18 de junio de 2024
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FIN DE SEMANA

La Fiscalía pide 17 años de prisión para el exministro de Trabajo después de retirar el delito de falsedad de documento oficial del que se le acusaba

Fin del juicio ‘Erial’: Eduardo Zaplana reitera no haber “cometido ninguna ilegalidad al frente de la Generalitat”

Eduardo Zaplana.
Eduardo Zaplana.
Tras más de dos meses de juicio, concluyen las vistas del ‘caso Erial’, que juzga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de plantas de ITV y del Pan Eólico Valenciano. Entre los acusados se encuentra el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, que ha vuelto a reiterar que no cometió “ninguna ilegalidad”. La Fiscalía pide para él 17 años de cárcel.

El juicio del ‘caso Erial’ ha finalizado. Tras más de dos meses y un total de 20 sesiones, el caso que investiga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de plantas de ITV y del Plan Eólico Valenciano ha sido visto para sentencia. Entre los acusados se encuentra Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo del Partido Popular, que en la última sesión del juicio reafirmó ser inocente de los delitos de los que se le acusa.

“Después de los registros, comisiones, nueve meses en prisión, digo lo mismo que dije en marzo de 2019: ‘No he cometido ninguna ilegalidad al frente de la Generalitat y no he tenido nunca dinero en el exterior. Y lo reitero a la conclusión del juicio’”, declaraba el político.

Zaplana mencionaba también en su alegato final el tiempo que le dedicó a la política: “En esta etapa tan difícil para mí, manifiesto mi satisfacción y orgullo por mis años de dedicación a la vida pública y a la presidencia de la Generalitat. Para mí fue un honor dirigir equipos de personas que entregaron lo mejor de sí mismos. Ha sido un honor y un privilegio dedicarme a la vida política, aunque su ejercicio me haya traído aquí. Aunque de que yo esté aquí no tiene culpa la política”, sentenciaba.

Precisamente algunas de las personas que dirigió en su etapa política, como el jefe de su gabinete, Juan Francisco García Gómez, también presentaron sus alegatos en esta última sesión del juicio.

“Yo no sé lo que Zaplana le dijo a  [Joaquín Miguel] Barceló [amigo íntimo de Zaplana, y acusado de ser presunto intermediario del exministro], pero tiene poco sentido común que yo le regalara a Zaplana dos millones de euros y que le pidiera que los titularizara. Esta versión se cae por su propio peso. Era mi superior jerárquico en la Generalitat. Difícil entender que yo realizara operaciones al margen de su conocimiento. Debería asumir culpa in vigilando. Eran actuaciones de un alto cargo del PP y de un alto cargo de la Policía que tenía acceso directo al presidente de la Generalitat. No tiene sentido pensar que yo hice algo sin conocimiento de él”, concluía García Gómez.

Eduardo Zaplana.

En un principio, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 19 años de prisión para Zaplana y otros de los acusados en el juicio. Sin embargo, el pasado martes el órgano rebajaba esta pena a 17 años. En el caso de Zaplana, la rebaja de dos años venía dada porque se eliminó el delito de falsedad de documento oficial del que se le acusaba. Sigue acusado, no obstante, de presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad de documento mercantil y prevaricación administrativa.

Los papeles del ‘sirio’, sin huellas de Zaplana

Aunque el juicio por el ‘caso Erial’ comenzó el pasado 21 de marzo después de varios aplazamientos, el origen de la investigación tuvo lugar en marzo de 2017, cuando se registró el despacho de abogados de Marcos Benavent, conocido por autodenominarse “yonqui del dinero”. De ahí se extrajo una documentación que Benavent explicó que obtuvo en 2012 de un ciudadano sirio llamado Imad Ahmad Al Naddaj Yalouk, que la habría encontrado en su domicilio, casa que habría sido antes de Eduardo Zaplana. Se trataba de tres documentos donde se destacaba, según la Guardia Civil, una connivencia en la adjudicación de concesiones públicas del Plan Eólico puesto en marcha en 2003 y de las ITV a favor de la empresa Sedesa a partir de 1997.

Los citados documentos han sido una de las piezas clave para la investigación de Zaplana en el ‘caso Erial’. Recientemente, un informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil —solicitado por la defensa de Zaplana—, descartaba que fueran tocados por Zaplana.

En el informe, al que tuvo acceso elcierredigital.com, se afirma que se han “obtenido dieciocho huellas dactilares y una huella palmar”. Un total de 19 muestras que, cotejadas con las huellas portadas por el exministro, dan todas un mismo resultado: “exclusión”. Es decir, las huellas de Eduardo Zaplana no se encuentran en los papeles incautados al 'sirio’.

Parte del documento que descarta que las huellas encontradas sean de Eduardo Zaplana.

El documento también muestra los resultados de cotejar las huellas con “los candidatos aportados por el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID)”. El resultado de este cotejo es “no identificación”, por lo que se desconoce a quién pertenecen las 19 huellas encontradas en una de las piezas clave del ‘caso Erial’. Zaplana había negado en todo momento ser dueño de esos papeles.

Sobre estos papeles, en el juicio el abogado defensor de Zaplana reiteró que el político no tuvo acceso a ellos. “Es imposible que esos papeles pudieran ser dejados en 2006 en el domicilio porque uno de ellos llevaba fecha de impresión de noviembre de 2009 y otro portaba datos registrales de una sociedad que tampoco pudieron ser incorporados sino a partir de 2008”, declaraba el letrado.

El abogado, además, ha calificado las actuaciones de la UCO de la Guardia Civil en los registros que originaron el ‘caso Erial’ como “excesos”.

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