Jaque a las empresas de desocupación: Podemos propone una ley para castigar con prisión a los líderes 'antiokupas'

El partido político Podemos propone modificar el Código Penal para establecer un delito con penas de hasta 4 años de cárcel para las personas o empresas que “hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, impulsa esta propuesta encaminada a la ilegalización de las empresas de desokupación.

En España, usurpar una vivienda vacía puede suponer la condena a una multa, y el allanamiento de morada a pena de prisión de hasta 2 años. Ahora, con esta iniciativa, las empresas de “desokupa” se exponen a ser condenados a penas de prisión de hasta 4 años.

La problemática de la ocupación ilegal

Existe una parte de la sociedad con graves problemas para poder acceder a una vivienda, eso es una realidad incuestionable que lleva a muchas familias a una situación muy delicada que hay que apoyar con medidas sociales. No es justo que los particulares tengan que asumir la ocupación de su vivienda por la vulnerabilidad de una familia, pues esa familia debería de ser protegida a costa del estado.

Pero tampoco es cuestionable que haya muchos propietarios que sufren la ocupación ilegal de sus viviendas y que se sienten abandonados por el estado de derecho. Los procesos de desahucio se alargan años durante los cuales, los propietarios tienen que permitir que una persona ocupe su vivienda sin consentimiento, teniendo que abonar gastos de suministros en algunos casos y asumir los costes de abogado, procurador, cerrajero. Incluso teniendo que arreglar deterioros y destrozos en la vivienda una vez es recuperado el inmueble. Ante esta injusticia que deja perplejos a los ciudadanos de otros países como Inglaterra, Francia o Alemania, existe un contexto que propicia un doble efecto.

1. La proliferación de mafias de la ocupación que mercadean con la propiedad ajena y en muchos casos se lucran y aprovechan de personas que no tienen recursos.
2. El aumento de los casos de contratación de empresas de desocupación.

Pretender criminalizar las empresas de desocupación puede abrir un debate en el que caben todo tipo de opiniones. Pero lo que no es razonable es que no se vaya al origen del problema de la ocupación ilegal en España. Que no se pretenda también endurecer las penas para castigar a las personas que se lucran del negocio de la ocupación hace que la medida no se adapte a las necesidades de todas las partes implicadas: Tanto personas en situación de vulnerabilidad como propietarios con viviendas ocupadas.

Para empezar, no existirían empresas de desocupación de no existir un grave problema social con la ocupación por el aumento de las viviendas ocupadas y los retrasos cada vez mayores de los procesos de desahucio.

Imagen de una vivienda ocupada.

Se puede plantear la posibilidad de modificar el código penal para incluir determinados comportamientos que puedan suponer coacción o intimidación de las empresas de ocupación, pero también en ese caso sería indispensable modificar el código penal para incluir también la especulación por medio de la ocupación de la vivienda ajena, la extorsión inmobiliaria y la mafia de la ocupación ilegal.

Pretender condenar a las empresas de desocupación que utilicen mecanismos ilegales es razonable, siempre y cuando también se condenen los comportamientos de ocupación organizada que se lucran de ocupar viviendas ajenas.

Habría que analizar si una persona a la que le ocupan su casa y se mantienen en ella en contra de su voluntad tiene algún mecanismo eficaz similar para defender sus derechos, pues también puede verse en una situación de indefensión y vulnerabilidad.

En España el allanamiento de morada se castiga con penas de prisión de 6 meses a 2 años. Las penas que se proponen por Podemos para empresas que tienen como cometido recuperar la posesión para el propietario de viviendas ocupadas ilegalmente, las empresas “desokupas”, se propone de hasta 4 años, o lo que es lo mismo el doble.

Breve análisis de penas:

La usurpación (cuando se ocupa un inmueble que no es destinado a morada por su propietario) se castiga con multa de 3 a 6 meses. El artículo 245.2 del CP dice: El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

El allanamiento de morada se castiga con pena de prisión de 6 meses a dos años

El artículo 202 del Código Penal establece que "el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años"

Podemos citar las siguientes intervenciones con relación a esta propuesta:

La secretaria general de Podemos y ministra Ione Belarra anunció la reforma del Código Penal para perseguir expresamente a las personas y empresas que, “movidos por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”.

“Las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial y no vamos a permitir que haya gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia", son palabras de la ministra. Que continuó afirmando que “Hay que tomarse muy en serio la existencia de organizaciones como Desokupa, que están en contra de los principios y valores de la Constitución”.

La ministra de derechos sociales Ione Belarra.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón ha manifestado que “En una democracia no se puede permitir que haya personas o grupos que actúen al margen de la ley y como grupos parapoliciales extendiendo el odio hacia personas y colectivos vulnerables y que además se lucren y hagan negocio con ello”.

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, también ha dicho que “Con esta reforma, empresas como Desokupa serían declaradas asociaciones ilícitas, como empresa sería disuelta, se eliminaría toda su presencia en internet y sus miembros acabarían en la cárcel”,  

Según fuentes de Podemos, el texto subraya la necesidad de una nueva redacción que eleve el reproche penal para los que hacen negocio contra personas en situación de vulnerabilidad, y que conjugue elementos del delito de coacciones y del delito de odio. Se plantea el cambio de los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal para penar con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a “quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines”.