Igualdad estudia que los hospitales públicos cuenten con profesionales dispuestos a practicar el aborto

En 2020, último año del que hay datos sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), solamente el 15,49% de los abortos realizados en España se dieron en centros públicos. Frente a esta carencia, el Ministerio de Igualdad planteó hace unos días en el Congreso de los Diputados varios puntos de la Ley Orgánica de Salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se pretenden reformar.

El principal punto de la reforma es que todos los hospitales públicos españoles que cuenten con servicio de ginecología y obstetricia deberán contar con profesionales aptos para la práctica del aborto. Desde el ministerio liderado por Irene Montero se intentará que el aborto voluntario, gratuito, seguro y legal sea un derecho real para las mujeres, y así se ha defendido en el Congreso. El ministerio garantizará, mediante la reforma de la ley, que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos sin trabas como la objeción de conciencia de los sanitarios.

Otros puntos de la reforma

Aunque lo principal es poder ofrecer la garantía de que en todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia se ofrezca la posibilidad real de practicar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, este no es el único punto que preocupa al Ministerio de Igualdad. Irene Montero indicaba en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados que, además, será la mujer quien tenga la última palabra en cuanto al método de interrupción después de que en el centro de salud le ofrezcan toda la información que sea pertinente para que tome la decisión libremente.

Por otra parte, la reforma pasará también por las menores de edad que decidan interrumpir sus embarazos, pues las mujeres de 16 y 17 años podrán decidirlo sin contar con el consentimiento de sus padres, como se recoge en la ley actual que lo regula. Otro de los importantes cambios que sufrirá esta Ley Orgánica es que se eliminará el periodo de tres días de reflexión que ahora es obligatorio. La titular de Igualdad, Irene Montero, asegura que la reforma de la ley pretende avanzar en cuestiones de salud menstrual, educación sexual y todo lo relacionado con ello. En materia de educación sexual, se pretende ofrecer en todos los niveles educativos.

Aborto, España y la objeción de conciencia

Ya en septiembre del pasado año 2021 el Ministerio de Igualdad anunciaba que estaba trabajando para la reforma de la ley del aborto, y que incluiría la creación de un registro de médicos objetores de conciencia para así ser capaces de garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los centros y hospitales públicos. Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad se descartó ese registro.

Los datos de 2020, último año del que se tiene información, son reveladores: solamente el 15,49% de los abortos se realizaron a través de la Sanidad Pública. Aunque este dato ya sorprende lo suficiente, hay mucho más: muchas mujeres no pueden abortar en los hospitales públicos de sus provincias e, incluso, sus comunidades autónomas y deben desplazarse para realizar la IVE.

Centros en los que se practica el aborto en España.

Además, según los datos del Ministerio de Sanidad en cuanto a la IVE en 2020, se observa que no se realizó ningún aborto en varias comunidades y ciudades autónomas en centros públicos: Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla. Por su parte, Catalunya es la comunidad autónoma donde más centros sanitarios públicos realizan la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aunque la mayoría de los abortos realizados en centros públicos son farmacológicos; las interrupciones quirúrgicas se derivan a clínicas privadas.

En definitiva, la reforma de la Ley Orgánica de Salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo pretende que, por fin, el aborto sea un derecho real de las mujeres y que puedan practicarlo sin trabas, algo que, teóricamente, ya garantizaba la norma actual, aprobada en 2010.

1985: la despenalización del aborto

España seguía evolucionando. Y fue en ese verano, exactamente el 5 de julio, cuando la interrupción voluntaria del embarazo en España o aborto inducido se comenzó a regular por ley.

Manifestación a favor del aborto libre en España.

Se despenalizó el aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas en el feto (supuesto eugenésico). Según la ley, la gestante podía interrumpir el embarazo en centros públicos o privados en las primeras 12 semanas en el caso criminológico, en las 22 primeras semanas en el eugenésico, y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico.

La despenalización del aborto en los años 80 supuso un importante cambio social para las mujeres en los primeros años de la democracia. Aún así, esta primera ley contemplaba de seis meses a un año de cárcel (o multa de 6 a 24 meses) para las que abortaran fuera de los tres supuestos.