El plátano de Canarias contra las cuerdas: El PSOE rechaza las enmiendas que lo protegían

El plátano de Canarias se ha consolidado como una marca de gran prestigio, dentro y fuera de las islas. Desde ASPROCAN (Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias), se muestran disconformes con las decisiones tomadas en el Pleno del Senado el pasado miércoles, donde el PSOE ha rechazado las enmiendas que favorecían la producción y venta de esta popular fruta.

Los cambios propuestos por CC (Coalición Canaria) y ASG (Agrupación Socialista Gomera), presentados el 26 de noviembre, pretendían justificar la excepcionalidad de la marca canaria, modificando la Ley de la Cadena Alimentaria. Esto evitaría un descenso de ventas propulsado por la fuerte competitividad de terceros países y la retirada de muchos de sus productos, que conllevará la eliminación de millones de kilos de plátanos.

ASPROCAN ha denunciado lo ocurrido a través de Twitter, donde admiten lamentar “profundamente la decisión y nos preocupa conocer con urgencia cuál es la solución que se plantea por parte del Ministerio al sector para que no sufra el daño que esta Ley implica”. El presidente de la asociación, Domingo Martín, confía en que el PSOE tenga bajo la manga un “plan B” que evite la ruina del sector.

La sesión plenaria contó con el voto del PSOE, que rechazaba las enmiendas propuestas. ERC-Bildu y Más Madrid, entre otros, apoyaron al grupo Socialista y ganaron la votación. En contra de esa decisión se encontraron el PP, PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria y Junts per Catalunya entre otros.

Motivos de excepcionalidad

Fernando Clavijo, miembro de Coalición Canaria y senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, intervino en el Pleno alegando las razones que justifican el grado de excepcionalidad del plátano canario, fruta que solo se produce en el archipiélago: “no hay ningún otro lugar de España donde se produzca plátano, con lo cual el riesgo que puede tener el Ministerio de que algún otro sector le pida esa misma excepción carece de sentido”.

Fernando Clavijo, durante su intervención en el Pleno del Senado.

Entre sus argumentos, destaca la propia situación geográfica de Canarias, que ya de por sí supone una excepción: “Somos región ultraperiférica”, algo que permitiría establecer cambios en la Ley “porque somos un archipiélago alejado del continente”. Se trata de un planteamiento recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que afectaría directamente a las islas.

Clavijo también ha asegurado que la nueva ley afectaría a todos los productores: “No hay ningún pequeño agricultor que esté fuera de ASPROCAN y que esté fuera de este tratamiento singular”. La economía canaria, fundamentada principalmente en el turismo, ya ha recibido duros golpes durante la crisis sanitaria.

El rechazo de las enmiendas por parte del PSOE y los grupos políticos asociados provocará, según Clavijo, una “pérdida de 100 millones de euros para el sector y la ruina de miles de pequeños agricultores”. La prioridad, destaca, es “salvar un sector crucial para las Islas Canarias del que dependen miles de puestos de trabajo y del que depende nuestro paisaje”.

El regreso del turismo

Más allá de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, Canarias también ha sufrido una etapa de gran flujo de inmigrantes. El ya popular muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, ha recibido a miles de personas durante las últimas semanas, una llegada masiva que ha propiciado el uso de hoteles como hospedaje, una situación que ha hecho saltar las alarmas de la prensa internacional y que ha avivado la polémica en redes sociales.

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, ha dictado que el 31 de diciembre será la fecha límite para que esos complejos turísticos recuperen a sus principales clientes. El Consistorio ha asegurado que “en los primeros días de enero los técnicos del departamento de Urbanismo visitarán las complejos hoteleros para comprobar su situación y a aquellos que todavía alojen a migrantes se les abrirá un expediente sancionador”.

Los inmigrantes deberán ser reubicados en instalaciones del Estado, actuación sobre la que el Consistorio también ha realizado declaraciones: “Vamos a empezar a recuperar el turismo y por tanto, necesitamos ya las 7.000 camas que el Estado se ha comprometido a habilitar para acoger a las personas migrantes. Si el hospital en IFEMA de 5.500 plazas se levantó en dos semanas, es posible también instalar campamentos militares en menos tiempo”.