El hundimiento del Prestige: La mayor catástrofe medioambiental que sufrió Galicia ha cumplido 20 años

El 13 de noviembre se cumplen 20 años de una de las tragedias que marcó por siempre a Galicia y al planeta, el hundimiento del Prestige. En el 2002 un viejo buque monocasco, procedente de Lituania y con Gibraltar como destino, causaba una catástrofe medioambiental que asoló más de 2.000 kilómetros de la costa gallega. El buque atravesaba, a duras penas, un fuerte temporal y acabó partido en dos el 19 de noviembre, después de estar seis días pidiendo socorro. 

Se perdieron 77.000 toneladas de fuel que inundaron las rías gallegas, llegando incluso a Asturias, Cantabria, País Vasco y Francia. La marea negra provocada por el Prestige movilizó a miles de voluntarios de todo el país, y de fuera de él, que se volcaron en recoger el chapapote que llegaba a las costas.

Así nació el movimiento Nunca Máis, en forma de protesta y exigiendo soluciones, con el PSOE, el BNG, ecologistas, asociaciones, sindicatos... por detrás. El objeto de criticas del movimiento era principalmente la Xunta de Galicia y el Gobierno Central, con Manuel Fraga como centro de la diana, acusado de irse de cacerías en mitad de la crisis, y José María Aznar, acusado de hacer acto de presencia un mes más tarde. En la actualidad, los partidos políticos de derecha siguen defendiendo su acertada actuación. 

Entramado judicial 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que fijó indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros a pagar por los responsables civiles de la tragedia al Estado español -como principal perjudicado-, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido, entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.

En concreto, la sentencia señalaba al Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC), al capitán del buque, Apostolos Mangouras, y a la aseguradora The London Owners Mutual Insuranse Association como responsables directos del pago de las indemnizaciones, y a la propietaria del barco, Mare Shipping, como responsable subsidiaria. Todos ellos debían afrontar los pagos. Atendiendo el recurso de Francia y España, se estableció que en las indemnizaciones por responsabilidad civil reconocidas a ambos Estados debían incluirse las cantidades correspondientes al IVA abonado en las tareas de reparación del daño sufrido, concepto que, en el caso del Estado español, ascendía a 43,6 millones de euros.

Rebaja a la Xunta para hacer frente a la sentencia

En lo referente a la indemnización que le correspondía a la Xunta de Galicia, la sentencia rebaja la cuantía por la labor desarrollada por la Sociedad Gallega de Residuos Industriales (SOGARISA), en 1,87 millones de euros. Mantiene 1,1 millones correspondientes a la eliminación de residuos del Prestige, pero se retiran los 751.555 euros relativos al coste estimado de la puesta a punto de dicha instalación.

El Prestige partido en dos hundiéndose.

El grueso de la indemnización a la comunidad autónoma gallega se formalizó mediante un acuerdo transaccional con el Estado en el año 2005 por importe superior a 500 millones de euros, subrogándose el Estado en las reclamaciones posteriores.

El Supremo estimó también el recurso de la Fiscalía, que discrepaba de los términos establecidos en el auto de la Audiencia que acordó que fuesen las partes quienes instasen la ejecución de la resolución en el Reino Unido, donde tiene sede la aseguradora.

La aseguradora

La sentencia destacó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevenía la actuación de oficio por el juez español encargado de la ejecución, por lo que es dicho juez quien tenía la obligación de librar lo procedente ante Reino Unido, conforme a la normativa de ejecución del derecho comunitario.

Dicha aseguradora tenía depositada en la causa en España la suma de 22,7 millones de euros y su condena como responsable civil directo ascendía hasta el límite de 1 billón de dólares estadounidenses.

En cuanto al fondo internacional de indemnizaciones por este tipo de vertidos (FIDAC), que fue obligado a pagar indemnizaciones con las limitaciones de cuantía que establece su convenio regulador, el Supremo le dio la razón en cuanto a que el ámbito de su responsabilidad se refiere a los daños materiales, pero no a los medioambientales y morales, que tenían que ser cubiertos por el resto de responsables civiles.

El Prestige y la pérdida medioambiental

El petrolero Prestige sufrió una grieta en el casco por la que se iba filtrando el combustible hacia el océano. El ministro de Fomento de la época, Francisco Álvarez Cascos, ordenó remolcar el petrolero mar adentro para que no contaminase la costa pero los resultados fueron fatales: el barco siguió dejando su reguero negro océano arriba y abajo (consecuencia de las luchas entre países, que no querían al barco cerca de sus costas) hasta que finalmente se partió en dos a 250 kilómetros de la costa gallega.

Voluntarios durante la limpieza de la marea negra. 

El fuel transportado por el Prestige era uno de los derivados del petróleo menos biodegradables que existen, por lo que se tomaron medidas para recoger la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Aunque eso no evitó que llegara a las playas gallegas.

Según informaba El País en 2017, al menos 745 playas de las 1.000 existentes entre Galicia y País Vasco tuvieron rastros del fuel. Esto afectó irremediablemente a la economía y la ecología de las zonas, lo que convirtió el desastre del Prestige en la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido España.

En un informe sobre el caso, Greenpeace afirmaba que “el impacto de la marea negra sobre los ecosistemas costeros y marinos, se dejará sentir durante décadas”, así como que los efectos se sentirían “tanto a corto, como a medio y largo plazo. Estos efectos ecológicos se traducirán de manera directa, en costes económicos, sociales y culturales dramáticos. El petróleo, en cualquiera de sus formas, ahoga la vida en el mar”.

La pérdida del ecosistema (que incluiría generaciones de peces, moluscos y crustáceos, así como multitud de aves contaminadas por la marea negra) no fue la única consecuencia del desastre del Prestige. Económicamente, las costas afectadas vieron interrumpida su actividad debido al vertido y, según cifras publicadas entonces por El País, la Fiscalía habría considerado que los destrozos llegaban a los 4.442 millones de euros, frente a los 1.573 millones que la justicia española reclamó.