03 de diciembre de 2022
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FIN DE SEMANA

El presidente socialista deberá responder hoy ante el juez por estas licitaciones públicas para comprar material sanitario a esta empresa de coches

Caso PCR Canarias: Adjudicaciones de Sanidad y del Gobierno de Torres evidencian el contrato millonario a RR7

Exclusiva Ángel Víctor Torres.
Ángel Víctor Torres. / Presidente del Gobierno canario.
Las licitaciones concedidas por parte del INGESA del Ministerio de Sanidad a la empresa 3M para la obtención de mascarillas FFP2 y FFP3 durante la pandemia, evidencian que "el Gobierno de Canarias no contactó directamente con esta mercantil especializada, sino que, acudió a RR7 United al margen de la auténtica distribuidora". El presidente canario, Torres, deberá responder sobre este polémico contrato a RR7 ante el juzgado.

Fuentes gubernamentales del gabinete presidencial canario explican ante elcierredigital.com que este es el momento "más complicado" del mandato del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a pesar de "la estrategia para salvar su imagen política". El jefe del ejecutivo regional deberá testificar por escrito este 2 de noviembre en la causa penal que instruye el caso ‘PCR Canarias’, que investiga las presuntas irregularidades en la licitación de un millón de mascarillas 3M por cuatro millones de euros –material que nunca fue entregado al Servicio Canario de Salud (SCS)–. Torres tendrá que responder sobre esta polémica contratación, que ha derivado en las imputaciones de algunos miembros de su gobierno. 

Estas mismas fuentes explican que existen dos cuestiones que "podrían empeorar la posición del ejecutivo en este asunto". Se trata de la referencia de las adjudicaciones directas sin intermediarios efectuadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) –entidad perteneciente al Ministerio de Sanidad– concedidas a la empresa 3M SL para la obtención de mascarillas FFP2 y FFP3 durante la pandemia. "Estas licitaciones evidencian que el SCS no contrató directamente con esta mercantil especializada como hizo el INGESA, sino que accedió a la empresa de venta de coches RR7 United SL, como intermediario, para adquirir estas mismas mascarillas al margen de la auténtica distribuidora".

La segunda revelación, a la luz de estos documentos –a los que ha tenido acceso en exclusiva elcierredigital.com– evidencia que "los precios oficiales ofertados por la entidad 3M SL –ante el INGESA– eran inferiores a los que manejaba RR7. Es decir, según estas informaciones, RR7 ofreció al SCS precios más elevados que los de la propia marca oficial, en la misma época de contratación –durante el segundo semestre de 2020– ante estas entidades públicas". 

"Presentación posterior de la oferta por RR7 a la formalización del contrato"

En línea con esta documentación, estas fuentes del equipo del presidente Torres ponen de manifiesto que "en la resolución emitida por la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez –que obra en poder de elcierredigital.com– para abonar a RR7 los cuatro millones tras la licitación favorable, se hace mención a la presentación de la oferta de las mascarillas 3M por parte de esta mercantil de manera posterior a esta concesión pública". Esta resolución de Pérez manifiesta que "RR7 presentó su oferta el 4 de junio de 2020, pero el SCS formalizó el contrato con esta empresa el 25 de mayo de 2020", tal como figura en la licitación en el Portal de Contratación del Sector Público.

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Resolución de la adjudicación de Ana María Pérez a RR7 United.

Según la resolución, RR7 presentaría su oferta de cuatro millones en los días siguientes de la propia formalización de la adjudicación aprobada por el SCS. Pero también, subrayan que "el SCS contrató unas mascarillas bajo la pretensión inicial de importar cubrebocas de la marca 3M. La particularidad es que 3M no es un modelo de mascarilla, sino que es una marca oficial que distribuye formatos diversos de este material sanitario. Por lo que el SCS podría haber contactado de manera directa con 3M para esta operación y realizar una licitación sin intermediarios, tal como hizo el INGESA durante la pandemia", aclaran. 

Cabe recordar que este proceso judicial ha derivado en las imputaciones del director del SCS, Conrado Domínguez, y de la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez –prevaricación y tráfico de influencias–. También ha sido querellado por el Ministerio Fiscal el adjudicatario de este contrato millonario, el administrador único de RR7 United SL Rayco Rubén González –estafa agravada y blanqueo de capitales–.

