24 de julio de 2021
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EDICIÓN VERANO

Las multas se han convertido en una mera anécdota para los sancionados al no suponerles ningún desembolso económico

Las Comunidades no cobran la mayoría de las sanciones puestas durante el Estado de Alarma

El dinero ingresado en el Tesoro Público a raíz de las multas impuestas por incumplimientos de las medidas restrictivas durante el primer estado de alarma suma 7,58 millones de euros provenientes de un total de 7.932 ingresos, cifras que resultan ínfimas en relación con la avalancha de propuestas de sanción que levantaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que da una idea del bajo número de expedientes de infracción que han llegado a tramitarse.

De hecho, según datos del Ministerio del Interior, la Policía Nacional llegó a expedir 286.980 multas a los infractores del Real Decreto, la Guardia Civil, 337.866 y las policías locales y autonómicas interpusieron 517.281 denuncias. En total, 1.142.127 propuestas de sanción emitidas entre marzo y junio del año pasado, de las que solo 7.408 acabaron tramitándose. Apenas un 0,64%. Desde octubre de 2020, fecha en la que se declaró el segundo estado de alarma, se han notificado 220.296 sanciones pero los datos acerca de cuántas se han cursado no han sido actualizados.

La gestión de los expedientes de infracción corresponde a las delegaciones del Gobierno de las provincias de todo el territorio, no obstante, ya sea por falta de pruebas, burocracia o la carencia de una legalidad concreta, las multas han pasado a convertirse en una mera anécdota para los sancionados al no suponerles un desembolso económico. Cabe destacar que la Abogada General del Estado, Consuelo Castro Rey, ya cuestionaba en un informe elaborado a los pocos días de entrar en vigor el primer estado de alarma la idoneidad de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, la conocida como “Ley Mordaza”, en el caso del incumplimiento de las restricciones a la movilidad. En concreto, establecía que la infracción sólo se cometía si la persona detectada en la calle fuera del horario permitido desatendía el requerimiento "expreso e individualizado" de la policía, pero no había infracción si optaba por volver a casa.

Madrid, entre las comunidades que menos recaudan

El dinero ingresado a cuenta de las sanciones impuestas en la Comunidad de Madrid por incumplimientos de las medidas sanitarias entre marzo y junio del año pasado asciende a 61.903 euros provenientes de 206 ingresos, cifra que contrasta con las 175.863 propuestas de sanción levantadas por las autoridades durante los 99 días que duró el primer estado de alarma. En términos relativos, la proporción es de tan sólo del 0,11 %, una cifra ínfima que ha llevado al Gobierno de Díaz Ayuso a externalizar la tramitación de los expedientes con el fin de agilizar un proceso que se dilata en exceso. De hecho, según una información adelanta por El País, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han logrado cobrar aún ni una sola multa de las más de 50.000 impuestas durante esta segunda fase de restricciones, decretada el pasado 25 de octubre.

Policía efectuando un control de movilidad.

Así, la cifra de Madrid contrasta con la de otras comunidades y representa, por ejemplo, cuatro veces menos que la registrada en La Rioja, donde entre marzo y junio se recaudaron 259.975 euros. Una diferencia que se hace todavía más notable si la comparamos con la de Andalucía, región en la que el importe recaudado fue de 1.444.104 euros, el más alto, con un total de 404 ingresos.

Tras Andalucía, Canarias es la segunda comunidad en la que las infracciones tramitadas, 1.192, propiciaron un mayor ingreso al Estado, un total de 1.111.025,50 euros. Le siguen Castilla y León, que recaudó 1.055.562 euros, y la Comunidad Valenciana, donde el importe fue de 1.053.983 euros.

Completan el listado Galicia (673.780,50 euros), Castilla-La Mancha (505.087,50), Extremadura (341.280), Aragón (271.223,50), La Rioja (259.975), Murcia (242.500), Baleares (187.555), Navarra (139.690), Asturias (109.239), Cantabria (46.577,50), Melilla (42.370,50), Ceuta (28.346,50) y País Vasco (6.310,50).

Los datos, facilitados por la Oficina Nacional de Contabilidad, precisan que la información incluye el total de sanciones o multas ingresadas en el Tesoro por la totalidad de los expedientes sancionadores tramitados por las delegaciones del Gobierno durante los días que duraron las restricciones de movilidad acordados para frenar la propagación del coronavirus, lo que abarca eventualmente multas por infracciones al margen de las medidas limitativas de movimientos. Estos datos no incluyen los relativos a Cataluña, comunidad que ostenta la competencia sobre procedimientos sancionadores.

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