29 de junio de 2022
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FIN DE SEMANA

La nueva propuesta modificaría la actual, de 1995, en aspectos como el castigo a todas las formas de práctica y el aumento de las penas de prisión

Prostitución en España: Claves de la reforma del Gobierno contra el proxenetismo

Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso.
Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso.
El grupo socialista ha presentado una reforma de la Ley Orgánica que condena el proxenetismo. Desde el PSOE indican que, a partir de ahora, todo lo relacionado con esta práctica será castigado, al contrario de lo que había sucedido hasta ahora. Sin embargo, el camino hacia esta reestructuración de la norma no ha sido sencillo. Aunque el hemiciclo está de acuerdo en perseguir el proxenetismo, la posición de algunos en cuanto a la prostitución ha hecho que el debate esté servido.

El pasado martes 7 de junio el Congreso aprobaba el inicio del trámite legislativo que persigue, a través del Código Penal, todo lo relacionado con el proxenetismo: desde aquellos que se dedican a prostituir a las mujeres, hasta los dueños de los locales, pasando por cualquiera que “promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona”. Además, se incluye la protección a las víctimas del proxenetismo. De este modo, la propuesta del Gobierno es una Ley Orgánica que modificaría la actual, de 1995.

El grupo socialista aseguraba en el Pleno que el proxenetismo es “incompatible con una concepción de los derechos humanos propia de la sociedad democrática avanzada que propugna la Constitución”, y aunque ya está penado, todavía “no cuenta con suficiente reproche penal”. Sin embargo, el PSOE se ha encontrado con un nuevo debate abierto con sus socios de gobierno y con otros grupos minoritarios, y es que, aunque todos ellos están de acuerdo en que no haya nadie que se lucre de la prostitución de las mujeres, la prostitución en sí es un tema conflictivo.

Los conflictos con la prostitución

Representantes de distintos partidos políticos como Mireia Vehí, de la CUP; Isabel Pozueta, de EH Bildu; Joseba Andoni Agirretxea, de EAJ-PNV, o Sara Giménez, de Ciudadanos, han mostrado una postura contraria al abolicionismo. Según estos diputados, hay mujeres que practican la prostitución libremente y que debería regularse y dar derechos a estas “trabajadoras sexuales”. Por ello, aseguran que es necesario que se establezca una separación entre mujeres que ejercen “libre y voluntariamente” y la explotación sexual, la trata y el proxenetismo.

Por su parte, el PSOE se vio obligado a retirar de la Ley de Libertad Sexual o “Ley del solo sí es sí” una enmienda que abordaba la abolición de la prostitución, precisamente por la amenaza de tumbar la ley completa debido a la enmienda mencionada, que se añadió en la última reunión sin el consenso del resto. Unidas Podemos proponía a los socialistas sacar la prostitución de esta norma para introducirla en la Ley de Trata que se encuentra en trámite.

Las claves de la reforma

La lucha contra el proxenetismo se ubica, actualmente, en el artículo 187.2 del Código Penal español y, según explican desde el PSOE, se castiga únicamente el proxenetismo llevado a cabo mediante la “explotación” de la persona que haya sido prostituida. De este modo, no castiga todas las formas de esta práctica, como proponen los socialistas y esto, según sus argumentos, ha llevado durante años “a la impunidad total del proxenetismo”.

Por otra parte, la reforma aumenta las penas de prisión, que pasan a ser de tres a seis años cuando hasta ahora podían variar entre los dos y los cinco años. La multa, por su parte, pasa a ser de entre 18 y 24 meses. A partir de ahora, y gracias a la reestructuración de la norma, se castigarán más duramente los casos en los que la prostitución se haya ejercido a partir de la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso, además de que los cabecillas de estas organizaciones estarán también estrictamente señalados.

Manifestación abolicionista en Madrid. Mayo de 2022.

Esta reforma también pone el foco en la tercería locativa, o aquellos que se lucran proporcionando los lugares en los que se ejerce la prostitución. Se introduce para ello el artículo 187 bis, donde se castigará esta figura como una modalidad específica y agravada dentro del proxenetismo.

Otro de los grandes puntos que aborda la reforma es que el Código Penal castigue a los puteros y que impida penalizar a las mujeres prostituidas. La proposición reza: “las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos”. Para ello se añadiría un nuevo artículo, el 187 ter, que contempla multas de entre 12 y 24 meses por consumir prostitución. Sin embargo, en el caso de que la persona prostituida “fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad” se contemplan multas de entre 24 y 48 meses y penas de prisión de 1 a 3 años.

Por otra parte, “se considera preciso equiparar a la persona prostituida con la víctima de un delito” y se asegura de que “estas personas gozarán igualmente de todos los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual”. Es decir, las personas prostituidas serán consideradas como víctimas de violencia machista según lo establecido en la Ley de Libertad Sexual. Por último, se ha añadido en el apartado que hace referencia a “cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolorosa o por imprudencia grave, la vida o la salud de la víctima”, la salud sexual o reproductiva de la persona prostituida, e incluye el caso de las mujeres que puedan encontrarse en estado de gestación.

La prostitución en España

La prostitución en España ha pasado de venderse en la calle y en clubs a anunciarse en internet. Los anuncios de estos servicios comparten una serie de características como es la edad o peculiaridades de la mujer, detalles de los posibles servicios e incluso comentarios de otros clientes. Madrid y Barcelona siguen siendo epicentro de este tipo de anuncios de acuerdo con la última investigación de la Universidad de Valencia.

Por su parte, algunos gobiernos de grandes ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia ya han aplicado algunas ordenanzas municipales donde se castigan tanto a los proxenetas como a los consumidores. Sin embargo, el problema reside en la capacidad de intervención, que necesita un enfoque integral.

De acuerdo con los últimos datos del CIS de 2008, el 4,6% de los hombres reconoció que había pagado por mantener relaciones sexuales con una mujer los 12 meses previos a la encuesta. Esta cifra aumenta hasta el 5,3% entre jóvenes de 18 a 24 años y baja al 2,4% en mayores de 65 años. Sin embargo, en los últimos diez años, estos datos han aumentado a causa del uso generalizado de internet.

Prostitución en una carretera en España. / Ricard Cugat

Internet ha creado nuevas formas de prostitución y ha permitido el desarrollo de foros donde los hombres pagan por mantener relaciones sexuales con mujeres. En ese tipo de webs los clientes pueden encontrar el servicio que más se adecúa a sus intereses, puntuar y comentar a las mujeres y conocer el local donde ejercen su servicio.

El confinamiento y la covid-19 han supuesto un enorme incremento del uso de internet. Al no poder ejercer la prostitución en la calle o en los prostíbulos, a partir de 2020 las apps y plataformas han comenzado a cobrar fuerza entre sus clientes. Aun así, según señala el análisis de la Universidad de Valencia, los anuncios en la red revelan que no existe un código postal que haga referencia al local donde se ejerce dicho servicio.

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