17 de enero de 2021
|
Buscar
FIN DE SEMANA

El organismo critica la gestión en Madrid y en Cataluña durante la pandemia del COVID

Amnistía Internacional denuncia discriminación y violación de derechos humanos en las residencias de mayores

La tercera edad, los que han sufrido la pandemia en las residencias. /Amnistía Internacional
La tercera edad, los que han sufrido la pandemia en las residencias. /Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha redactado un informe titulado "Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España". Con él, han denunciado la situación de las residencias de ancianos, centrándose en la Comunidad de Madrid y en Cataluaña, mencionando discriminación, violación de derechos humanos y una gestión ineficiente que ha provocado que las medidas llegasen tarde y fuesen insuficientes.

El pasado jueves, la organización Amnistía Internacional ha denunciado el trato recibido por las personas mayores en las residencias de ancianos. Concretamente, aluden a Madrid y Cataluña, donde recogen que se han vulnerado hasta 5 derechos humanos desde la aparición de la cuarentena, en marzo de este mismo año.

“[…] No fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia”, explican desde el organismo. Una situación que, prevén, podría repetirse de cara a la segunda ola.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en su vertiente española, ha declarado que “en las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna”. Todos ellos, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Extracto de la portada del nuevo informe de Amnistía Internacional.

El informe, compartido bajo el nombre de “Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España”, denuncian, entre otras cosas, la falta de protección para el personal de las residencias y falta de información, en el sentido de que no se han recogido datos de afectados por el virus entre los dependientes de estas viviendas, hecho que impedirá evaluar el impacto de la pandemia correctamente.

Los datos de la pandemia

Al no existir una recogida sistemática de datos, Amnistía Internacional ha investigado al respecto. La situación de dejadez en este sentido choca con lo visto en referencia a la asistencia sanitaria, donde sí se han recopilado datos suficientes como para mantener un control de los casos y defunciones.

En el Instituto Nacional de Estadística (INE), por ejemplo, se puede acceder a información relacionada con los profesionales del sector sanitario, así como de servicios sociales. Cifras que ayudan a recrear análisis y comparaciones en base a la evolución de la situación actual. Además, ponen a disposición pública “una explotación amplia y microdatos anonimizados que posibilitan nuevos análisis de estos fenómenos”. Se trata de una gran fuente de documentación que no existe para el caso de las residencias de mayores.

La Comunidad Autónoma de Madrid sí ha aportado datos sobre la pandemia en las residencias. Hasta 5.828 personas fallecieron debido al coronavirus en las residencias de la comunidad, cifras que hacen referencia únicamente a los días entre el 8 de marzo y el 1 de mayo. En Cataluña, por su parte, la Generalitat ha informado acerca de hasta 7.045 fallecidos en residencias, unos datos que, en este caso, abarcan desde el 1 de marzo hasta el pasado 15 de noviembre.

Recomendaciones para el futuro

Desde la organización internacional, han establecido una serie de recomendaciones que, esperan, se tengan en cuenta para afrontar la segunda ola. Refiriéndose especialmente a Madrid y Cataluña, matizan que “deben adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las personas mayores que viven en residencias”.

Uno de los tweets compartidos por la entidad.

 Así, confían en que cada comunidad autónoma realice evaluaciones individuales, tanto para el personal como para las personas que residan en las viviendas. Esperan, a su vez, que se normalice el contacto regular de los familiares, quienes han tenido prohibido visitar a los más mayores durante meses.

“Más a largo plazo, es necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado”, explican en Amnistía Internacional. Solicitan, además, que “Fiscalía y y en especial la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores debe seguir de cerca la situación en las residencias e impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades”.

A través de estos consejos, buscan que no se vuelva a repetir un escenario donde las medidas lleguen con retraso y sean insuficientes. Los protocolos de derivaciones, tanto de Madrid como de Cataluña, recomiendan tratar a las personas mayores en sus propios lugares de residencia antes que proceder con su traslado a hospitales, unos ideales que siguen vigentes y que conforman otro motivo de denuncia para Amnistía Internacional, donde lo tildan de discriminatorio.

La Comunidad de Madrid y la Generalitat tomaron diferentes medidas, sin uniformidad ni claridad de criterios de la intervención o del éxito de las mismas y fracasaron en su implementación. Además, ambas administraciones no adoptaron medidas alternativas para garantizar la asistencia sanitaria médica adecuada de las personas mayores residentes", exponen.

Una serie de problemas que, a pesar de los intentos, no han llamado la atención de las autoridades, quienes, matizan, no han respondido a las quejas, algo que se contrapone “al tremendo esfuerzo que han realizado personal sanitario y de residencias durante estos meses, pese a las medidas ineficientes y la falta de recursos”.

COMPARTIR: