Manifestación masiva de funcionarios de Justicia tras un mes de huelga: "Exigimos igualdad de condiciones"

Desde el pasado lunes los funcionarios de la Administración de Justicia mantienen una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales y retributivas y cambios en la Ley de eficiencia que promueve el Gobierno. Una huelga que comenzó el 17 de abril con paros intermitentes y para la que todavía no se contempla fecha de finalización. “Han convocado a la mesa de negociación varias veces pero no han hecho otra cosa que reírse de nosotros”, explican funcionarios de Justicia a elcierredigital.com.

Este jueves en Madrid se ha celebrado una huelga multitudinaria por parte de los funcionarios de Justicia. Una movilización a la que han sido convocados los 45.000 trabajadores de los Cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia para exigir al Ministerio dirigido por Pilar Llop que se siente con ellos a negociar. Situación que lleva sin darse desde el pasado 24 de abril, hace justo un mes.

La Administración de Justicia anteriormente tuvo que enfrentarse a una amenaza de huelga por parte de los jueces, fiscales y letrados que comenzó en enero de este año. Para salvar la situación, la ministra Pilar Llop, dos meses más tarde, llegó a un acuerdo de subir sus salarios una media de 450 euros al mes. Esta decisión hizo que los funcionarios de las oficinas judiciales comenzaran una huelga exigiendo una igualdad de condiciones.

Los jueces y fiscales están vinculados al resto de trabajadores de Justicia, lo cual repercute en que las medidas que afectan a un grupo afectan inmediatamente al resto, “Al haber subido a un grupo se lo tienen que subir automáticamente al resto porque estamos vinculados. Eso tenía que haber sido así, pero llegaron y no. Subieron solamente a los jueces y al resto nada”, expresa una manifestante.

Los juzgados y tribunales se están viendo afectados directamente por estas movilizaciones continuadas. Con la anterior huelga de los secretarios judiciales se dio como resultado la suspensión de alrededor de más de 350.000 juicios y vistas. El Ministerio de Justicia puso fin a a la situación asignando una partida de 22,7 millones de euros que supuso un aumento de hasta 450 euros en los salarios de los 4.379 letrados. En el caso de jueces y fiscales, el Gobierno desembolsó un total de 46,7 millones de euros.

Estos acuerdos han llevado a los representantes de los funcionarios a calificar de “clasista” al ministerio dirigido por Llop por ofrecer subidas salariales a jueces, letrados y fiscales, mientras que sigue sin negociar con los funcionarios, quienes suponen un componente esencial en los juzgados y tienen sueldos más bajos.

Además, piden poder sentarse a negociar la nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) para que se les sean reconocidas todas funciones que realizan, “Yo estoy en huelga no por la subida salarial, sino poder negociar la nueva ley. Ahí van a cambiar mucho nuestras condiciones de trabajo y por eso no quieren negociar absolutamente nada”. 

Funcionarias en huelga del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Madrid.

Se trata sin embargo de una huelga que afecta a todo el territorio Español. En muchas comunidades autónomas la justicia se encuentra transferida, como por ejemplo País Vasco, Galicia, Asturias o Aragón, pero esta huelga indefinida esta convocada en todo el país, es decir, afecta a todos los trabajadores de la administración de Justicia.

Sin vista para futura negociación

Las negociaciones están estancadas. Hace un mes exacto fue la última reunión convocada, en ella no se solucionó nada. Fuentes gubernamentales confirmaron que Justicia no tiene previsto citar a los representantes de los trabajadores a lo largo de esta semana para poner fin al conflicto. Sin embargo, varias fuentes del departamento dirigido por Pilar Llop insisten en su disposición al diálogo y al acuerdo. Los manifestantes responden, “al final todo se queda en palabras, nadie nos hace ni caso”. El Ministerio de Justicia alude esta reunión alegando que es necesario un acuerdo con las 12 autonomías que tienen transferidas las competencias en Justicia, además de que los funcionarios dependen principalmente del Gobierno.

Los sindicatos por su parte aducen en que no hay problema para llegar a un acuerdo, ya que sus demandas están centradas en áreas exclusivas del Gobierno central y no son necesarias las autonomías.