mi madre se contagió de coronavirus pero hasta tres días después de dar positivo no nos lo comunicaron. Hubo familias que ni lo llegaron a saber”, narra Elena, familiar de una fallecida en una residencia por Covid.
“Desde ese momento la comunicación con el centro de mayores es nula. Llamé en varias ocasiones para conocer el estado de salud de mi madre y las centralitas telefónicas solamente nos abroncaba y nos decía que estábamos saturando las líneas”, recordaba Elena.
“Cuando la vi mal por videoconferencia le pedí a la residencia que mandara a mi madre al hospital. Hice esta solicitud en repetidas ocasiones. Los miembros del centro insistían que no pasaba nada y que no había que hospitalizarla", asegura la familiar.
“En el momento en el que mamá consigue ir al hospital, ya muy grave, es cuando comprendemos por qué no querían llevarla allí. No querían que viéramos la situación en la que los estaban dejando. Al hospital entraban cadáver", explica emocionada Elena.
Por esta razón, Elena decide unirse a otros familiares y presentan una demanda contra la residencia. Es una de las pocas demandas que han pido seguir en curso ya que algunas de ellas han sido desestimadas. Antes de llegar a la Justicia optaron por hablar con los responsables del centro pero se negaron a atenderles. “Todo eso después de que por la estancia de mi madre allí pagábamos 2.200 euros”, subraya la familiar.
“La residencia no tuvo ni la menor o mayor decencia de darnos el pésame. Ni un comunicado institucional, ni una llamada de teléfono, ni un correo electrónico, ni un sms”, quiso reseñar Sonia, con bastante indignación.
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