El Supremo elimina la inmersión en catalán en las escuelas y la Generalitat se niega a cumplirlo

El Tribunal Supremo ha terminado con la inmersión lingüística en las escuelas catalanas a través de un sentencia que dicta que el 25% de las clases se deben impartir en castellano. La justicia ha confirmado su decisión de que se establezca, como mínimo, una asignatura más en castellano –además de Lengua castellana y Leguas extranjeras– en todos y cada uno de los centros educativos.

Con esta resolución, el Supremo rechaza el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre del año pasado, que instaba a todos los centros educativos a dar este mismo porcentaje (25%) en castellano, ya que considera que el uso de esta lengua es "residual". La sentencia implicará un aumento del uso del castellano como lengua vehicular en la mayoría de escuelas e institutos catalanes.

Tras décadas de imposición del catalán en los centros educativos, Cataluña actualmente mantiene en vigor el modelo de la inmersión lingüística, que otorga a la lengua catalana el estatus de vehicular para impartir todas las asignaturas, excepto las mencionadas anteriormente. De esta forma, dependiendo del ciclo, los alumnos catalanes reciben entre tres y cuatro horas de castellano a la semana.

A partir de ahora, y según lo dictado por la justicia, el castellano en primaria tendrá que ser la lengua de uso en 6,25 horas, y en secundaria y bachillerato, en 7,5 horas, incluyendo Lengua castellana y otra materia curricular. Sin embargo el Gobierno de la Generalitat ya ha avisado que no cumplirá la sentencia, porque entiende que la ley estatal– la Lomloe– protege el modelo de inmersión. Además, ha emitido un comunicado a los centros educativos para que no cambien sus programas lingüísticos.

En relación al recurso planteado por la Generalitat al TSJC, el Supremo impondrá el pago de las costas procesales al Govern -un máximo de 1.000 euros más IVA-. El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, calificaron la decisión judicial de "un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes".

Las entidades educativas, a favor

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha expuesto que el Departamento de Educación debe acatar la sentencia del TSJC, que ahora es la del Tribunal Supremo y "todos los centros públicos y concertados deberán ofertar como mínimo un 25% de horas en castellano".

Además afirma que el Supremo "acaba de reconocer el derecho a ser escolarizado al menos en un 25% en cualquiera de las lenguas oficiales. El modelo queda abierto, pero con unos topes mínimos" y por ello piden a la Generalitat que "no tergiversen la realidad".

Del mismo modo han pedido responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez para que dé la cara: "Que no huya de sus obligaciones y haga ejecutar la sentencias del Tribunal Supremo". Por último, han reclamado a las autoridades nacionalistas "que asuman la realidad catalana y no jueguen al discurso de la confrontación".