12 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

Francisco Ignacio López Lera, abogado de los demandantes, afirma que en la oferta de cuidadores del Gobierno vasco “se vulnera la Constitución”

La Justicia considera de nuevo “discriminación” la imposición del euskera en plazas públicas

Cuidadora con una persona mayor.
Cuidadora con una persona mayor.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha vuelto a dar la razón a dos demandantes por un procedimiento de presunta discriminación por la imposición del euskera en plazas de empleo público. La oferta corresponde a 34 plazas de cuidadores ofertadas por la Fundación Uliazpi, 32 de las cuales tienen como requisito para los candidatos tener un B2 de euskera. Según el abogado de los demandantes, Francisco Ignacio López Lera, “se vulnera la Constitución de manera clara”.

En junio de 2021 la Fundación Uliazpi de Guipúzcoa aprobó un procedimiento para contratar a 34 cuidadores. Las bases para la contratación incluían una cláusula que ha traído polémica. Y es que 32 de los 34 puestos exigían un nivel B2 de euskera a sus solicitantes. Para los dos restantes, aunque no era necesario, saber euskera sumaba puntos para obtener la plaza. Ante estas circunstancias, algunos interesados en el proceso decidieron demandar a la Fundación Uliazpi, órgano autónomo de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

El proceso judicial, que comenzó con un fallo a favor del organismo público, ahora ha dado un giro: el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco da la razón a los apelantes, declarando “la nulidad de la convocatoria por vulneración de los derechos fundamentales invocados por los apelantes”, según explica la sentencia a la que ha tenido acceso elcierredigital.com. Todavía podrían interponer un recurso de casación en un plazo de 30 días.

Para el sindicato vasco LAB, esta sentencia supone “un gran mazazo para la política lingüística establecida” por las administraciones vascas, “pero sobre todo para” sus “derechos lingüísticos”.

Por su parte, el abogado representante de los demandantes, Francisco Ignacio López Lera, considera que el hecho de exigir un perfil lingüístico para la obtención de una plaza es “una discriminación. Se vulnera la constitución de manera clara, y de momento los tribunales me están dando la razón”, afirma en una conversación con elcierredigital.com.

La opinión del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco

Ante la demanda, la Fundación Uliazpi afirmaba que el hecho de pedir un nivel B2 de euskera para 32 de las 34 plazas, era “necesario para cumplir con el índice de obligado cumplimiento que la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene asignado para el período de planificación 2018-2022”, además de afirmar que como “dos de las 34 plazas ofertadas no tienen asignada fecha de preceptividad vencida”, los demandantes podrían “ser adjudicatarios de una de las dos plazas indicadas en las que la acreditación del mencionado perfil lingüístico únicamente se valora como mérito”.

Tribunal Superior de Justicia de País Vasco.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco afirma que “esa desproporción entre aspirantes (100% de los euskaldunes vs. 5,88% de los castellanos parlantes) es la que marca el cariz discriminatorio por razones lingüísticas de las bases recurridas”. Además, afirman que “malamente se puede sostener la coexistencia de los objetivos de normalización del euskera marcados por el Plan aprobado por la Diputación Foral de Guipúzcoa para el periodo 2018-2022 y los derechos o principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público”.

También se pone de manifiesto en el escrito que supone “cierta desventaja” la “valoración de méritos respecto a otros aspirantes, no criticable de suyo sino por añadirse al requisito de acreditación del mismo perfil como condición de acceso a las otras 32 plazas”.

El caso de la Policía Local de Irún, el precedente

Este caso referido a las plazas de la Fundación Uliazpi no es el único que el abogado Francisco Ignacio López Lera ha llevado a los tribunales. Ya en 2021 se pedía el conocimiento de euskera como requisito indispensable para optar a doce plazas de agente de Policía Local en Irún. Esta exigencia, de nuevo según el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, vulneraría el artículo 23 de la Constitución Española, que establece que los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

En concreto, el auto señala que “constituye un requisito discriminatorio que afecta al derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, en la medida en que se estaría dando preferencia a un grupo de ciudadanos frente a otros por el mero hecho de que aquellos conozcan la lengua cooficial, pese a que ello no sea necesario para garantizar el derecho de los administrados a relacionarse con la administración en euskera”.

Este asunto, según López Lera, continúa su proceso en el Tribunal Supremo. “Denegaron a la otra parte pasar el filtro de recurso de casación, recurrieron sobre cómo contestó el Tribunal Supremo, yo me he opuesto y ahí estamos esperando a ver qué pasa”, explica a elcierredigital.com, afirmando que ambos casos podrían no ser los únicos que se produzcan en un futuro.

“El tema de los perfiles lingüísticos está pasando en País Vasco, en Cataluña también es bestial, en Valencia, en Baleares y en Galicia”, enumera el letrado, que opina que en el caso de haber dos idiomas autonómicos “la creación de puestos de trabajo debería dividirse”. “Bajo mi punto de vista, no tienen perfil lingüístico las plazas. Lo que tiene perfil lingüístico son los puestos de trabajo. Y no se debería puntuar conocer el idioma, en este caso el euskera, para las plazas en castellano, porque eres beneficiado dos veces por lo mismo”, añade.

El abogado concluye diciéndole a la ciudadanía “que no tenga miedo de ir contra las administraciones. No hay por qué tener miedo. Están ejercitando un derecho y las administraciones tienen que cumplir las leyes”.

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