Abogados y procuradores piden jubilación digna: Las mutualidades son meras compañías

El 17 de junio de 2023 se gestaba el movimiento #J2, que lucha por la jubilación digna de abogados y procuradores mutualistas. Antes, tanto abogados como procuradores tenían que darse de alta en una mutualidad para poder ejercer. Esto fue así hasta el año 1995. Ahora, las mutualidades son meras “compañías de seguros”, según explica a elcierredigital.com Paloma Cebrián, procuradora y miembro del movimiento #J2, y los años de cotización a las mutualidades no parecen suficientes para obtener una jubilación digna.

Debido a esto, y con la intención de “llegar al Congreso” para que los políticos escuchen su propuesta, abogados y procuradores mutualistas se reunieron en Madrid en una manifestación que, según Cebrián “fue histórica y multitudinaria. A la convocatoria acudieron aproximadamente 10.000 personas”.

Todos ellos se manifestaron en la sede de la Mutualidad de la Abogacía (en la Calle Serrano nº5) y en la sede de la Mutualidad de Procuradores (Calle Bárbara de Braganza nº2). Estas dos mutualidades, junto con Altermutua, son las tres involucradas en este movimiento.

Abogados y procuradores se unen “para decir basta”

Lo que piden es “una pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) a través de un Real Decreto por vía de urgencia”, según explica Cebrián a elcierredigital.com. “Creemos que se puede solucionar con voluntad política. Porque a día de hoy hay 14 proposiciones no de ley (PNL) aprobadas en todos los parlamentos autonómicos y tres proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados. Estamos en contacto con todos los grupos políticos para que tengan la voluntad de llevarlo a través de un Real Decreto para llevarlo por la vía política y no tener que ir por la vía judicial”, añade.

La manifestación, según continúa explicando la procuradora, fue la primera de la historia del movimiento en la que “abogados y procuradores, que son colectivos que siempre han ido por separado”, se juntaron, procedentes de todas partes de España, “para decir basta” y “reclamar” sus “derechos”.

Uno de los puntos que rechazan es llevar el asunto al Pacto de Toledo. “El Pacto de Toledo se convoca cada cinco años y es una comisión que no es vinculante. Y nosotros lo que estamos pidiendo es un real decreto por urgencia, porque hay compañeros que ya están jubilados que viven prácticamente en la indigencia”, explica Cebrián a elcierredigital.com.

El problema de los abogados y procuradores mutualistas

Lo que buscan al solicitar este real decreto es que todos los años que los abogados y procuradores han estado cotizando para las mutualidades, sean transferidos al RETA para poder obtener una jubilación digna.

Según explica Paloma Cebrián a elcierredigital.com, los abogados y los procuradores solo podían ejercer su profesión si se adscribían a una mutualidad. A partir del año 1995 comenzó a permitirse la cotización en el RETA, pero ya había muchos profesionales con años cotizados a sus espaldas que perderían de pasarse al nuevo sistema. “Las mutualidades cambiaron su marco legislativo en el año 2005 y pasaron de ser un sistema alternativo al régimen general a convertirse en compañías de seguros. Ahora lo que tenemos es un plan de pensiones”, añade la procuradora.

Aunque Cebrián piensa que la concepción de la población general es que las mutualidades son un sistema alternativo al Régimen General de la Seguridad Social, afirma que “no es así”. “Hay compañeros que después de 40 años trabajando están cobrando 280, 300 o, como mucho, 400 euros, que es menos que la pensión contributiva. Por eso hay abogados y procuradores que no se jubilan ni con 80 años. Porque no pueden”, sostiene Cebrián.

Para los adscritos a una mutualidad no existe pensión de viudedad ni de orfandad; los siniestros se cubren con las propias aportaciones personales. Las incapacidades temporales motivadas por problemas de salud mental son de un máximo de 60 días para toda su vida profesional. Además, las incapacidades temporales motivadas por enfermedad o accidente cubren un máximo de 365 días en toda una vida. En el disfrute de la sanidad pública aún tienen limitaciones y condiciones diferentes y en relación al copago farmacéutico afrontan en torno al 50 por ciento del pago de sus medicamentos.

“Abandonados legislativamente”

Estas limitaciones conducen a que desde el movimiento #J2 piensen que “la discriminación[de los mutualistas]es total”, que se sienten “abandonados legislativamente”.

“El colectivo de los procuradores es eminentemente de mujeres, la mayoría afectadas. Trabajamos muchas mujeres en un colectivo duro. Las bajas de maternidad prácticamente no existen y, además, somos discriminadas por nuestra longevidad. A la hora de recuperar las aportaciones, son menores que las de los compañeros hombres”, explica Cebrián.

Sobre las aportaciones, el dinero que los abogados y procuradores mutualistas han ido cotizando a través de las mutualidades pueden obtenerlo de dos formas: o en un mismo pago o a lo largo de diez años. En el primer caso, Cebrián sostiene que supondría “una fiscalidad de un 40 por ciento”, porque lo retienen como “rentas de ahorro, no de trabajo”. En el segundo, tan solo recibirían pagos mensuales como pensión durante diez años, repartidos en 12 pagas y sin actualizar el IPC.

Estos son algunos de los problemas a los que, años después de la regularización de otros muchos colectivos que también se adscribían a mutualidades en el pasado, siguen enfrentándose abogados y procuradores. La manifestación del pasado 3 de febrero fue una muestra de que seguirán luchando por conseguir una pensión digna y que el proceso se tramite a través de la vía política.