Señalan a Glovo por 'discriminar': Piden datos sobre sexualidad y género

Hace ya más de dos años que entró en vigor la famosa y polémica ‘ley rider’, que trataba de regularizar la situación de miles de trabajadores al servicio de las aplicaciones de pedidos y entregas a domicilio. Sin embargo, las polémicas alrededor de estos servicios no dejan de crecer, bien por las condiciones laborales de los ‘riders’ o por los polémicos procesos de contratación que llevan a cabo.

En su caso, Glovo cuenta un cuestionario normalizado que debe rellenar todo aquel que aspiren a conseguir un puesto de repartidor en la empresa. Hasta ahí todo normal, sin embargo, en este cuestionario aparecen algunas preguntas que pueden ser fácilmente malinterpretadas o sacadas de contexto. Las preguntas a las que nos referimos las compartió con nosotros un colaborador de elcierredigital.com, que ha expresado su sorpresa y señalado que “este tipo de preguntas pueden dar lugar a confusión o a pensar que existe discriminación por género u orientación sexual”.

Y es que en el cuestionario de acceso al empleo se pregunta sobre  la orientación sexual o el género con el que se identifica el aspirante. Puede que ninguna de estas preguntas suponga una discriminación directa, pero el mero hecho de plantear estas cuestiones indica el interés de Glovo por conocer estos detalles sobre sus trabajadores, detalles que no deberían ser trascendentes y que han generado polémica entre numerosos jóvenes que prueban suerte para encontrar su empleo en la empresa de pedidos.

La ‘Ley Rider’: una piedra en el zapato de Glovo

A pesar de las polémicas sobre su cuestionario de empleo, este no es el primer escándalo en el que se ve envuelta la empresa de entregas pues, tal y como informó elcierredigital.com en 2022, Inspección de Trabajo multó con  78,9 millones a Glovo por incumplir la ‘Ley Rider’ al realizar repartos con falsos autónomos en Valencia y Barcelona. Así lo anunciaba la vicepresidenta segunda del Gobierno,  Yolanda Díaz, a su llegada a una sesión de control alGobierno en el Congreso de los Diputados.

Díaz aclaró en su momento que se procedió a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de Glovo. La sanción representaba más del 15 por ciento de la facturación de la empresa, que cuenta con inspecciones pendientes que pueden amenazar la viabilidad de Glovo.

La sanción afecta a 8.331 empleados en Barcelona y a  2.283 en Valencia. Estos trabajadores, ajenos a Glovo, deberían haber sido incluidos en la plantilla en línea con la ‘Ley Rider’. La Inspección de Trabajo ha esclarecido que “la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio”.

Sin embargo, a pesar de las promesas de la famosa ‘Ley Rider’, los resultados parecen no llegar, pues tal y como informó este medio el pasado mes de agosto, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz dio un ultimátum a Glovo por incumplir la legislación vigente e ignorar las sentencias y multas millonarias del Tribunal Supremo. Antes de poner en marcha la ley, el Supremo estableció la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, sin embargo la empresa ha mantenido a los repartidores como falsos autónomos en vez de ofrecerles contratos dignos alejados de la precariedad laboral. 

Tal y como señaló El País, el Gobierno envió requerimientos formales a la compañía de reparto y a otras plataformas similares para que se ajusten a la ley. Ante esto, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, señalaba que estas empresas deben ser conscientes de que si no se ajustan a la ley, no solo vendrán sanciones económicas sino también sanciones penales.

Recientemente el Congreso aprobó una modificación del Código Penal que permite castigar a los responsables de las empresas que establecen condiciones ilegales para sus trabajadores. Esta modificación abre la posibilidad a que los responsables de empresas que imponen condiciones ilegales a sus trabajadores pueden ser condenados con penas de cárcel que van de los seis meses hasta los seis años. Esto podría significar la salida de Glovo del mercado español si no decide adaptarse a la 'Ley Rider'.

Ante la inacción de Glovo, el juzgado de instrucción de Barcelona remitió el pasado mes de diciembre una  querella contra la empresa a la Audiencia Nacional, acusando a Glovo de un delito de estafa y contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. El Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad (TAS) fue quien asumió la responsabilidad de presentar la querella. 

Por otra parte, desde el Observatorio recordaron que Glovo también está siendo investigada por la Comisión Europea, por supuestas prácticas anticompetitivas en el sector de entrega de comida a domicilio. El Observatorio, junto con UATAE y Riders por Derechos, denunciaron a Glovo por infracciones de la competencia ante la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Como resultado, se han realizado diversos registros en la sede de Glovo  y se espera que en los próximos meses los tribunales imputen los presuntos delitos cometidos por Glovo y cualquier otro involucrado que surja durante la investigación.