Dimas Martín, fundador del PIL y 'capo' de Lanzarote, a prisión siete años por corrupción

Dimas Martín suma una condena más a su historial delictivo, esta vez por la denominada ‘operación Unión’. La sala II del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de siete años y cinco meses de prisión para el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que ya fue impuesta en septiembre de 2016 por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Tanto Dimas Martín como otros dos de los condenados presentaron sendos recursos de casación que han sido desestimados por el Supremo. Los otro siete condenados no recurrieron.

De esto modo, Dimas Martín es declarado —según explica la sentencia a la que ha tenido acceso elcierredigital.com— “criminalmente responsable como director de un delito de asociación ilícita; de un delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad en concurso real con un delito continuado de fraude y estos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación; y de un delito continuado de cohecho”.

Como continúa la sentencia, los siete años y cinco meses de prisión se reparten en dos años y seis meses por el delito de asociación ilícita; tres años y tres meses por el delito continuado de malversación de caudales públicos; y un año y ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho. Además, Martín tendrá que pagar multas y tendrá una “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena”.

Póster con Dimas Martín sobre un fondo con logos del Partido de Independientes de Lanzarote.

Junto a él, también han sido declarados criminalmente responsables Antonio Jerónimo Machín Ramos y Manuel Gregorio Reina Fabre.

La “irregular fuente de ingresos” del PIL

Los hechos por los que se condena a Dimas Martín se remontan al año 2007. Según la sentencia, “durante el periodo comprendido entre el mes de abril del año 2007 y el mes de mayo del año 2009”, el condenado ejercía “una ascendencia total y absoluta sobre los concejales del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)”.

Tal y como se continúa explicando en el escrito, en este tiempo “adoptó decisiones concretas sobre asuntos de índole administrativo” que hacía llegar a los concejales pese a que “el acusado no podía intervenir por carecer de cargo alguno en el PIL” y por “estar cumpliendo una pena (entre otras) de inhabilitación absoluta”. Afirman, además, que todas estas decisiones tenían como objeto “lograr beneficios, bien económicos bien de otra índole, así como conseguir una irregular fuente de ingresos para el PIL y afán de lucro personal”.

Según explica el documento, los acusados “confabularon para solicitar comisiones a distintos empresarios, a los que se suponía afines al PIL, bien para que les fueran adjudicadas obras, bien para el cobro de los servicios ya ejecutados, valiéndose unos de los cargos públicos que ostentaban, otro de la función que ostentaba en el PIL y el último (Dimas Martín) de la ascendencia que tenía sobre todos ellos. Logrando de esta manera los cuatro acusados beneficios para sí mismos y para el partido”.

La ‘operación Unión’

Los hechos citados por la sentencia forman parte de lo que se denominó comúnmente como la ‘operación Unión’, una trama de corrupción inmobiliaria de la localidad de Arrecife (Lanzarote) que se denominó así por el nombre de la cafetería donde se reunían los implicados, La Unión.

Cafetería La Unión en Arrecife (Lanzarote).

Aunque la corrupción se remonta al año 2007, no fue hasta el 5 de junio de 2008 cuando se empezó a destapar la trama y se procedió a la detención de los implicados. Carlos Espino —entonces consejero del Cabildo de Lanzarote— había denunciado a la Guardia Civil un intento de soborno del empresario Fernando Becerra en nombre de Luis Lleó. Como consecuencia, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instaló micrófonos en el despacho del consejero para poder monitorizar la conversación que tendría con el empresario.

En ella, Lleó le ofrecía a Espino una comisión ilegal para que el proyecto urbanístico de la Costa Roja fuese posible. La escucha de esta conversación por parte de los cuerpos policiales provocó que el nombre de los implicados fuera saliendo a la luz poco a poco.

Aunque se pensó en primer lugar que Lleó era el cabecilla de la trama, una segunda denuncia en febrero de 2019 sobre otra comisión ilegal llevó a los investigadores al nombre de Dimas Martín, al que llamaban “jefe”. De este modo, la Guardia Civil acabó estableciendo dos tramas diferenciadas —encabezadas por Lleó y Martín—, que llegaron a cruzarse y a originar diversas subtramas.

Dimas Martín y su acumulación de condenas

La condena actualmente sentenciada por el Tribunal Supremo no es la única que pesa sobre el historial de Dimas Martín. En el momento en el que Martín ejecutó estos hechos delictivos, ya se encontraba en cumplimiento de alguna, que en el año 2020 ascendían a cuatro.

La primera de ellas tuvo lugar en el año 2001, cuando le condenaron por un delito de cohecho al haber comprado el voto de un concejal del PP. Un hecho que permitió que el PIL pudiera acceder a la alcaldía. Martín no fue a prisión.

Tres años más tarde, a finales de 2004, fue condenado por malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones y delito contra la Seguridad Social. Estos hechos se remontaban al año 1989, cuando gestionaba una empresa municipal en Teguise. Le condenaron a ocho años de prisión, aunque solo pasó uno antes de que le concedieran el tercer grado.

En mayo de 2009 este tercer grado le fue retirado cuando le detuvieron por la ‘operación Unión’. Se mantuvo en prisión hasta 2020, cuando comenzaron a concederle permisos.

Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia, implicado en la trama

Como ya informó elcierredigital.com, el arquitecto canario Carlos Morales, casado con Alexia de Grecia —sobrina de los Reyes Eméritos—, estuvo directamente implicado en la 'operación Unión’.

Carlos Morales y Alexia de Grecia.

Fue el 25 de mayo de 2009 cuando su vida de privilegios y fama cambió. Ese día, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el estudio profesional de arquitectura que Carlos Morales tiene en la urbanización turística de Puerto Calero por su presunta vinculación en esta trama.

Los efectivos de la Guardia Civil, que llegaron ex profeso de Las Palmas para evitar filtraciones, llevaron a cabo un registro de las dependencias del sobrino político de la reina de España en busca de documentación, tanto en papel como en soporte informático, relacionada con la investigación por la que se trataba de esclarecer las relaciones entre políticos, funcionarios y empresarios en operaciones urbanísticas y de adjudicación de contratos.

Las búsquedas se extendieron también a otros dos despachos profesionales. Los numerosos registros que practicó la Benemérita en viviendas y oficinas fueron ordenados por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro. Fue él quien decretó la detención, entre cerca de treinta imputados, del expresidente del Cabildo insular Dimas Martín, del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra, y de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, del Partido Independiente de Lanzarote (PIL). Los dos últimos buenos amigos de Carlos Morales.

Días más tarde, el 3 de junio, el sobrino político de los reyes de España declaraba durante seis horas en el puesto de la Guardia Civil de Costa Teguise, donde instaló su centro de operaciones la UCO. Y lo hacía para responder a las preguntas acerca de su presunta participación en construcciones en suelos no urbanizables y acerca de los presuntos pagos de comisiones supuestamente ilegales en varias instituciones de Lanzarote, como pago del éxito en determinadas gestiones administrativas. La investigación a Carlos Morales se hacía como presunto autor de un delito de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

Carlos Morales fue el protagonista de la primera vista oral del caso. Aceptó la pena. Ahora, el líder de la supuesta trama, Dimas Martín, se tendrá que enfrentar a los 7 años y 5 meses que le han impuesto por la ‘operación Unión’.