Preocupa la salud mental en cárceles: Casi la mitad de los presos presentan patologías psiquiátricas

ACAIP + UGT ha emitido una nota de prensa donde explica que en el año 2020, último año que se tienen registros, la instituciones penitenciarias contaron con 7432 internos dados de alta en las enfermerías de los centros penitenciarios por patologías psiquiátricas, lo que supone un 41,6% del total de presos.

Cárcel dee Huelva

La enfermedad mental es una cuestión social que cada día se encuentra más presente en nuestra sociedad y concretamente en las prisiones de España, se le considera como uno de los graves problemas a los que se enfrenta la institución y debe afrontar. Destacan desde el sindicato que en el mes de septiembre “se alcanzó el 61% de déficit de médicos” y que de esta manera es “imposible dispensar una atención adecuada, detectar problemas con la medicación e incluso la prevención de brotes que deriven problemas regimentares y agresiones a otros reclusos o trabajadores”.

En estos momentos, un 30% de los presos está bajo tratamiento y medicación propia de psiquiatra y más de un 20% ha intentado quitarse la vida de alguna manera. Es importante tener en cuenta que “la tasa de suicidio en prisión es ocho veces más alta que la de la población en general, siendo la enfermedad mental la causa que hay detrás de muchas de estas muertes”.

El sistema penitenciario solo cuenta con dos hospitales dedicados a temas psiquiátricos y al cumplimento de medidas de seguridad privativas de libertad impuestas judicialmente y por ello, no tienen la libertad de actuar como hospitales de referencia para la atención psiquiátrica. Esta atención se realiza en las enfermerías y módulos de los centros penitenciarios, los cuales no disponen de medios: “hay que saber que un 5% de la población reclusa son enfermos mentales graves y crónicos”.

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El sindicato tiene en cuenta que la salud mental es una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad y que “en prisión se ve mucho más potenciada por las especiales circunstancias que se derivan de vivir en un entorno cerrado y las especiales características de las personas privadas de libertad, un factor estresante y un posible percutor de una enfermedad mental latente. Por lo que la prevención, detección y tratamiento es vital para evitar autolesiones, e incidentes regimentales, reduciendo el riesgo, en estos momentos, con el deficit de la sanidad penitenciaria es imposible cubrir con garantías esta necesidad”.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas en un plazo de 18 meses, deberían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. Desde ACAIP-UGT, lamentan que 19 años después “solo Cataluña, País Vasco y Navarra han asumido estas competencias”.

Se pone de manifiesto en el final del comunicado que se entiende que la solución a este problema pasa por un compromiso entre la administración penitenciaria y las propias Comunidades Autónomas. Y que, “no es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria”.