Noventa presos de la cárcel de Picassent afectados por un nuevo brote de coronavirus

La dirección del centro penitenciario de Valencia ha restingido toda la actividad no esencial en el centro, algo que ya llega muy tarde para el sindicato ACAIP-UGT que ha vuelto a solicitar que se gestione la realización de pruebas diagnósticas a los trabajadores del centro.

En estos momentos, el virus "circula descontroladamente por el centro penitenciario, prácticamente en todos los módulos se han detectado casos positivos o confirmados, y aún se está pendiente de la realización de pruebas a muchos internos", según denuncia ACAIP.

No se adoptaron medidas "drásticas y tajantes" cuando se detectó el primer brote de importancia a principios de enero, y es por eso por lo que "ahora se ha llegado a esta situación", asegura el sindicato. Y es que, según ellos, es imposible saber cuál es la extensión real del coronavirus en el mayor centro penitenciario de España, "ya que la actividad en el interior del centro ha seguido siendo prácticamente normal hasta el día de hoy".

Todos los internos proceden del módulo 7 de la Unidad de Cumplimiento, donde se detectaron los primeros casos el pasado fin de semana. En la actualidad hay un total de 157 internos positivos en el centro, y más de 425 en cuarentena (algunos pendientes de realización de test y otros a la espera de resultados).

En cuanto a la incidencia de la COVID entre los trabajadores del centro, se ha contabilizado un total de 15 casos positivos (12 con origen extralaboral y 3 de origen laboral) y 19 están en cuarentena (14 origen extralaboral y 5 laboral).

Pese a la gravedad del brote, los trabajadores que "han estado en contacto directo con los internos de ese módulo ahora se van a ver atrapados en un “limbo” administrativo, para ver quien les hace pruebas diagnósticas", según ACAIP. Instituciones Penitenciarias siempre ha mantenido que no les corresponde a ellos realizar pruebas diagnósticas médicas, mientras que MUFACE (que es la responsable de la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos) justifica que sólo es competencia suya si presentan síntomas y, que en caso contrario, pasaría a ser un problema de salud pública siendo la sanidad pública la que debiera encargarse de realizar esas pruebas.

Pero la sanidad pública no siempre quiere hacerse cargo de las mismas, puesto que los funcionarios públicos no forman parte de su ámbito de cobertura.

El centro penitenciario de Picassent.

Para ACAIP "es indignante que los trabajadores públicos tengan que “buscarse la vida” para saber si están contagiados o no, por asuntos de competencia administrativa, teniendo que sufragar ellos mismos en muchos casos el coste de las pruebas diagnósticas".

Y aseguran que "debe ser la Dirección del Centro la que, aprovechando las buenas relaciones con la Consellería de Sanidad, gestione la realización de pruebas diagnósticas a todos los trabajadores que sean contactos estrechos laborales".

ACAIP-UGT había solicitado el pasado 8 de enero, después del primer brote grave en el centro, que se limitara toda la actividad no esencial en el mismo. Posteriormente, el pasado domingo 24 de enero volvieron a reiterar la solicitud ante la previsión de que algo de esta magnitud pudiera ocurrir. Sin embargo, hasta este miércoles no se adoptó esta decisión que, en opinión del sindicato, llega muy tarde.

Además, en el escrito presentado el pasado 24 de enero por ACAIP-UGT se solicitó que "ante el avance descontrolado del virus" en el centro, se entregara a todos los trabajadores mascarillas tipo FFP2 ya que, con carácter general, se facilitan únicamente las de tipo quirúrgico.

Esta situación se produce cuando, además, existe "una enorme falta de personal, tanto en todas las áreas del centro, incluida la que está en contacto con los internos en los diferentes módulos, como en la sanitaria", aseguran desde ACAIP.