Muriel Larrea, presidenta del PP de Guipúzcoa: "Se discrimina a todos los ciudadanos que no dominan el euskera"

Nacida en Irún el 9 de junio de 1982, Muriel Larrea asume la responsabilidad de sustituir a Borja Sémper al frente de la presidencia del Partido Popular en Guipúzcoa. 

Larrea inició su carrera política en Irún, donde ocupó entre 2011 y 2020 el cargo de concejal del PP, los últimos cinco años como portavoz. Entre 2009 y 2012, fue secretaria general de Nuevas Generaciones de Guipúzcoa y, entre 2011 y 2017. vicesecretaria sectorial de las Nuevas Generaciones a nivel nacional.  De carácter conciliador y cercano, Larrea es una firme convencida de que la política es para mejorar la vida de la gente.  

- Hace unos días salía publicada una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la que se anula la obligatoriedad de exigir el euskera para ser Policía Local en Irún...

- Para mí es, sin duda, una muy buena noticia, porque yo he sido concejal y portavoz del Ayuntamiento de Irún en el año 2019, y siempre he luchado en este sentido. De hecho, en 2017 se publicó un estudio por el que quedaba reflejado que solo el 7,6 por ciento de la población irundarra utilizaba el euskera como lengua vehicular. Ya por aquel entonces insistía al equipo de Gobierno en que las plazas que exigían perfil lingüístico estaban alejando al consistorio de los ciudadanos, que era difícil que lo sintieran como propio ante la imposibilidad de los mismos habitantes de Irún de acceder a la función pública. Por lo tanto, esta era una reivindicación que desde el Partido Popular de Irún venimos reclamando de antaño, y que ahora esta sentencia viene a confirmar.

- ¿Hay imposición del euskera en el País Vasco?

- Evidentemente. La imposición ha existido y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco así lo ratifica. Si bien es cierto que nosotros defendemos que hay que trabajar por la cooficialidad de las dos lenguas que tenemos, que en el País Vasco son el castellano y el euskera, también es verdad que no cabe duda de que se estaba discriminando a los ciudadanos que, en su mayoría, no dominan esta lengua.

- En su experiencia, ¿cómo afecta esta imposición al desarrollo profesional de la carrera pública?

- Como ya he dicho, afecta en el sentido en el que los ciudadanos de Irún, quienes mayoritariamente son castellanoparlantes, tenían dificultades para acceder a trabajar en su propio Consistorio. Es que eso es una discriminación hacia quienes hablan castellano.  Con esto no quiero decir que ahora discrimine a los euskaldunes, también existe una defensa hacia ello. Pero, en este caso, está claro que quienes hablan castellano parten con desventaja. Si a los ciudadanos se les va a asegurar el servicio en euskera, que está claro que se les tiene que asegurar, a cambio no se puede excluir a los ciudadanos españoles, a los que hasta ahora se les ha impedido acceder a la función pública por no dominar las dos lenguas cooficiales. Luego se podrá entrar dentro de la función pública y progresar y estudiar euskera y dominarlo, pero desde luego no puede ser un requisito indispensable para el acceso.

- Al hilo de las sentencias del TSJPV, recientemente se han tumbado las restricciones, ¿cree oportuno finalizar las limitaciones en este momento?

- Está claro que lo que no se puede hacer es restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos desde las autonomías. Moverse por la noche, reunirse… son derechos fundamentales que no se pueden coartar desde el País Vasco. Eso tendría que hacerlo el Estado de la Nación a través de un decreto o una ley.

La Presidente del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea.

- En este sentido, recientemente ha alabado la gestión de Isabel Díaz Ayuso, ¿piensan importar el modelo madrileño al País Vasco?

- Lo que yo quería destacar de Isabel Díaz Ayuso es que ella ha trabajado por la libertad de la economía en Madrid, todo lo contrario a lo que ha sucedido en el País Vasco y en Guipúzcoa. Tanto autónomos como pymes se han dejado a un lado y, haciendo alusión claramente al sector de la hostelería, directamente se les ha prohibido trabajar sin aportar para semejante decisión ningún tipo de informe que avalara que el virus se contagia más en bares o restaurantes. Al final, lo más importante para ser libres es poder trabajar, ganarse cada uno su dinero, respetando siempre unas medidas sanitarias que impidan la propagación del virus. De hecho, el propio Jon Hernández (parlamentario vasco dentro de la coalición Elkarrekin Podemos) ha dicho recientemente en prensa que, a día de hoy, es más seguro tener a las personas comiendo en un restaurante o en un recinto hostelero que en las propias casas, donde no hay nadie que vele por el cumplimiento de las medidas de seguridad. Por lo tanto, nos están dando la razón.

- ¿Creen entonces que el control sobre las restricciones sanitarias debe partir del Gobierno Central?

Así es. Y el Partido Popular ya planteó al señor Sánchez una proposición de ley para modificar una norma antigua, del año 36, en la que se contemplaban las pandemias. Es obvio que habría que adaptarla a la situación sanitaria actual y, por lo tanto, debería actualizarse, pero desde las filas socialistas no han querido hacernos caso. Ahora claro, de aquellos polvos estos lodos.

- Hablando del Gobierno Central, ¿alguna valoración sobre la transferencia que el Ejecutivo ha hecho al País Vasco en materia de gestión de prisiones?

Es una deuda que tiene Sánchez con los independentistas. Las competencias de prisiones que tendrá ahora Euskadi se basan en la gestión de los derechos penitenciarios. Es decir, desde el País Vasco se va a manejar si puede salir a la calle o no un preso, o si tiene derecho a un tercer grado... Una serie de políticas que no hacen más que incrementar la injusticia sobre las víctimas. Es que, además, la única persona que puede impugnar ese tipo de decisiones es la Fiscalía y, en este momento, depende de Dolores Delgado, que ha sido nombrada por Pedro Sánchez. Por lo tanto, la defensa de las víctimas es muy dudosa en estos momentos. Por ello, el Partido Popular, con el señor Pablo Casado a la cabeza, ha solicitado que las propias víctimas puedan recurrir esas modificaciones, y que esa decisión no decaiga solo en manos de la Fiscalía.