03 de octubre de 2022
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FIN DE SEMANA

El exconsejero delegado de la empresa, Fermín Oslé, estaba acusado de vender casi 1.860 VPO al fondo Blackstone durante la alcaldía de Ana Botella

Desestiman la denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por la venta de viviendas protegidas de la EMVS

El Cierre Digital en Ana Botella.
Ana Botella.
La presunta venta irregular de viviendas de protección oficial de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone tuvo lugar durante la alcaldía de Ana Botella. La Audiencia Provincial, afea a los denunciantes su mala fe pues "sometió a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada". El exconsejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, y Fidere Alfonso Benavides, apoderado, han sido dispensados de los delitos que se les atribuía.

Los responsables de la presunta venta irregular de 1860 viviendas de protección oficial de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid debido a que la acusación ha sido “considerada como no avalada por pruebas suficientes”. La denuncia al suceso, que tuvo lugar durante la alcaldía de Ana Botella, la ejercieron tanto los afectados de la misma como el PSOE.

En la sentencia, según informa Europa Press, el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y Fidere Alfonso Benavides, apoderado, son dispensados de los delitos de los que estaban acusados.

En ella, además, se apela a la acusación y a la posible intención de ocultar la falta de pruebas para que “los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada".

Tras el juicio, el Ayuntamiento de Madrid retiró la acusación y el fiscal Salvador Orsolá solicitó la absolución de los acusados.

La acusación por parte de los afectados fue ejercida por el abogado Mariano Benítez de Lugo como representante de la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS, quien solicitó hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

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