Los policías "apoyan rotundamente" el plan francés para denegar visados a los países que no recojan a sus inmigrantes

La inmigración es uno de los temas en los que más está trabajando el Gobierno de Francia. El pasado domingo, el Secretario de Estado francés para Asuntos Exteriores, Clément Beaune, desveló en el programa de radio Le Grand Rendez-vous un plan para tratar de reducir la presión migratoria. Este consistiría en reducir los visados a los países que rechacen repatriar a sus ciudadanos nacionales que lleguen a suelo francés en situación irregular.

En declaraciones en el programa recogidas por el medio Le Parisien, el Secretario de Estado afirmó que hay que “decirles a estos países que deben recuperar a las personas identificadas como sus nacionales”. Para ello, informó de que el Gobierno francés está analizando métodos para obligar a estos Estados, como una reducción “selectiva” del número de visados concedidos. Esto “apuntaría” directamente a los “líderes políticos y económicos” de los países de los que provienen los inmigrantes a Francia, como Marruecos, Túnez o Argelia.

Beaune recalcó también la importancia de una acción coordinada en la Unión Europea en materia migratoria, poniendo el ojo en el espacio Schengen. “En algún momento, tendremos que ser concretos, eficientes. Respetamos a nuestros socios, pero como europeos, con nuestros socios europeos, tenemos que presionar”, advirtió. En esta línea, pidió a la UE “salir de la ingenuidad” y se mostró convencido de que con una acción europea “seremos más fuertes en estas presiones”.

Alternativa Sindical de Policía muestra su apoyo a este plan

El sindicato policial Alternativa Sindical de Policía ve con buenos ojos este plan que baraja el Gobierno francés. Manifiesta que “debido a la grave situación de inmigración ilegal descontrolada que están sufriendo Canarias y Baleares, ASP (el sindicato) apoya la iniciativa francesa de bloquear los visados a Marruecos y Argelia hasta que no readmitan a los irregulares”. Lo hace además, "rotundamente". Si se adoptara la iniciativa a nivel europeo, la ASP considera que se realizaría a través de un bloqueo de la Unión Europea a la entrada de "miles de ciudadanos marroquíes y argelinos pertenecientes a las clases altas y políticas de aquellos países que tienen miles de propiedades en Francia y España y que veranean y viajan al viejo continente cada año”.

Este sindicato advierte de que “desde hace muchos años parece que el gobierno de Marruecos relaja su control fronterizo y permite la salida de miles de inmigrantes hacia nuestras costas”. Cree que esta ha sido siempre la tónica habitual, salvo cuando la “UE o España realizan importantes trasferencias de dinero encubiertas en concepto de ‘cooperación para el control migratorio’, tesitura en la que el Estado marroquí hace “algún esfuerzo temporal”.

Para ASP, no es casualidad que el flujo de inmigrantes haya aumentado de forma significativa en las Islas Canarias cuando desde hace pocos meses existe en esta comunidad “un conflicto político” con Marruecos “sobre la gestión de aguas territoriales”, justo donde además, el país africano reclama “pozos petrolíferos”.

Cientos de inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria). | Foto: Ayuntamiento de Mogán.

Por otro lado, considera que Argelia está utilizando la misma estrategia que Marruecos “debido a que casualmente durante los meses de julio y agosto de 2020 salieron de sus costas centenares de lanchas a motor en varias oleadas de 2.000 inmigrantes argelinos que llegaron a las costas de Baleares, Almería y Murcia”. “Esta situación solo se ha cauterizado después de que el Gobierno español firmara un acuerdo de suministro de gas argelino hasta el año 2030”, afirma la ASP.

Además, la Alternativa Sindical de Policía informa de que han llegado este año 33.946 inmigrantes, pero que por la falta de colaboración de los países de origen de estas personas solo se ha repatriado a 30. “Según fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional española, no hay visos de que consigamos que Marruecos y Argelia acepte más si no pagamos a esos países”, advierte el sindicato.

Esta situación en la que Marruecos o Argelia no aceptan a sus nacionales de vuelta podría propiciar, de acuerdo con la ASP, “que se repita lo ocurrido en la crisis de los cayucos de 2006-2009, cuando el Gobierno español trasladó a la península a más de 50.000 subsaharianos y los dejó en libertad”. Estos inmigrantes están “ahora mismo, y después de tres años para conseguir el permiso de residencia por el procedimiento de arraigo y diez años más para obtener la nacionalidad, en trámites de hacerse casi todos con la nacionalidad europea”.