21 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

La propuesta prosperó tras el apoyo de la Asociación profesional de lobistas APRI y del ministro Pedro Duque

El Congreso de los Diputados creará una oficina de asesoría académica para que riga la "Ciencia" en el Parlamento

Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.
El Congreso de Diputados llevará a una próxima reunión de su Mesa la propuesta de poner en marcha una oficina de asesoría científica para que todo parlamentario tenga la oportunidad de conocer lo que dice la Ciencia en relación con cualquier asunto a debatir, como ya sucede en Reino Unido, Alemania y Dinamarca, entre otros países próximos. La propuesta prosperó tras el apoyo de la Asociación profesional de lobistas APRI y del ministro Pedro Duque a la Asociación Ciencia en el Parlamento.

La iniciativa trata de enriquecer el debate parlamentario con las aportaciones del conocimiento al margen de la actuación de los grupos de interés y de cualquier injerencia en la soberanía y capacidad de representación de los parlamentarios; el lema de sus promotores es "el experto valora, el técnico informa y el político decide".

Su próxima tramitación por la Mesa del Congreso ha sido impulsada por la presidenta del Congreso de Diputados, Maritxell Batet, inmediatamente después de un evento en favor de incluir la ciencia en el Parlamento que organizó el pasado 17 de septiembre la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), entidad que reúne a más de un centenar de lobistas y a las principales empresas consultoras internacionales y que apuesta claramente por la transparencia y el control regulado de los grupos de interés frente a las prácticas de corrupción o a la ausencia de información en torno a la actividad de las llamadas "puertas giratorias". La Asociación de Periodistas Parlamentarios, que colaboró  en el evento de APRI junto a la Asociación Ciencia en el Parlamento y dos de los tres co-organizadores de esta: la Fundación Ciencia y Tecnología (COTEC), que preside la exministra.

La puesta en marcha efectiva de esta oficina llegará 224 meses después de que el Congreso de Diputados la apoyara por primera vez en 2018, durante el mandato de Ana Pastor (PP). Tras ello, en 2019, ya durante el mandato de Meritxell Batet (PSOE), acordó la creación de la oficina de la ciencia con una partida de 200.000 euros. El problema entonces fue que el borrador de Presupuestos Generales del Estado que debía incluir esa partida nunca llegó a aprobarse, al fallar hace un año el apoyo de ERC y otros grupos que impulsaron la moción de censura a Rajoy, por lo que Pedro Sánchez anticipó las últimas elecciones y sigue gobernando en coalición con Unidas Podemos, pero con los presupuestos de 2018 prorrogados. Pero el evento de APRI causó inmediata reacción favorable por parte del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien se ha asegurado de que el borrador de Presupuestos del Estado para el 2021 incluya esa partida incluso algo incrementada y ha animado a la presidenta del Congreso de Diputados a materializar la iniciativa tras el próximo apoyo que recabará de la Mesa que reúne a los principales portavoces parlamentarios.



El evento de APRI para acelerar esta decisión fue anterior a que estallara abiertamente la guerra política en torno a la pandemia en la Comunidad de Madrid especialmente entre el Gobierno de coalición PSOE-Podemos y el de la Comunidad de Madrid del PP apoyado por Ciudadanos y Vox, ante la cual las 55 sociedades científicas que promovieron el I Congresos COVID urgieron a gobiernos y ciudadanos que "reaccionen" y este fin de semana han lanzado una petición de tregua bajo el rótulo "En la salud, ustedes mandan pero no saben" que a mediodía de este lunes habían firmado unas 20.000 personas, con mensajes como "frenen ya tanta discusión y corran". Esas 55 sociedades científicas dicen representar a 171.356 profesionales sanitarios.

Son una parte sectorial del casi centenar de entidades científicas que integran la Confederación de Sociedades Científicas (COSCE), la más amplia representación de al ciencia española en desmarcarse un mes después de iniciarse el Estado de Alarma de la reiterado apelación del Gobierno durante esta crisis. Junto a la COSCE participaron en aquel desmarque (registrado apenas 20 días después de que el presidente Sánchez creara y se reuniera con un denominado Comité Científico del Covid-10, cuya representatividad ha negado luego el conjunto de la ciencia) la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), la Crue Universidades Españolas y la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa). 

