Situación crítica en los juzgados: La huelga de letrados suspende más de 150.000 vistas

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) mantienen la huelga indefinida, que cumple cuatro semanas (se inició el 24 de enero). Se ha producido una reunión con el Ministerio de Justicia de Pilar Llop, que a pesar de durar más de 15 horas ha terminado sin avances relevantes. Es por ello por lo que es previsible que la huelga siga prolongándose sine die en el tiempo, lo que seguirá colapsando los Juzgados, suspendiendo juicios y comparecencias y empeorando más la situación de colapso judicial.

Dentro de cada Juzgado se cuenta con una agenda muy diferente, pues existen Juzgados que van al día con unos plazos de señalamiento totalmente razonable a pesar de la falta de medios materiales y personales; pero otros que tienen señalamientos que tardan más de un año desde el día de la citación.

¿Se imaginan lo que puede sentir una persona que lleva esperando más de un año a su juicio y el día que llega se suspende por la huelga?

Los procedimientos judiciales no son un capricho, son una necesidad que resuelve cuestiones esenciales para la vida de las personas. Cuando un ciudadano tiene un juicio pendiente, se convierte en un gran motivo de preocupación del que penden aspectos esenciales de su vida personal y familiar.

Cuando dos partes no se entienden, no se debe de responsabilizar de la falta de acuerdo a ninguna de ellas, pero el hecho de que hayan pasado cuatro semanas sin avances supone gravísimos daños para la ciudadanía que impide el acceso a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.

Tanto el Ministerio de Justicia como los letrados de la administración de justicia en su controversia son conscientes de que la ciudadanía es la que está sufriendo las consecuencias de la huelga. ¿Quién cederá? ¿Realmente se van a entender pero están dejando pasar cuatro semanas?

Más de 150.000 juicios suspendidos

Es evidente que el acuerdo está resultando muy complicado, pero todo apunta de que está produciéndose un desgaste por el paso del tiempo y la gran duda es, si alguna de las partes cederá y aceptará total o parcialmente la petición de la otra, en aras de no aumentar el daño producido a la ciudadanía en su acceso a la justicia. Ya se han suspendido más de 150.000 juicios que supone un daño irreparable para miles de familias.

El comunicado de Jueces y Juezas para la democracia en relación a la huelga indefinida de los LAJ  ha sido muy claro, pronunciándose en el siguiente sentido literal que arroja pocas dudas de interpretación de cuál es su postura:

“La justicia está viéndose dramáticamente afectada por la huelga. La lógica consecuencia de la situación es la generación de un irreparable perjuicio a los derechos y libertades de la ciudadanía cuya tutela está encomendada a los juzgados y tribunales afectados por el conflicto. No debería irse más allá de la paralización y el retraso generando daños adicionales e innecesarios a los ciudadanos, como es provocar desplazamientos innecesarios de los intervinientes en actuaciones suspendidas. Este daño y estos costes son, además de superfluos y gratuitos, un menoscabo para quien menos responsabilidad tiene en la situación y quien, al final, soporta la misma. La huelga conlleva una responsabilidad que, en nuestra opinión, implica la obligación de advertir con antelación de la misma para evitar situaciones que toman al ciudadano sujeto a la acción de la justicia, y que no tiene otra alternativa posible, como una herramienta de presión. Los perjuicios adicionales, voluntariamente generados, a la dilación del procedimiento, no se encuentran amparados en un razonable entendimiento del derecho de huelga en una función del Estado con vocación de servicio público insustituible por definición y a la que los ciudadanos no acuden por voluntad, sino por necesidad. […]

Ante dicha situación el Ministerio de Justicia se ha limitado, durante casi un mes, a ignorar ostensiblemente las reivindicaciones de los letrados de la administración de justicia dilatando en exceso la búsqueda de una solución que no hace sino agravar el conflicto todavía más.

Ministerio de Justicia.

Finalmente, nos parecen respetables las reclamaciones económicas y de otro tipo de los Letrados/as de la Administración de Justicia. Lo que no es aceptable es que pretendan ligarse a las retribuciones de la carrera judicial y fiscal. La llamada “cláusula de enganche” merece nuestro expreso rechazo. Confunde las responsabilidades y funciones del Poder Judicial con la de un Cuerpo Superior de la Administración del Estado. Una comparación, para ser tal, debe hacerse entre términos homogéneos. Si no se produce así, se cae en la incoherencia o la pura arbitrariedad. La labor y funciones de jueces y magistrados no son equiparables a la de los letrados de la administración de justicia ni en el fondo ni en la forma. No son ni mejores ni peores. Son distintas. Tan injusto es tratar desigual a quien es igual como equiparar a quienes no son iguales, sea esa equiparación total o parcial. Como cuerpo superior tienen unas funciones propias y distintas que no pueden ni deben ser evaluadas en comparación, sino con la autonomía de quien tiene sustantividad y funciones diferenciadas que no suponen parcialidad respecto de las funciones judiciales.

Es por todo ello que llamamos a la responsabilidad de los implicados en una situación que se demora en exceso y genera unos perjuicios inasumibles en un servicio ya de por sí deteriorado. Llueve sobre mojado y este nuevo golpe puede ser la gota que colma el vaso de un servicio público que se resiente por deficiencias estructurales de la justicia en España y que permanecen ajenas a este conflicto y a cualquier consideración que se plantea en el mismo".