03 de agosto de 2021
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EDICIÓN VERANO

El exdirigente del cabildo insular ha presentado su dimisión por carta al secretario general de su partido y presidente canario Ángel Víctor Torres

Nuevo episodio en el culebrón socialista de Fuerteventura: Ahora Blas Acosta renuncia a su puesto en el Senado

Blas Acosta ahora renuncia también al acta de senador.
Blas Acosta ahora renuncia también al acta de senador.
El culebrón protagonizado por el socialista Blas Acosta en Fuerteventura ha dado un nuevo e inesperado giro de guión en la isla, al dimitir el expresidente del Cabildo Insular de su puesto en el Senado y ponerlo a disposición del PSOE canario, que tiene que designar un sustituto para ocupar este puesto en la cámara Alta. Acosta ya dimitió la semana pasada de la presidencia de Fuerteventura acosado por dos causas judiciales por corrupción para las que le piden más de 7 años de prisión.

Finalmente el culebrón de Blas Acosta  en Fuerteventura se salda, de momento, con la renuncia del expresidente del Cabildo Insular a ocupar un puesto en el senado. Una dimisión que ha comunicado al secretario general del PSOE en Canarias y presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, por carta. Unas horas después fue nombrado viceconsejero de Economía. Éste es el contenido de la misma:

"Estimado compañero;

Por la presente te traslado mi renuncia a cualquier aspiración de ostentar el cargo de Senador en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias con el ruego de que traslades esta decisión a la Comisión Ejecutiva Regional, cuanto antes y a los efectos oportunos.

Como bien sabes, la posibilidad de ser designado Senador nunca ha formado parte de mis aspiraciones. La propuesta nació como respuesta a un grupo de compañeras y compañeros que me hicieron reflexionar sobre la conveniencia de tal designación, tras las convulsiones sufridas en el Cabildo de Fuerteventura, instándome a ello por el bien del partido y como paso previo a los próximos procesos electorales.

Hubiera entendido que esta propuesta fuese debatida en nuestros órganos. Entendería, incluso, que hubiera sido rechazada con argumentos o por consideraciones de oportunidad política. Lo que me resulta imposible de comprender, y mucho menos aceptar, es que mi legítima candidatura se haya convertido en pasto de filtraciones y falsedades, y se utilice para alimentar un supuesto debate jurídico que pretende anticipar el resultado de los procesos a los que me pueda ver injustamente sometido, con un desprecio absoluto a la presunción de inocencia, y que llega a dar por supuesto que mi pretensión es la de aforarme.

Nada más lejos de la realidad, como tú bien conoces. Mi intención al postularme como candidato pretendía aportar, sumar, contribuir a nuestro proyecto de transformación para Canarias, en ningún caso perjudicar a ningún compañero ni mucho menos al partido en el que vengo militando desde hace 35 años, pero estoy seguro que comprenderás que tampoco puedo consentir verme sometido al escarnio público precisamente por algunos que dicen compartir militancia y valores.

Como secretario general del PSOE en la Isla de Fuerteventura exijo, a ti y a cualquier órgano superior al regional, la misma responsabilidad que me exijo a mí mismo, es decir, que cumplan y hagan cumplir los Estatutos de nuestro centenario partido y no se permitan vetos ni comportamientos o maniobras nada democráticas, sobre todo porque atentan de forma profunda contra la esencia y los principios fundamentales de nuestra organización.

Al consentirse el acoso y el descrédito hacia mi persona por parte de algunos dirigentes, en realidad se está coartando el debate con argumentos entre los compañeros y compañeras, perdemos visión estratégica y no se ofrecen las garantías suficientes al procedimiento, por lo que no me queda más remedio que presentar mi renuncia a ser candidato al Senado. Es esta una muestra de mi lealtad.

No tengas ninguna duda de que mi cabeza y mi corazón están comprometidos con los valores que he defendido durante mis 35 años de militancia en el PSOE, y que en cualquier lugar en donde me encuentre siempre hallarás al hombre que, con orgullo y la cabeza bien alta, ha luchado y defendido estos valores: la libertad, la justicia y la democracia".

Acosado por la Justicia

La semana pasada, Blas Acosta renunciaba a la presidencia del Cabildo, pero no al acta de consejero, que de momento conserva. El presidente del Cabildo es de momento Alejandro Jorge, que ocupaba la vicepresidencia primera.

El expresidente socialista de Fuerteventura se enfrentaba a una moción de censura desde que no fueron aprobados sus presupuestos para 2021 por la falta de apoyo de sus compañeros de ejecutivo, Sergio Lloret, de Asamblea Municipales de Fuerteventura, y Marcelino Cerdeña, de Unidos por Betancuria, que directamente no se presentaron a la sesión cuando había que votarlos. Acosta fue elegido presidente del Cabildo de Fuerteventura en julio de 2019, tras prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, Nueva Canarias-AMF y Podemos contra la candidata más votada en las elecciones locales, Lola García (CC).

El ya expresidente del Cabildo de Fuerteventura se enfrenta a dos procesos judiciales en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, ambos casos relativos a su pasado como concejal del Ayuntamiento de Pájara. La Fiscalía ha pedido tres años de cárcel para Blas Acosta por el caso de La Pared y cuatro años y tres meses por el caso Geturpa.

Blas Acosta.

En el caso La Pared, el Ministerio Fiscal pide para Acosta y para el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara en enero de 2010, una condena de tres años por conceder licencias de ocupación en la urbanización La Pared "a sabiendas de que no se habían cumplido las condiciones", según la Fiscalía.

En aquel momento, Acosta era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara y la Junta de Gobierno de la que formaba parte concedió el 25 de enero de 2010 una licencia de ocupación "en contra de lo informado por los técnicos municipales y desoyendo la motivación y razones expuestas por el servicio jurídico de la Corporación", según la Fiscalía, que lo acusa de prevaricación urbanística.

La fiscal Clara Serrano recuerda en su escrito de acusación que "las obras de urbanización del sector PERI-2 de La Pared no estaban concluidas y, en particular, no existía sistema de depuración de aguas residuales" en la zona, "faltaba pavimentación del acceso rodado y alumbrado público", así como el "acondicionamiento de la zona verde".

En el caso Gesturpa, la Fiscalía acusa a Acosta de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador único. En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta, en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de saber que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.

En concreto, destaca el fiscal Tomás Fernández de Páiz que “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”. Según el escrito de acusación, las irregularidades consistían en la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”.

El 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica”, según la acusación.

Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad” de Gesturpa, una empresa municipal que se concibió originalmente para la construcción de viviendas de promoción pública en el municipio de Pájara (Fuerteventura).

Otro de los presuntos hechos delictivos que la Fiscalía atribuye a Acosta consiste en el abono en el año 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero” al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta que la factura se había generado seis años y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.

Según recalca la Fiscalía, Acosta “nunca propuso a la Junta General de Gesturpa el pertinente acuerdo de disolución de la sociedad a pesar de que los fondos propios de la entidad, consecuencia de su gestión y especialmente de los actos relatados anteriormente, disminuyeron progresiva e inexorablemente”.

Por este caso, el fiscal identifica dos presuntos delitos en la gestión de Blas Acosta: Uno, de administración desleal, por el que pide una pena de un año y nueve meses de prisión y otro, de insolvencia punible, por el que solicita una condena de dos años y seis meses de cárcel. Por estos dos delitos, el Ministerio Fiscal reclama una pena de cuatro años y tres meses de prisión para Acosta, el único acusado en el procedimiento judicial, así como la inhabilitación especial para cargo público durante el mismo periodo de tiempo.

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