De entre esos científicos que ahora urgen a gobiernos y ciudadanos la evidencia científica y que reaccionen para evitar un eviten un 2º desbordamiento de la pandemia, un reducido grupo planteó en 2018, por primera vez, la necesidad de dotar al Parlamento español de una oficina permanente de asesoramiento científico para facilitar de manera efectiva asesoramiento en la decisiones políticas sobre materias donde la ciencia y la investigación juega un papel crucial. En mayo de 2020 la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) apoyó la iniciativa firmando el manifiesto fundacional de Ciencia en el Parlamento, al que se han adherido ya más de 200 instituciones,  conscientes de que  España es de los pocos países que no forma parte de la red europea de oficinas de asesoramiento científico, la mayoría miembros del Parlamento Europeo de Asesoramiento Tecnológico (Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza o Reino Unido); incluso otros no europeos forman parte de esa red como asociados ( Chile, Dinamarca, Japón, Korea, México, Polonia, Portugal, Rusia, Estados Unidos y Bélgica). Y con motivo de esa colaboración de APRI el jueves 17 de septiembre del 2020 tuvo lugar el evento online Lobby Hour: El Papel de la Ciencia en el Parlamento, presentado por la Directora General de APRI, Irene Matías Campano, y moderado por Luís Carlos Ramírez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Entre los ponentes se encontraban Ana Elorza, Coordinadora de Asesoramiento Científico y Diplomacia en FECYT; Jorge Barrero, Director General de la Fundación Cotec para la Innovación; y Cristina Portalés vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación Ciencia en el Parlamento.  

Jorge Barrero, Director General de la Fundación Cotec para la Innovación.

La Directora General de APRI, Irene Matías explicó que en mayo de 2020 APRI se sumó al manifiesto de Ciencia en el Parlamento para apoyar la iniciativa, ya que los lobistas y profesionales de la relaciones institucionales creen firmemente que es fundamental que exista una toma de decisiones informada por parte de las instituciones públicas de cara a que la aprobación e implementación de iniciativas legislativas sea altamente eficaz. Irene Matías subrayó que el proceso de toma de decisiones es complejo; los diputados, senadores y altos cargos del Gobierno tiene que tomar importantes decisiones que marcan el rumbo del país. En este sentido al igual que los profesionales de las relaciones institucionales tratan de hacer llegar las preocupaciones e intereses empresariales o sociales a los decisores políticos, estos también deben contar con un asesoramiento riguroso, íntegro y contrastado y quién mejor que los investigadores y científicos de nuestro país que cuentan con conocimiento y datos objetivos. 

En el evento se discutió la manera en la que la comunidad científica puede llegar y aportar a la política española. España va retrasada en este sentido respecto a sus Parlamentos vecinos, pues la oficina de ciencia ya es una realidad en algunos países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido.

Esta disfunción ha sido estudiada por la Asociación Ciencia en el Parlamento, que también ha estudiado el funcionamiento de estos comités científicos en los parlamentos de otros países. Hasta el momento en el caso español, las propuestas de crear una oficina permanente no han prosperado, únicamente han conseguido allanar el camino con la esperanza de que, en el menor tiempo posible, esta asesoría sea una realidad. En el evento, la Asociación Ciencia en el Parlamento describió el exceso de información al que se ven sometidos los políticos, y cómo, aunque ya tienen muchos y buenos expertos los políticos, sigue siendo necesario la oficina. La oficina es necesaria, según dijo, para coordinar desde el mismo parlamento el asesoramiento que pueden proporcionar las asociaciones o expertos independientes sobre un tema o materia específica para hacer prospectiva.

Desde la Ciencia en el Parlamento se recordó que el objetivo no es que las leyes sigan un criterio exclusivamente basado en la ciencia, pero sí que el factor científico y tecnológico sea tomado en cuenta. Todos los ponentes coincidieron que la función del asesor es asesorar, no legislar y el asesoramiento científico además que debe llegar también a la sociedad para transmitir conocimiento, pues se debe crear un triángulo interconectado donde exista flujos de información entre los tres estamentos, la ciencia, la política y la sociedad. Pese a todas las barreras, la Asociación Ciencia en el Parlamento seguirá persiguiendo su objetivo de que el Parlamento cuente con una oficina de ciencia que asesore en la toma de decisiones.  

Luis Carlos Ramirez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Luís Carlos Ramírez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, concluyó que la crisis sanitaria ha demostrado la importancia del conocimiento científico y no podemos esperar más para que este forme parte de la toma de decisiones en el seno de las Cortes Generales (Congreso y Parlamento), de poner el conocimiento científico a disposición de quienes toman esas decisiones políticas, en palabras de Andreu Climent, presidente de Ciencia en el Parlamento. 

"Con una oficina de este tipo quizá el debate parlamentario sobre e COVID hubiese sido distinto", según las palabras que recordó Ramírez también de Eduardo Oliver, vicepresidente de la misma Asociación. Pero nunca es tarde para intentar poner el conocimiento científico a disposición de quienes toman las decisiones, como ya intentó en los primeros años de la democracia Miguel Ángel Quintanilla Fisac, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, cuando era senador en las Cortes Españolas entre 1982 y 1989 por el PSOE; de informar sobre lo que dice la ciencia sin opiniones ni sesgos ideológicos, de que todos los grupos políticos tengan acceso a mayor conocimiento para lograr un debate parlamentario absolutamente bien informado y eficaz, en palabras del secretario general de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, quien recordó que actualmente 23 parlamentos cuentan ya con oficina de asesoría en ciencia y tecnología, entre ellos además de los citados en Europa Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

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