El Gobierno gasta 800.000 euros en vacunas de AstraZeneca que no usará en segunda dosis

Se multiplican los contratiempos para AstraZeneca. Después de la incertidumbre por los posibles efectos secundarios de su fórmula, de la falta de unanimidad entre los Estados sobre a quién pautarla, y tras los reiterados retrasos en el suministro del laboratorio anglosueco y la disputa judicial en curso por incumplimiento de contrato; ahora, desde la Unión Europea (UE) ya han advertido de una posible cancelación a partir de junio.

Una decisión que España avalaría y que pondría en riesgo no solo el calendario de vacunación, que deja en el limbo de los continuos cambios de criterio a todo el personal esencial que ya ha recibido la primera dosis, sino que además podría costarle al Gobierno de Pedro Sánchez cerca de 800.000 euros en vacunas que nunca se llegarían a utilizar y que, por lo tanto, serían desechadas.

Así las cosas, el comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, anunció el domingo que no se adquirirán más vacunas de AstraZeneca a partir del tercer trimestre del año y la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, apoyó desde Bruselas la decisión de la Comisión de no hacer más compras a "una empresa que ha sido incapaz de suministrar a la UE en los términos pactados".

Inoculación de una vacuna. 

Según el último informe de vacunación, en España ya hay 361.601 personas de entre 60 y 69 años con la pauta completa, 3,3 millones aún tienen que recibir una segunda dosis y 1,6 millones, las dos. Unas cifras a las que debe sumarse todo el personal esencial menor de 60 años que ha recibido una dosis de AstraZeneca y que, ahora, está a la espera de una decisión que confirme o no la recepción de la segunda. Además, el Ejecutivo tiene aún pendientes de pago 12,4 millones de euros correspondientes a los siete millones de dosis pendientes de entrega. A la luz de estos datos, incluso si toda la población de entre 60 y 69 años se vacunara con AstraZeneca, algo muy poco probable, la diferencia entre los siete millones de vacunas que todavía tienen que llegar y las personas que pueden recibirla, según el plan del Ejecutivo socialista, es de cerca 500.000 dosis. Medio millón de vacunas que dejarían de ser utilizadas.

Eso sí, España tendría que pagar igualmente las dosis sobrantes. Una valoración a la baja que implica un coste superior a los 800.000 euros, si tenemos en cuenta que la dosis de AstraZeneca sale a 1,78 euros, según la información que desveló el diciembre la ministra de Sanidad de Bélgica, Eve De Bleeker, en un tuit que borró posteriormente.

De este modo, si AstraZeneca cumple sus entregas, el Gobierno tendrá que afrontar el pago en un momento en que se va agotando la población a la que se le puede inyectar y ante su reiterado rechazo a ampliar las edades en las que se puede inmunizar con este suero.

Continuos cambios de criterio

Con el apoyo a la decisión de la Unión Europea de cancelar el contrato, España daría por cerrada prácticamente la puerta a vacunar a personas menores de 60 años con AstraZeneca, incluso a pesar de que cerca de un millón de dosis siguen almacenadas en las neveras de las comunidades autónomas, que denuncian que no tienen a quién ponérselas. De hecho, los territorios gobernados por el Partido Popular, así como Cataluña, ya habían pedido al Ministerio de Sanidad eliminar las restricciones de edad que pesan sobre este fármaco.

No obstante, el Gobierno sigue apostando por retrasar la decisión a la vez que deja en el aire la inoculación de la segunda dosis a todos aquellos que ya hayan recibido el primer pinchazo. Antes, Sanidad quiere conocer los resultados del ensayo clínico del Instituto Carlos III sobre la seguridad y eficacia de combinar vacunas, a pesar de que las sociedades médicas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y las propias farmacéuticas recomiendan administrarlas bajo las indicaciones de sus respectivos prospectos. Una investigación que, esperan, arroje resultados positivos pese a que ha sido muy cuestionada porque no es todo lo consistente que debería si se pretende tomar como referencia para la toma de decisiones médicas.

Así, policías, bomberos, personal docente, farmacéuticos, fisioterapeutas o estudiantes de áreas sanitarias, entre otros, han pasado de ser en unas semanas colectivos prioritarios para la vacunación a situarse en un limbo que no aporta soluciones convincentes. Todas ellas son personas menores de 60 años que entre febrero y marzo recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, por formar parte de grupos profesionales esenciales y con riesgo de contagio y que ahora no saben si dispondrán de una segunda dosis, cuándo se la pondrán, o si será o no una vacuna diferente.