La Política Agraria Común (PAC) digiere el 40 por ciento del presupuesto de la Unión Europea y ni por esas ha evitado que en la última década se haya destruido alrededor del 30 por ciento del trabajo que se genera en los cultivos o granjas.
Esta política, denuncia el PCE, "está diseñada para mantener a terratenientes y rentistas que no trabajan la tierra que acaparan", cosa que parece demostrarse si se comparan los datos ofrecidos por la Seguridad Social, referidos a principios de diciembre de 2023, en referencia a aquellos cotizantes en el epígrafe de Agricultura dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y los las cifras que ha ofrecido el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los beneficiarios de las Ayudas compensatorias de la PAC en 2023.
Señalan que "según esta comparación de datos, tan sólo el 41,57 por ciento de los solicitantes de la PAC en 2023, 258.735 de un global de 622.404, tiene además la condición de cotizantes a la Seguridad Social Agraria, es decir, y por resumir, se pueden definir como agricultores y ganaderos profesionales".
El territorio con más diferencial es Castilla-La Mancha, región en la que constan 24.374 cotizantes a la Seguridad Social, que apenas representan el 25 por ciento de los 97.013 beneficiarios de la PAC en 2023.
"En una línea muy similar se mueve otra de las regiones más agrarias de España, como es Andalucía, donde 219.523 personas solicitan las ayudas europeas mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social Agraria apenas llega a 60.217 que son el 27,43 por ciento en relación a la cifra anterior", añaden.
Cuatro comunidades, sin embargo, son ejemplo de lo contrario: Galicia (donde prácticamente no existen los terratenientes), Asturias, Cantabria y La Rioja. Es evidente que la corta extensión de los cultivos favorece al mantenimiento de pequeños y medianos agricultores.
Los errores de la PAC
Izquierda Unida denuncia que la PAC "no aborda mecanismos eficaces para la fijación justa de precios, uno de los grandes problemas de la agricultura y que es uno de las principales preocupaciones del pequeño agricultor/a. Abandona a su suerte a la juventud que quiere dedicarse al campo y no concreta las medidas de apoyo a las mujeres agricultoras".
Además, "no pone topes al capping (cantidad máxima que se puede recibir como ayudas directas), que sigue siendo voluntario. Esto provoca que los grandes tenedores sigan acaparando las ayudas de la PAC. Sigue protegiendo a los agricultores de sofá y no se define la figura de agricultor genuino".
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Y "no acaba con la figura de los derechos históricos. Esto provoca que agricultores con derechos reconocidos en los años 90 sigan cobrando la PAC, o que en 2027 puedan cobrar por derechos del año 2000".
Esta es, según IU, "una PAC de espaldas a la protección del medio ambiente y a las demandas sociales. Los ecoesquemas son un fracaso. No se dotan de presupuesto ni se apoya al pequeño agricultor/a, sino que se sigue protegiendo a la gran industria que practica el greenwashing. Existe un filtro de clase que hace que el 80% del dinero caiga en manos de grandes terratenientes".
Los límites de ayudas son muy elevados (100.000 euros), señalan, y están configurados de forma que aún pueden aumentarse más, consiguiendo de esa forma que haya muchas familias de grandes propietarios que lleguen a recibir hasta un millón de euros en ayudas.
Por último, al exigir que las tierras estén preparadas para el cultivo y no cultivadas, se permite a grandes poseedores recibir ayudas sin apenas trabajar la tierra.
Breve historia de la PAC
Desde su creación en 1962, la PAC es la primera política unitaria de la Unión Europea y, aún hoy, supone el 40 por ciento de su presupuesto total. Con motivo del 50 aniversario, Daniel López, de Ecologistas en Acción, denunció que en ese tiempo "la UE ha incrementando la mecanización y el uso de agrotóxicos (fertilizantes y fitosanitarios) y, debido a los grandes excedentes generados, se ha convertido en una potencia exportadora en numerosos cultivos".
"Su política de subvenciones ha transformado el panorama productivo europeo y ha arrasado mercados del Sur global exportando por debajo de costes los cereales, lácteos o carnes europeas", señaló el activista.
En España, denunció López, "las subvenciones europeas han introducido el regadío en cultivos históricos de secano (como el caso de la viña o el olivo); han agotado acuíferos (apoyando el cultivo de maíz que ha esquilmado el famoso acuífero 23, en La Mancha); ha reducido la ganadería extensiva e intensificado la industrial; y ha concentrado las producciones en determinadas zonas para dirigirlas a los mercados globales (la hortofruticultura en el arco mediterráneo y el valle del Ebro), abandonando, sin embargo, otras (los regadíos históricos del interior peninsular, o los cultivos de montaña)".
Y la demanda de piensos para la ganadería intensiva ha transformado a su vez extensas zonas tropicales en otros países provocando nefastos efectos ecológicos y sociales, de carácter global.
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