27 de octubre de 2021
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FIN DE SEMANA

Denuncian que la candidatura de Oliveros quiere una institución que refuerce el relato en favor de la "represión que sufre el movimiento nacionalista"

El independentismo prepara el asalto para tomar el control del Colegio de Abogados de Barcelona

La independista ANC quiere repetir el plan de la Cámara de Comercio para tomar el control de entidades cívicas y profesionales con las que provocar confrontación institucional. Su último objetivo, el Colegio de Abogados de Barcelona, que celebrará elecciones en junio. La ANC quiere que este organismo se pronuncie sobre política y, para ello, confía en Gonçal Oliveros como líder de la candidatura que le disputará el decanato a Maria Eugènia Gay, contra la que han iniciado una campaña de desgaste.

Tras la Cámara de Comercio y la Universidad de Barcelona, y después del fracaso en la patronal Pimec, el independentismo catalán intenta ahora hacerse con el control de dos instituciones que consideran vitales para su proyecto: el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y la Universidad Politécnica de Cataluña, que concluyó su proceso de votación ayer.

No son las únicas, la hoja de ruta la completan otros colegios profesionales que irán a elecciones en los próximos meses. Una planificación que surge a raíz de la estrategia dirigida desde plataformas independentistas, entre ellas la Asamblea Nacional Catalana (ANC), para hacerse con el control de entidades cívicas y profesionales con las que provocar confrontación institucional.

Es el caso del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, uno de los más importantes de la capital catalana, que ayer hizo pública la convocatoria de elecciones para el próximo 3 de junio. Días antes de este anuncio, el independentismo ya había presentado su precandidatura con Gonçal Oliveros a la cabeza. La lista la completan nombres como Sergi Blázquez, presidente del colectivo Drets; un grupo de letrados ultraindependentistas que ha dirigido las principales ofensivas jurídicas contra el Estado español en los últimos años; o el juez Elpidio Silva, inhabilitado durante 17 años por un delito continuado de prevaricación y dos delitos contra la libertad individual en el marco del Caso Blesa.

Los abogados de la candidatura de Oliveros quieren que el Colegio de Abogados de Barcelona se posicione ante los frentes judiciales abiertos contra los principales líderes independentistas y ven primordial tener una institución que sirva para reforzar el relato en favor de la "represión" que, a su juicio, sufre el movimiento nacionalista. El Colegio de Abogados de Barcelona es un altavoz de comunicación jurídica de gran incidencia y prestigio y además, cuenta con una enorme red de contactos fuera de nuestras fronteras fruto de los 25 años que el ente ha dedicado a la internacionalización de la abogacía de Cataluña. Por lo tanto, y tal como señalan abogados catalanes "tener al ICAB alineado con las tesis del independentismo no solo supondría todo un golpe de efecto a niveles de propaganda, sino que además podría perjudicar gravemente nuestra imagen a nivel internacional". Algo similar ya sucedió con las principales universidades catalanas que emitieron distintos comunicados cuestionando el encarcelamiento de los líderes y activistas del Procés.

Gonçal Oliveros.

Sin embargo, la precandidatura de Gonçal Oliveros se presentó como una opción “que no es ni independentista ni españolista”, sino una alternativa de “abogados soberanistas y progresistas” con el fin de desalojar de la institución a la actual decana, María Eugènia Gay, hija de Eugeni Gay, quien también fuera decano del Colegio y vicepresidente del Tribunal Constitucional. Un intento por suavizar la tónica habitual en su discurso que parece indicar que, de momento, desde las filas independentistas prefieren mantener un perfil bajo.

No obstante, estas afirmaciones contrastan frontalmente con los apoyos que podrían estar detrás de esta candidatura. Fuentes del ICAB consultadas por este medio señalan que detrás se encuentran nombres como el de Jordi Domingo, independentista con gran influencia en los círculos soberanistas, y el de Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont y actual miembro de la Mesa en el Parlament. De hecho, Cuevillas ya expresó, en una entrevista en el digital especializado Economist & Jurist, su voluntad de un cambio al frente del ICAB. Algo que también han promovido desde la Asamblea Nacional Catalana.

De hecho, la organización que preside Elisenda Paluzie anima a crear listas que se presenten a las próximas elecciones de los entes colegiales de médicos, arquitectos, economistas, informáticos, juristas y psicólogos con la finalidad de “influir sobre el Govern”. Así puede leerse en su propio portal. "Los colegios profesionales interlocutan con el Gobierno y, por lo tanto, inciden como lobbies en las políticas públicas. Por ello, el grado de influencia sobre el Gobierno catalán puede ser en una u otra dirección. Trabajamos juntos para que esta influencia respete la voluntad del pueblo de Cataluña" deja claro la ANC. Desde la Asamblea garantizan su apoyo logístico, como en su momento hicieron con la candidatura "Eines de país" en la Cámara de Comercio de Barcelona o en la patronal Pimec, con "Eines Pimec", e incluso adjuntan un listado con las fechas de los próximos procesos electorales de diversos colegios profesionales.

Campaña contra María Eugènia Gay

El colectivo independentista inició una campaña sin precedentes dentro del Colegio de Abogados cuando en 2018, en el acto de celebración de la festividad de la abogacía de Barcelona, el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, politizó el evento hablando de presos políticos y reivindicando la inocencia de los acusados el 1-O. La decana María Eugènia Gay le recriminó sus actos y los colectivos más radicales la pusieron en el centro de la diana. 

A partir de entonces, la persecución contra Gay ha sido constante. El independentismo intentó boicotear un acto por haber invitado al fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, quien ejerció de acusación en el juicio del 1-O y en el posterior al exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. También boicoteó otro porque en él participaba el abogado José María Fuster-Fabra. Una implacable labor de desgaste contra el equipo de gobierno de María Eugènia Gay.

De hecho, el colectivo que apoya a Oliveros también reprocha a la actual decana el que no se haya posicionado a favor de los condenados por el 1-O y la acusan de ser "españolista" por haber permitido un acto de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, al que fue invitado Alfonso Guerra.

Abogados catalanes lamentan el intento del independentismo de asaltar también este organismo, cuyas candidaturas siempre han perseguido la transversalidad y el profesionalismo, habida cuenta de la pluralidad de ideologías y afinidades que coexisten entre sus miembros.  

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