Cruz Roja y otras ONG costearon los polémicos vuelos de los migrantes ilegales desde Canarias a la península

El PP y Cs ya han exigido explicaciones al ministro del Interior Grande-Marlaska, pero éste se defiende desmintiendo las acusaciones de la oposición sobre “oscurantismo” en los traslados de los migrantes.

La “crisis política” desatada por el PP y Cs desde la oposición del Congreso de los Diputados, sobre una presunta orden emitida por el Ministerio del Interior para trasladar inmigrantes irregulares en vuelos con origen en diferentes islas del Archipiélago canario rumbo a la península, se ha quedado en agua de borrajas, en nada.

La cuestión es sencilla, el ministro responsable, Fernando Grande-Marlaska, no ha dado instrucciones para ejecutar los traslados de los migrantes, -llegados en pateras a Canarias-, hacia otras Comunidades Autónomas, ni la Policía Nacional es responsable de los trayectos aéreos de los citados migrantes, puesto que estos vuelos fletados por las compañías Vueling y Ryanair desde las Islas, son sufragados por Cruz Roja en colaboración con otras ONG, según fuentes policiales, consultadas por elcierredigital.com.

Por su parte, el ministro Marlaska ha desmentido en un comunicado cualquier vinculación con estos transportes, ha señalado que “no organiza, ni financia traslados de migrantes desde Canarias hacia la Península”, “ni lo ha hecho en el pasado, ni lo hace en la actualidad”. En otro aspecto, este ministerio podría autorizar “traslados concretos para migrantes vulnerables o bajo protección internacional”, pero el titular de Interior se ha desmarcado completamente de las insinuaciones de falta de transparencia espetadas por el PP y Cs, respecto a la gestión migratoria del ejecutivo nacional.

El conflicto de base en relación a la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias, Baleares, Andalucía, Levante, Ceuta y Melilla, durante las medidas restrictivas de movilidad impuestas a los ciudadanos debido al Covid-19, fundamentalmente, consiste en la aplicación de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, respecto a la devolución inmediata de los migrantes ilegales a sus países de origen, debido al cierre de fronteras, como sería el caso específico de Marruecos.

La Policía Nacional cumple con su función de identificación de los migrantes cuando llegan de manera irregular a España, pero no pueden aplicar la normativa de devolución como marca la Ley de Extranjería, debido al cierre de fronteras entre países.

Fuentes policiales consultadas de Canarias, Granada, Valencia y Madrid, explican a elcierredigital.com que en esta situación “abren un expediente de expulsión a los migrantes, pero al no poderse ejecutar en breve, tienen  que dejar en libertad a los inmigrantes irregulares en España, con la consecuente situación de que algunos de ellos se acabarán estableciendo en el país al año, obteniendo la residencia bajo diferentes supuestos, mientras otros, podrían ser interceptados en alguna identificación posterior, o detenidos si incurren en algún delito, por lo que acabarían siendo expulsados de España”.

“La cuestión radica en que, los inmigrantes marroquíes ahora saben que pueden venir de manera irregular a España, durante esta pandemia, porque el acuerdo de devolución inmediata en frontera con Marruecos y Argelia está en suspenso. Por tanto, los migrantes saben que las funciones de extranjería están paradas en este sentido, aunque se incoa un expediente de expulsión, ellos conocen que pueden llegar en pateras y cayucos a Canarias, pero no van a ser devueltos ante esta situación, lo que provoca el verdadero efecto llamada”, subrayan fuentes policiales. 

Otra clave, estriba en las tarjetas de embarque emitidas por las compañías aéreas para trasladar migrantes hacia la Península, costeadas por Cruz Roja Canarias, puesto que los inmigrantes irregulares con pasaporte, pero sin visado de Marruecos, no podrían volar, pero al ser identificados por la Policía cuando llegan en pateras a las Islas, esta reseña identificativa es válida para emitir la correspondiente tarjeta de viaje, tomar un avión con Vueling o Ryanair con destino a otras ciudades como Granada, Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante o Almería. Incluso, los migrantes son acompañados al Aeropuerto de Gran Canaria por los voluntarios de esta ONG.

“En todo caso, sería conveniente solicitar medidas cautelares para que los migrantes con expediente abierto de expulsión, no puedan trasladarse a otras ciudades, ni obtengan permiso de embarque a los aviones a la península, intensificar los controles de Policía en los aeropuertos, situación para lo que Marlaska, sí tiene competencia”, aclaran algunas fuentes policiales.

“La Policía realiza controles a los vuelos de terceros países, como es el caso de África. Si los migrantes tuvieran visado desde sus países de origen, no necesitarían acceder a España de manera irregular. Las compañías aéreas deberían verificar si los migrantes tienen los visados en regla y comprobar que regresan a sus países o a un tercer país que lo acepte, pero no moverse por España, aunque una vez que adquieren la identificación policial no se les puede retener, y por tanto, acceden a desplazarse por el territorio nacional”, matizan.

Además, las compañías aéreas están sujetas a sanciones si incumplen la normativa con los pasajeros.

Facilidad para llegar a España

Debido a la pandemia mundial, en estos momentos es más sencillo migrar a España, y tratar de permanecer por una cuestión de arraigo familiar, empadronamiento u otras cuestiones, pero “no todos consiguen regularizarse, ni pueden ser manteros, antes o después, necesitan sobrevivir, acaban de okupas o delinquiendo”, explican desde las fuerzas de Seguridad. De hecho, la inmigración irregular continúa hacia Canarias, por lo que la Policía Nacional desplegará un dispositivo especial en el Aeropuerto de Manises, por la llegada de cinco aviones procedentes de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, en los próximos días 11 y 13 de diciembre.

 Un subsahariano en un aeropuerto.

El sindicato Unión Federal de Policía (UFP), insiste ante esta crítica situación migratoria, en preservar la salud de los compañeros policías ya que “el riesgo de contagio por Covid-19, se presenta a diario para los compañeros, al atender a los inmigrantes irregulares que dan positivo en el virus tras la PCR”. En el caso específico de vuelos procedentes de Canarias con destino a Valencia, al comprobarse posteriormente que algunos migrantes no habían recibido las pruebas PCR, ha aumentado el malestar entre policías por esta situación, una creciente preocupación por el contagio, así como el miedo a contagiar a sus compañeros y familiares”.

UFP exige “un mayor compromiso sanitario por parte del Estado para los policías, que se les practique una PCR a diario si fuese necesario, y la asunción del gobierno de estos costes, que hasta la fecha son sufragados por los policías a nivel particular”.