24 de febrero de 2024
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FIN DE SEMANA

El abogado López Lera afirma que este mes ya se dará un curso formativo a los jefes de personal de los Ayuntamientos para abordar este problema

El Gobierno vasco blinda el euskera: Prepara un 'manual' de normas para las oposiciones

El Cierre Digital en Palabras traducidas del latín al euskera en uno de los primeros libros encontrados con esta lengua.
Palabras traducidas del latín al euskera en uno de los primeros libros encontrados con esta lengua.
Las sentencias en contra de la imposición del euskera para ofertar puestos de trabajo han aumentado. Como consecuencia, el Gobierno de País Vasco está elaborando “una especie de manual” para una redacción de las cláusulas de contratación que no acabe con una sentencia en los tribunales. Este mismo mes, los jefes de personal de los Ayuntamientos recibirán un curso al respecto, según el abogado Francisco Ignacio López Lera, que ha llevado el proceso de algunos demandantes.

El Gobierno de País Vasco se enfrenta a una crisis por el uso del euskera, lengua oficial que convive con el castellano en la comunidad autónoma. La legislación vasca para la normalización del euskera ha hecho que en diversas empresas se oferten más plazas para aquellos que sepan euskera. Unas medidas que algunos han considerado “discriminación”, por lo que han recurrido a la justicia. El aumento de sentencias en contra de la exigencia del conocimiento de esta lengua ha hecho que el Gobierno vasco tome una decisión.

Según Miren Dobaran, la viceconsejera de Política Lingüística, ya hay un grupo de juristas que están analizando las sentencias para “construir una hoja de ruta para el futuro, una especie de manual” para elaborar las cláusulas de contratación. Según ha podido conocer elcierredigital.com a través del abogado que se ha encargado de defender a algunos de estos demandantes, Francisco Ignacio López Lera, los “jefes de personal de los Ayuntamientos han sido citados el 20 de abril para hacer un cursillo sobre cómo tienen que actuar para que no haya sentencias. Para decirles cómo tienen que estar redactadas las bases de las oposiciones y qué requisitos deben cumplir”.

Para López Lera, que ha conseguido con éxito que los tribunales le den la razón en varias ocasiones, esto supone que han “hecho un buen trabajo” con las sentencias y que no estaban “tan locos como la gente decía”.

Miren Dobaran.

“Simplemente es aplicar la ley más importante, que es la Constitución, y a partir de ahí, pues a empezar a ver cuáles de las normas que están debajo de la Constitución se cumplen en la propia constitución. Y lo que está haciendo el País Vasco, las normas que dictaron al respecto, no cumplen el requisito que dice la Constitución”, declara el letrado.

El abogado, además, presupone que una de las soluciones podría ser “quitar el requisito sine qua non del perfil lingüístico. Igual lo que harán es dotar a los perfiles lingüísticos de más mérito, con lo cual la gente saldrá con una posición de partida con más puntos de ventaja que antes. Se buscarán algún modo legal para favorecerlo, pero ahí estaremos atentos para ver si cumple la ley”, sentencia.

La última sentencia, sobre transportistas escolares

El pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimaba como "imposición" exigir el mismo nivel de euskera a los trabajadores de una empresa privada respecto a la administración pública con personal funcionario. Esta sentencia enjuiciaba en parte el recurso de una empresa que se presentó a un concurso para prestar un servicio de transporte escolar en Bizkaia.

El Gobierno vasco exigía en el contrato de la empresa de trasporte público a la empresa contratista que "en las relaciones entre el poder adjudicador (la administración) y la contratista se empleará normalmente el euskera". Para poder hacer esto "la empresa habrá de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en euskera necesarias para que la relación pueda desarrollarse" respecto a este idioma.

En lo que respecta a la empresa afectada, consideraba que "estas exigencias vulneran el principio de igualdad, no discriminación, libre competencia, seguridad jurídica y trasparencia". Además, sopesaba que en todo caso, "es el ente público el que estaría obligado a poner a disposición del contratista trabajadores con capacidad para hablar euskera" y no al revés.

“Discriminación” por imponer el euskera en plazas públicas

Un mes antes, el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco volvía a dar la razón a los demandantes con respecto a la “discriminación” que suponía imponer el euskera en plazas públicas. Concretamente, en las que la Fundación Uliazpi de Guipúzcoa ofertó en junio de 2021. De los 34 puestos ofertados, 32 exigían un nivel B2 de euskera a sus solicitantes. Para los dos restantes, aunque no era necesario, saber euskera sumaba puntos para obtener la plaza. Ante estas circunstancias, algunos interesados en el proceso decidieron demandar a la Fundación Uliazpi, órgano autónomo de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

El proceso judicial, que comenzó con un fallo a favor del organismo público, terminó dando un giro: el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco daba la razón a los apelantes, declarando “la nulidad de la convocatoria por vulneración de los derechos fundamentales invocados por los apelantes”, según explicaba la sentencia a la que tuvo acceso elcierredigital.com.

Para el sindicato vasco LAB, esta sentencia suponía “un gran mazazo para la política lingüística establecida” por las administraciones vascas, “pero sobre todo para” sus “derechos lingüísticos”.

Tribunal Superior de Justicia de País Vasco.

Por su parte, el abogado representante de los demandantes, Francisco Ignacio López Lera, consideraba que el hecho de exigir un perfil lingüístico para la obtención de una plaza es “una discriminación. Se vulnera la Constitución de manera clara, y de momento los tribunales me están dando la razón”, afirmaba en una conversación con elcierredigital.com.

El caso de la Policía Local de Irún, el precedente

Este caso referido a las plazas de la Fundación Uliazpi no es el único que el abogado Francisco Ignacio López Lera llevaba a los tribunales. Ya en 2021 se pedía el conocimiento de euskera como requisito indispensable para optar a doce plazas de agente de Policía Local en Irún. Esta exigencia, de nuevo según el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, vulneraría el artículo 23 de la Constitución española, que establece que los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

En concreto, el auto señalaba que “constituye un requisito discriminatorio que afecta al derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, en la medida en que se estaría dando preferencia a un grupo de ciudadanos frente a otros por el mero hecho de que aquellos conozcan la lengua cooficial, pese a que ello no sea necesario para garantizar el derecho de los administrados a relacionarse con la administración en euskera”.

Este asunto, según López Lera, continúa su proceso en el Tribunal Supremo. “Denegaron a la otra parte pasar el filtro de recurso de casación, recurrieron sobre cómo contestó el Tribunal Supremo, yo me he opuesto y ahí estamos esperando a ver qué pasa”, explicaba a elcierredigital.com, afirmando que ambos casos podrían no ser los únicos que se produzcan en un futuro, como ha terminado sucediendo.

“El tema de los perfiles lingüísticos está pasando en País Vasco, en Cataluña también es bestial, en Valencia, en Baleares y en Galicia”, enumeraba el letrado, que opinaba que en el caso de haber dos idiomas autonómicos “la creación de puestos de trabajo debería dividirse”. “Bajo mi punto de vista, no tienen perfil lingüístico las plazas. Lo que tiene perfil lingüístico son los puestos de trabajo. Y no se debería puntuar conocer el idioma, en este caso el euskera, para las plazas en castellano, porque eres beneficiado dos veces por lo mismo”, añadía.

Ahora, a consecuencia del goteo de sentencias con respecto a la exigencia del euskera, el Gobierno vasco toma medidas en el asunto al crear una “hoja de ruta” para evitar futuras polémicas que acaben en los tribunales.

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