05 de diciembre de 2022
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FIN DE SEMANA

La magistrada acusó a Simona Chambi de unos presuntos delitos de “extorsión, amenazas o coacciones”, que han sido negados

Victoria Rosell y la guerra con su exempleada del hogar: Desestiman la última denuncia de la jueza

Simona Chambi, Victoria Rosell y Carlos Sosa.
Simona Chambi, Victoria Rosell y Carlos Sosa.
María Victoria Rosell Aguilar se enfrenta a un nuevo episodio de la guerra judicial con su exempleada del hogar, Simona Chambi. Después de la que boliviana denunciara a la magistrada y a su pareja, Carlos Sosa, por “despido improcedente” —denuncia que fue desestimada—, Rosell ha acusado a Chambi de presuntos delitos de “extorsión, amenazas o coacciones”. Han sido desestimados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

La magistrada y Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell Aguilar, lleva más de dos años envuelta en una batalla judicial con la que fue su empleada del hogar, Simona Chambi. La mujer de origen boliviano denunció a la jueza y a su pareja, el periodista Carlos Sosa, por un presunto despido improcedente en el año 2020. Rosell presentó un recurso en el que alegaba que “los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de extorsión, amenazas o coacciones”.

Ahora, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado este recurso de apelación en una sentencia, negando estos presuntos delitos que Rosell alegaba. En el escrito, al que ha tenido acceso elcierredigital.com, se “acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones, el cual se confirma íntegramente”.

Antecedentes: el despido de la empleada del hogar

El inicio de esta batalla de recursos comenzó con la querella de Simona Chambi contra Victoria Rosell y Carlos Sosa por “despido improcedente o nulo” y por haberla, presuntamente, coaccionado para que renunciara a obtener la indemnización por el despido.

Victoria Rosell.

Chambi estuvo trabajando para la pareja en su vivienda de las Palmas de Gran Canaria desde 2012 a 2014 y, posteriormente, desde 2015 a 2020. En este último año fue despedida y presentó una denuncia contra sus empleadores por ello.

Según relatan algunos medios de comunicación, la empleada del hogar pidió al periodista una indemnización de 10.000 euros para retirar la demanda, en la que finalmente fue incluida la magistrada. Hecho con el cual el asunto alcanzó más repercusión.

Esta cantidad fue incrementada posteriormente en la demanda, en la que pedía la nulidad del despido o que fuera declarado improcedente. Además, alegó que la “magistrada juez, como dueña de la casa”, intentó presuntamente “que trabajara sin contrato”. Finalmente, solicitaba a Sosa la “suma de 11.000 euros, con el pretexto de haber trabajado en los meses de vacaciones desde los años 2015 a 2019”.

Meses más tarde, el Juzgado de los Social Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria desestimaba esta demanda contra la jueza Rosell y el periodista Sosa. Entre sus hechos probados, figuraba que la empleada estaba contratada de forma legal, que el dinero que recibió “en negro” eran ayudas por parte de Sosa —que era quien la tenía contratada— y que el despido fue por “un desistimiento legítimo del empleador”. Este tipo de despido estaría regulado en la normativa de los trabajadores domésticos.

Chambi recurrió el fallo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó la sentencia anteriormente citada, desestimando la demanda de la empleada del hogar contra la magistrada y el periodista.

Presunta vinculación a VOX y recursos de Rosell

Rosell, que se vio implicada en este mediático caso, finalmente acabó denunciando a Chambi. En el escrito afirmaba que “la empleada se negó a entregar las llaves de la vivienda, de forma reiterada, razón por la que tuvo que cambiar la cerradura de su domicilio”. Además, exponía que el hecho de pedir la indemnización de 10.000 euros para retirar la demanda, suponía un delito. Concretamente, en el escrito al que ha tenido acceso elcierredigital.com se afirma que Rosell entendía que los hechos sucedidos eran “constitutivos de un delito de extorsión y, subsidiariamente, de los delitos de estafa procesal, amenazas y coacciones”.

Federico Vicente Marín, abogado, y Simona Chambi.

Estos delitos, según continúa en el escrito, deberían ponerse “en relación con la circunstancia de haberle manifestado una amiga, un día antes de recibir la papeleta, que el partido político VOX tenía conocimiento de dichos hechos” y que pretendían utilizarlos “en su contra”, al igual que esta aparecía en “distintos medios de comunicación y redes sociales”, continúa esta última sentencia.

Aunque el Ministerio Fiscal estimó el recurso en primer lugar para proceder a su investigación, finalmente ha negado todos estos delitos. Sobre el de coacción, afirman que el hecho de que la trabajadora considerase que “la indemnización ha sido calculada de forma errónea, o mostrando su desacuerdo con la indemnización fijada o con los conceptos valorados por el empleador no constituye una coacción”.

Sobre el presunto delito de estafa procesal, la sentencia afirma que sobre “la circunstancia de haber inventado la denunciada una serie de hechos para obtener una indemnización económica de la denunciante”, esta es la “versión de los hechos que sostiene” la empleada del hogar y que “en ningún caso puede entenderse como constitutiva de estafa”, ya que no existe “manipulación de pruebas”.

También niega los delitos de amenazas o coacciones porque la empleada del hogar se limitó a “interponer una demanda ante la jurisdicción laboral” y que la divulgación de esta información no tiene que ver con la empleada, que “se limitó a reclamar lo que consideraba sus derechos”.

Contra esta nueva sentencia cabe “recurso de casación”, tal y como se informa en el documento al que ha tenido acceso elcierredigital.com. Y, según in forma el periódico Ok Diario, puede que este no sea el último capítulo de esta guerra judicial, ya que la extrabajadora podría acusar a Rosell de “denuncia falsa”.

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