Estas mismas fuentes del gobierno de Torres reconocen "el gran alcance de las publicaciones de elcierredigital.com sobre este caso" pues "es la primera vez que un proceso de tal calado llega tan lejos con un gobierno aún vigente gestionando en el archipiélago canario". Lo que desencadena "una fuerte tensión existente en el ejecutivo regional", alegan. 

Diferencia de precios 

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) –bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Carolina Darias– abrió una licitación el 17 de agosto de 2020 que concluyó con una resolución –en noviembre de 2020– que adjudicó "la contratación del suministro de diverso material sanitario para hacer frente al Covid-19, con miras al Sistema Nacional de Salud", rubricado por el director de esta entidad pública, Alfonso Pérez Palacios, que gestiona la prestación sanitaria pública de Ceuta y Melilla –en un documento que obra en poder de elcierredigital.com–.

En este proceso de contratación propiciado por el INGESA –de negociado sin publicidad, por tramitación de emergencia, bajo el establecimiento de un Acuerdo Marco y sujeto a regulación armonizada– se ofertaron unos lotes con un coste de 2.131.189.674,09 euros durante la pandemia. La empresa 3M obtuvo esta licitación de material sanitario bajo una oferta de mascarillas de protección de eficacia de filtración equivalente a FPP2 con un coste unitario de 1,5004 euros. También obtuvo la adjudicación de un contrato de mascarillas de protección de eficacia de filtración equivalente a FFP3 por un precio de 2,6015 euros por unidad.

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Contratos para la adquisición de mascarillas.

Sin embargo, en el caso de Canarias, la resolución de la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, plantea "la necesidad de adquirir mascarillas 3M N95 a la vista de la situación de las mismas en las reservas del Servicio Canario de la Salud", en relación a "una mascarilla de alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad". "El suministro de este tipo de mascarillas es imprescindible con el fin de cubrir las necesidades y mantener así, los servicios sanitarios que requieren la utilización de este tipo de mascarillas", argumentó Pérez. Por lo que manifestó: "Atendiendo a la petición cursada por esta Dirección General, la empresa RR7 UNITED S.L. (CIF B76262351), presentó con fecha 4 de junio de 2020 una oferta por un suministro de 1.000.000 unidades de mascarillas de protección 3M1860N95, por un importe total de 4.000.000,00 euros sin IGIC". Es decir, RR7 remitió en precio muy superior a lo ofertado por la propia empresa 3M en la adjudicación del INGESA.

Ofertas excluidas por incumplimiento

En el proceso de licitación gestionado por el INGESA, se dio la circunstancia de que algunas ofertas de las empresas fueron excluidas por no cumplir los requisitos. Fue el caso de BASTOS MEDICAL,SL –no acredita suficientemente la solvencia económica y técnica exigidas–, ACJ,SAU –no acredita suficientemente la solvencia económica– o las exclusiones de BERGNER EUROPE,S.L, BUNZL DISTRIBUTION SPAIN,S.A, y LAPHYSAN S.A.U, por "no acreditar que el objeto social de la empresa le permite acceder a esta contratación, ni acredita suficientemente la solvencia técnica exigida". Por otra parte, respecto a las mascarillas ofertadas al INGESA, las empresas asimilan FFP2 a la protección KN95, mientras FFP3 es asociada a la protección KN99.

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Contrato RR7 United.

Por el contrario, en relación a la contratación de RR7 United SL, fueron los propios técnicos del SCS, según su relato, los que "advirtieron a la exdirectora de Recursos Económicos del SCS Ana María Pérez de que esta mercantil podría ser una empresa pirata –con un objeto social distinto al sector sanitario, sin acreditar solvencia económica–, con el objetivo de que no se le abonara el segundo pago de dos millones restante del importe total".

Sin embargo, Pérez "justificó este abono y se consumó el cobro de los cuatro millones por el responsable empresarial –Rayco–". Además, la resolución de Pérez también admitía la posibilidad de mascarillas FFP2 y FFP3, un hecho discutido posteriormente en el Parlamento de Canarias, cuando saltó este escándalo, respecto a la protección de este material para los sanitarios canarios.

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