Coronavirus en las cárceles: Solo cuatro comunidades autónomas han comenzado la vacunación de los reclusos

Una gran mayoría de la población reclusa en España sigue sin estar vacunada contra el coronavirus. Más de la mitad de los presos, que en un principio fueron incluidos en la estrategia de vacunación como un colectivo concreto de especial riesgo que debía ser vacunado de manera coordinada, todavía no ha recibido ninguna dosis del inmunógeno, incluso a pesar de que la última recomendación del Ministerio de Sanidad señala que el proceso debería avanzar en paralelo al de la población general de entre 60 y 65 años, que se está vacunado desde hace semanas.

Un retraso que responde en buena parte a las sucesivas actualizaciones de la Estrategia de vacunación, que han terminado por conformar un escenario de incertidumbre por el que muchas autonomías aún no prevén una fecha de inicio en lo que se refiere al colectivo. De hecho, en un principio el plan del Ministerio de Sanidad agrupó a los reos en el colectivo de personas en "comunidades o entornos cerrados", cuyo riesgo de padecer el coronavirus de manera grave o de fallecer por esta causa es mayor que en el caso de la población general. No obstante, esta intención ha ido difuminándose en las sucesivas publicaciones y planes de acción, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas que, a excepción de Cataluña, tienen competencias transferidas en materia de sanidad penitenciaria.

Un funcionario de prisiones recorriendo los pasillos de una cárcel. 

En febrero, el plan del Ministerio de Sanidad indicaba que el proceso de vacunación para la población reclusa comenzaría después de "los grupos esenciales", es decir, tras policías, militares o profesores. Un mes después, se pidió a las comunidades que vacunaran a los presos "coincidiendo, al menos, con el grupo 8", que entonces era la población de entre 56 y 65 años. Sin embargo, en la última actualización se indica que la vacunación debe empezar "en el momento en que se considere más adecuado", aunque coincidiendo, "siempre que sea posible, con el grupo 8, de personas de entre 60 y 65 años, y atendiendo a las características de la población en cada centro penitenciario".

Un caos de recomendaciones que ha provocado que, a día de hoy, solo Cataluña, País Vasco y Cantabria hayan confirmado haber empezado a vacunar. También lo está haciendo Extremadura, aunque no como un colectivo, sino atendiendo a criterios de edad. En total, poco más de 10.000 reclusos y reclusas de los casi 59.000 que había en mayo de 2020, según cifras de Instituciones Penitenciarias.

Por el contrario, la Comunidad de Madrid, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia o Baleares todavía no han empezado el proceso de inmunización a una población que solo en estas comunidades asciende a 34.974 personas, el 62,6 por ciento del total.  

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya se ha advertido a los países europeos de la necesidad de inmunizar a los presos, por ser las cárceles lugares donde el riesgo de transmisión de la enfermedad es mayor. Tal y como han señalado varios expertos en un artículo publicado en la revista Lancet, en las prisiones las personas viven muy cerca unas de otras y tienen acceso limitado a pruebas y equipo de protección personal. Además, en comparación con la comunidad en general, tienen una carga “desproporcionadamente mayor” de comorbilidades, lo que aumenta sus posibilidades de padecer la enfermedad de forma grave.

Atendiendo al principio de equidad, es decir, a priorizar el acceso a la vacuna en aquellos grupos de mayor vulnerabilidad, socialmente desfavorecidos, con mayores factores de riesgo y con riesgo de sufrir peores consecuencias por la pandemia; la Estrategia de vacunación actual del Ministerio de Sanidad debería contemplar a este grupo como prioritario con el fin de evitar nuevos brotes.