La tecnología en los Tribunales antes de la Inteligencia Artificial y su "abogado robot"

Hoy en día es casi imposible concebir la vida sin tecnología. Los medios digitales evolucionan cada día y forman parte de nuestra cotidianidad. En el ámbito jurídico podemos encontrar las soluciones LegalTech, es decir, la utilización de tecnología legal para optimizar, automatizar y agilizar los procesos.

La prueba electrónica la podemos encontrar en actividades cotidianas como  grabaciones de videovigilancia, mensajería instantánea, emails certificados, comentarios en redes sociales… Por su parte, en el sector jurídico sería la información que tiene valor probatorio, es decir, toda prueba digital que pueda aportar información de valor a nivel judicial y sirve como evidencia ante un tribunal o un juzgado.

El proceso de las pruebas electrónicas en los juicios

Para que estas pruebas sean valoradas por un juez o un tribunal deben de haber sido recopiladas por un experto informático forense que, además de estar capacitado para acceder a esta información, también debe estarlo para presentarla de una manera que sea asequible en igualdad de condiciones por todas las partes involucradas en el proceso.

A la hora de valorar la prueba como admisible o no, el sistema establecido para la prueba electrónica es el sistema de prueba libre que consiste en que el juez estudie el medio probatorio en base a su libre valoración pero siempre siguiendo las reglas del criterio racional. Esto quiere decir que el juez no tiene porqué dar por probado los hechos que recoge esta prueba electrónica a menos que sean documentos públicos electrónicos.

Para que el juez estudie la eficacia de la prueba digital debe de tener en cuenta la autenticidad del origen y la integridad del contenido. En el caso de que exista algún interrogante en estos dos requisitos lo más probable es que el juez no dé por buena la prueba electrónica.

En la valoración, el juez también tendrá que tener en cuenta  la postura de las partes involucradas en el proceso y la relación que estás tienen con dicha prueba. Sobre todo si la parte contraria impugna la validez de la prueba, en este caso el juez deberá escuchar los argumentos del rechazo.

Por su parte, la parte involucrada -que quiere conseguir la validez de la prueba- debe aportar los medios probatorios necesarios para fortalecer su postura, por ejemplo con un experto informático que afirme la validez de la prueba electrónica.

Un dato que hay que tener en cuenta es que la manipulación de estas pruebas es muy variada. Por ello, el estudio que deben de hacer los jueces o el tribunal para dar validez a está prueba electrónica debe ser comedido.

Los robots se cuelan en los Tribunales

Las pruebas electrónicas no son la única vez que la tecnología se cuela en los tribunales. La empresa DoNotPay lanzó una arriesgada propuesta por la que un abogado que tenga que presentar un caso a la Corte Suprema de Estados Unidos se deje sustituir por el "abogado robot" DoNotPay, una inteligencia artificial basada en la API de GPT-3 de OpenAI, la misma que usa ChatGPT. A este abogado se le bonificará con un millón de dólares. El ejercicio consistiría en que el abogado, a través de unos AirPods, repitiera ante el tribunal todo aquello que el robot argumente.

La empresa pretende demostrar que su robot “abogado” de última tecnología sería capaz de tratar hasta un caso legal complejo y así abordar las dudas sobre las hipotéticas habilidades de esta inteligencia. “Solo queremos que funcione. Creo que el uso de la tecnología para ayudar a las personas a acceder a sus derechos legales es importante. Estamos haciendo esto porque envía un mensaje importante a otros tribunales para que permitan la IA de asistencia en sus salas de audiencias”, explicaba a través de un tuit Joshua Browder, CEO de DoNotPlay.

Además, admite que otro de sus objetivos es evitar que algunos abogados cobren una cantidad desmesurada por realizar un trabajo que considera que es de "copia y pega". 

El robot de DoNotPay debutará el mes que viene en la Corte Suprema de Estados Unidos para ayudar a la impugnación de una multa de estacionamiento. “Tenemos casos próximos en tribunales municipales de tránsito el próximo mes. Pero los haters dirán que ‘los tribunales de tránsito son demasiado simples para GPT”, escribió el CEO de la empresa en su cuenta de Twitter.

Críticas y dudas sobre el "abogado robot"

Las críticas hacia esta nueva inteligencia se han centrado en gran parte en el intrusismo laboral que supondría para la abogacía. Sin embargo, la empresa ha aceptado que por lo menos en dos jurisdicciones su ejercicio sería “abiertamente ilegal”.

Según la web de la Corte Suprema está prohibido llevar cualquier dispositivo electrónico dentro de la corte durante una sesión, por lo que los AirPods supuestamente estarían prohibidos. 

Por otro lado, hay dudas sobre si realmente se podría considerar a esta inteligencia como un “abogado robot”. Los términos y condiciones de DoNotpay especifican que esta aplicación no es un despacho de abogados y por tanto no actúa como tal. La información que ofrece es totalmente de uso privado, no puede considerarse asesoramiento legal y no están amparadas por el secreto profesional.

La inteligencia artificial supondría  un intrusismo laboral en la abogacía.

En el caso de que se asuma que realmente sea un “abogado robot”, es una máquina que carece de personalidad jurídica, ¿estaría sujeto a responsabilidad deontológica? Por otro lado, los casos tendrían que ser grabados y no se sabe hasta qué punto eso es legal puesto que podría verse afectada la intimidad de los testigos u operadores jurídicos. Según ha trascendido, para tranquilidad del acusado, la compañía DoNotPay, pagará el importe de la multa si su herramienta no logra un buen resultado para el cliente y finalmente fuera condenado. 

Esto quiere decir en la práctica que el abogado defensor por primera vez en la historia será una máquina y no una persona. En España no existe la posibilidad de que sea una herramienta de inteligencia artificial la que defienda en un juicio, eso sí, sí que podrá ayudar a realizar tareas previas como análisis, recomendaciones o incluso redacción de escritos, pero que después siempre deberán de llevarse a la práctica por medio de un abogado que será el responsable de las actuaciones.

¿En el futuro los abogados serán sustituidos por máquinas o aplicaciones de inteligencia artificial? ¿Tiene la abogacía motivos para preocuparse por miedo a ser sustituidos por robots dotados de capacidad para resolver cuestiones jurídicas?