Fundación Madrina denuncia como 'insuficientes' las nuevas medidas para la familia

Recientemente, la Fundación Madrina ha emitido una alerta indicando que el Estado destinará únicamente el 1,44 por ciento del presupuesto requerido para paliar la pobreza infantil en España, un porcentaje que resulta preocupante, pues, como indican, se dejará desprotegidas a más de un millón de familias en situación de vulnerabilidad.

Según un reciente Real Decreto, se destinarán tan solo 95.463.403,33 euros para estas familias, a pesar de que Madrina estima que se necesitan 6.591.915.417,60 euros para cubrir sus necesidades básicas. En un estudio realizado por la fundación, se revela que el Estado cubrirá únicamente el 5,99 por ciento de las familias bajo el umbral de la pobreza, dejando a la mayoría sin el apoyo adecuado.

A esto se suma que se han identificado diferencias de hasta 25 puntos porcentuales entre la subvención otorgada por el Real Decreto a cada comunidad y su indicador de pobreza, lo que agrava aún más la desigualdad. Y es que, mientras que la organización estima que una familia con un menor lactante requiere un gasto mensual de 430 euros, el Real Decreto cifra este valor entre 130 y 220 euros para familias numerosas.

Por todo ello, la Fundación Madrina indica que esta disparidad perpetúa la desigualdad y la situación de pobreza en la que se encuentran estas familias. La fundación indica que el informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dejado claro que “su responsabilidad no es paliar la pobreza de las familias, dejando en manos del sector privado y las ONGs la tarea de cubrir la falta de apoyo del Estado”.

A raíz de esto, Fundación Madrina hace un llamamiento para concienciar sobre la importancia de garantizar el acceso de todos los niños a una alimentación sana y equilibrada, incluyendo frutas y otros alimentos esenciales que se han excluido de su dieta debido al aumento de los precios y estas políticas sociales de ingeniería social excluyente.

La propia administración reconoce en un informe público que los fondos europeos no son suficientes para sacar a las familias de la pobreza, por lo que se espera que las ONG asuman la responsabilidad de alimentar a las familias que el Estado no cubre. Esta carga recae nuevamente sobre la sociedad civil y las fundaciones privadas, generando una injusticia social al no garantizar el acceso universal a la alimentación para los más vulnerables.

Cestas de alimentos por vales

Otra preocupación que plantea Madrina, tal y como lo han expresado, es el cambio de las cestas de alimentos por tarjetas o vales de comida, lo que podría crear retrasos en la asistencia y dejar fuera del recurso a más del 70 por ciento de las familias necesitadas debido a los requisitos administrativos exigidos y la exclusión administrativa y legal que presentan actualmente las familias demandantes de alimentos.

Además, la entidad teme que esta medida agrave el problema de la pobreza infantil severa que ya hay en España y ponga en peligro la supervivencia de muchas familias vulnerables que actualmente se benefician de estos alimentos financiados con fondos europeos. De hecho, España es uno de los países con más 'pobreza infantil' de Europa.

En consecuencia, la Fundación Madrina hace un llamamiento urgente para que se destinen más recursos y se aborde de manera integral y seria la pobreza infantil en España. La entidad ve prioritario garantizar que todos los niños tengan acceso a una alimentación adecuada y que se implementen medidas consensuadas con las instituciones y entidades que trabajan directamente con las familias vulnerables. Como indican, solo así se podrá erradicar la pobreza infantil y construir un futuro.

Problemas de la ‘tarjeta monedero’

Madrina también ha denunciado en un comunicado que la entrega de la ‘tarjeta monedero’ beneficiará a tan solo el 1.4 por ciento de las familias que realmente lo necesitan, ocasionando así una serie de problemas. Por un lado, en cuento a la limitación de uso, la ‘tarjeta monedero’ no llegará a los que más lo necesitan, dificultando que las familias puedan acceder a la tarjeta.

Como explica la fundación, el 70 por ciento de las familias necesitadas no cumplirán los requisitos administrativos y legales para solicitarla, entre los que se encuentran tener ingresos bajos, regularización administrativa o estar en situación de vulnerabilidad. Esta exclusión legal y administrativa de la mayor parte de las familias vulnerables, generará así que tan solo cubra el 30 por ciento de las familias realmente necesitadas, previendo que un 70 por ciento de las familias no cumplan requisitos.

Por otro lado, se genera un problema en relación a las restricciones en el uso. Las familias verán artículos excluidos de la cesta de la compra, debido al elevado precio y margen del supermercado. La fundación indica que la ‘tarjeta monedero’ comprará alimentos y productos de primera necesidad a un precio superior de supermercado con relación a la compra realizada hasta ahora, por lo que se verá limitada la capacidad de compra de las familias para elegir los alimentos que necesiten.

Así mismo, se verán restricciones de alimentación infantil, pues la tarjeta no contempla su uso para productos de alimentación e higiene infantil, por lo que aumentará la exclusión infantil, indica Fundación Madrina. Se unen también las limitaciones en el presupuesto y el tiempo de uso, pues las familias gastan 4 veces más de lo estimado por la administración.

La 'tarjeta monedero' solo se recargará durante 3 meses por importe de 130 euros/mes y 220 euros/mes en el caso de familia numerosa. La fundación entiende que en 3 meses no sale una familia de la pobreza severa y el gasto mensual de las familias en alimentos lo calcula en 4 veces superior al cálculo administrativo, llegando a los 443 euros/mes, según datos de la Fundación Madrina.

También se plantea un estigma social y de fiscalización. La ‘tarjeta monedero’ puede generar lo que pretende eliminar, un estigma que produzca más exclusión social para las familias que la reciben. Esto provocaría que las familias se sientan más discriminadas, dependientes y más fiscalizadas por el Estado.

Por último, la fundación también señala un coste de gestión, pues la gestión de la ‘tarjeta monedero’ supone un mayor coste para las administraciones públicas y un tiempo de tramitación y seguimiento. Este coste y tiempo podría destinarse a otras medidas de apoyo a las familias vulnerables.