La presidenta de Navarra, María Chivite, ignora la Ley y mantiene en su cargo a un socialista 'condenado'

Crece el clamor en Navarra ante la decisión de la presidenta autonómica María Chivite de mantener en el cargo de director general de Administración Local de Gobierno de Navarra al socialista Jesús María Rodríguez, que ejercía como alcalde del municipio de Ribaforada cuando el consistorio citó a un ciudadano senegalés en situación irregular con la intención que la Policía Nacional lo detuviese y expulsase del país.

Ha sido la Agencia Española de Protección de Datos la que ahora ha sancionado al Ayuntamiento de Ribaforada de forma verbal por su "falta de lealtad" al haber utilizado datos del ciudadano senegalés Modou Khadim Sow para citarlo con la excusa de hablar sobre su empadronamiento.

El consistorio vulneró el artículo 5.1.a del Reglamento General de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo hace dos años ya aseguró que "la actuación" del Ayuntamiento no era "ajustada a Derecho, puesto que se citó al interesado en dependencias municipales con el pretexto ficticio de realizar gestiones para su empadronamiento, pese a que el fin pretendido era su detención por agentes policiales para su expulsión".

El dictamen señala que "la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece que las autoridades policiales cuentan con acceso a los datos del Padrón Municipal para el cumplimiento de sus funciones a través del Instituto Nacional de Estadística. Por ello, no se considera regular el procedimiento utilizado, en el que los funcionarios policiales intervinientes accedieron a los datos del padrón del interesado, de un modo no previsto por la norma".

"Hacer cumplir la ley"

El PSN-PSOE aseguró hace dos años que Rodríguez "actuó conforme a la ley, como es obligación de cualquier cargo público" y afirmó que su obligación era "cumplir y hacer cumplir la ley, como en este caso ha hecho la policía, y como hizo también el Ayuntamiento atendiendo el requerimiento de los agentes".

Jesús María Rodríguez., director general de Administración Local. 

Senegaleses de Ribera, Médicos del Mundo Navarra, Papeles y Derechos Denontzat y SOS Racismo Nafarroa se preguntan ahora "si el Gobierno de Navarra va a mantener en un puesto político a una persona que, siendo alcalde, actuó de forma 'ilícita' y con 'falta de lealtad' hacia un vecino de su municipio; Gobierno que, a pesar de ello, le nombró director general, además, de Administración Local".

María Chivite se saltó la ley para mantener a Rodríguez

María Chivite asumió en 2014 las riendas del alicaído socialismo navarro que iba cuesta abajo y sin frenos tras dos décadas de pactos con UPN. El PSN-PSOE estaba muy mal visto en las filas progresistas por los GAL, sus innumerables casos de corrupción (que le costaron la cárcel al expresidente Gabriel Urralburu y la dimisión al expresidente Javier Otano) y los acuerdos con la derecha por interés electoralista de Ferraz.

El PSN-PSOE tenía la autoestima por los suelos y Chivite tuvo en Rodríguez a uno de sus máximos colaboradores. Eso sí, su designación como director general de Administración Local causó sorpresa por sus problemas judiciales. Uno de ellos le tuvo que costar su cese, ya que en marzo del pasado año fue investigado por un supuesto caso de prevaricación que se demostró falso.

Aun así Chivite tendría que haber cesado al imputado a Rodríguez en virtud de la misma 'ley Anticorrupción' que le costó el puesto al consejero Manu Ayerdi y que en los últimos días ha sido tumbada por el Parlamento de Navarra porque presuntamente contravenía la presunción de inocencia.

Críticas

Senegaleses de Ribera, Médicos del Mundo Navarra, Papeles y Derechos Denontzat y SOS Racismo Nafarroa han denunciado la "actuación perversa, injusta e ilegítima" del Ayuntamiento de Ribaforada "que tuvo un impacto sobre toda la sociedad, al convertir a una entidad local en cómplice directa de uno de los mecanismos más atroces del Racismo Institucional, como son las expulsiones exprés".

Los colectivos han pedido la destitución de Rodríguez y explican que "la versión del Ayuntamiento nunca fue creíble. Recordemos que el entonces alcalde, defendía su actuación amparándose en la colaboración con otra administración, queremos manifestar que en ningún caso podría considerarse esta actuación como colaboración necesaria entre administraciones sino todo lo contrario, frente a leyes tan injustas como la de Extranjería no cabe colaboración alguna que no vulnere de manera directa o indirecta derechos fundamentales de las personas".