Demandan a la Dirección General de Policía por no cumplir con las plazas para discapacitados

El 28 de diciembre la Dirección General de la Policía hizo pública en su Orden general la demanda interpuesta por la Agrupación Reformista de Policías (ARP) ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta demanda informaba de un plazo de nueve días para todos los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional interesados en la misma. “Los gobiernos de turno instrumentalizan al Ministerio del Interior y, como consecuencia de ello, se mantienen estáticos en reformas sociales, laborales y económicas”, indican desde la Agrupación Reformista de Policías.

Esta demanda surge a raíz de la Resolución del 22 de agosto de 2022 de la DGP, publicada en el BOE el 1 de septiembre de 2022, donde se convoca concurso para la provisión de plazas vacantes de Facultativos y Técnicos de la Policía Nacional. Este concurso convoca 25 plazas de facultativos y 21 plazas de técnicos de las especialidades recogidas en la resolución.

Desde ARP reclaman que “al no recogerse la cuota de reserva de plazas para personas con discapacidad, se considera que se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación en su vertiente de igualdad de trato y de oportunidades”. Desde ARP vienen demandando al Ministerio del Interior un cambio significativo en la dirección y gestión del cuerpo. Basado en reformas que impliquen un mejor contenido en los derechos de los empleados públicos en la policía nacional. 

Policías nacionales

El sindicato denuncia que “se trata de hurtar” un derecho reconocido por normas nacionales y europeas a un sector desprotegido y vulnerable tanto en la policía como en la sociedad civil. Estos derechos, recogidos en el Real Decreto 1/2013 de 29 de noviembre,  pertenecen al tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, firmado por España, como estado miembro de la misma.

Son muchos los casos de policías que han tenido una pérdida de sus condiciones psicofísicas, a quienes se les reconoce el grado de discapacidad y se les impide desarrollar otras funciones en la institución policial. “La consecuencia de éstos concursos, desgraciadamente son corregidos de forma consecuente, como tantos otros, por la Administración de Justicia. Sería importante sentar precedente, corregido por el propio Gobierno Central, en consecuencia, con el compromiso social de las leyes vigentes”, solicitan desde ARP.

La falta de respuesta de las organizaciones sindicales presentes en el Consejo de Policía, que previamente han reconocido esta resolución en la comisión de personal y proyectos normativos, ha obligado a ARP a acudir a la vía judicial. “Emplazamos al Ministerio del Interior y a su Dirección General de la Policía, de forma pública, alejados de sectores implicados en políticas interesadas, mantener una reunión oficial con luz y taquígrafo, para poder reconducir y contribuir en un marco de relaciones necesarias, la paz laboral, social y profesional del Cuerpo Nacional de Policía. Nuestra denominación de “no representativo” impuesta por Ley Orgánica 9 /2015, de 28 de Julio, de Régimen de Personal de la Policía, no puede seguir siendo obstáculo para ello” concluye ARP.

David López: "Demandamos que se cumpla la ley"

David Antonio López, coordinador jurídico de ARP, reclama: “Hemos impugnado un concurso que hay dentro del Ministerio del Interior de facultativos y técnicos para la policía nacional, ya que no se hace ninguna reserva a personas con alguna discapacidad. Por desgracia la policía se suele mantener muy rígida a los cambios sociales, puesto que en otras instituciones sí se ha avanzado en esta problemática. Según la legislación hay un mínimo de plazas del 3% en personas con discapacidad física y un 2% en capacidad psíquica, por lo que demandamos que al menos se cumpla lo estipulado en la ley”.

David Antonio López

“Dentro de la policía nacional hay funcionarios que son de carrera, es decir que accedieron a un puesto de trabajo con plenas condiciones psicofísicas para ejercer su función, pero debido a su situación y a ciertos riesgos han perdido esas condiciones psicofísicas. Este concurso consta de plazas a gente, ya en la carrera por lo que significa una discriminación total dentro del cuerpo. No obstante, a las personas que sufren una discapacidad no se les acondiciona el puesto de trabajo sino que se le cambia el puesto de trabajo, cuando la norma viene a decir que se adaptará el puesto de trabajo a la persona”, explica David López.

“Hay una cantidad bastante grande de funciones policiales que puede desempeñar una persona con discapacidad pero el ministerio no lo quiere asumir. Creemos que la clave es adaptar los puestos de trabajo a los tiempos actuales. A la gente se le llena la boca al hablar de inclusión laboral, pero para un reponedor del Mercadona, para un policía, ya no les interesa tanto. En cualquier trabajo se reservan plazas a personas con discapacidad y en la policía no, para que deje de ocurrir esto de una vez también vamos a impugnar la convocatoria de oposiciones de la Policía Nacional”.