La Policía estrecha cerco sobre la cúpula de AFE: Sobornos y ataques a futbolistas no afines

Un informe de la Policía Nacional, que ha sacado a la luz el diario ABC, confirma la existencia de “indicios más que suficientes” que demuestran la “estrecha relación” entre Antonio Cañadas, delegado de la AFE en Alicante, y Francisco García, funcionario de la Agencia Tributaria en Elche. Ambos se encuentran imputados en esta causa judicial por cohecho y revelación de secretos, tras ser denunciados por varios miembros de la propia AFE acusándoles de sobornar con 3.000 euros a ese funcionario a través de familiares directos de Cañadas, que son los que conocerían a ese empleado de la Agencia Tributaria (AET).

El objetivo de este informe era demostrar que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) pagó más de 400.000 euros al sindicato Futbolistas On, creado en 2018, que iba a competir contra AFE por primera vez en las elecciones que se celebrarían en mayo de 2019 entre jugadores de Primera y Segunda División. Los otros dos imputados, David Aganzo y Diego Rivas, ya declararon ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Elche el pasado mes de diciembre.

Una de las diligencias fundamentales del caso era conocer realmente si entre Cañadas y ese funcionario, al que la Agencia Tributaria suspendió de su cargo tras una auditoría interna que reveló que fue él quien accedió de forma irregular a esos datos confidenciales de Futbolistas On, existía una relación.

Antonio Cañadas, delegado de AFE, negó en su declaración como imputado que contactara con este funcionario de la AET para comprar esa información. Sin embargo, el informe de la Policía Nacional confirma que el entorno familiar de Cañadas mantenía contacto directo y constante con ese funcionario antes y después de que estallase este escándalo.

En un principio, los agentes identifican una conversación “que pudiera ser relevante para la investigación” judicial. Se trata de una llamada desde el teléfono de este funcionario en la Agencia Tributaria a otro que pertenece a una gestoría alicantina cuyos propietarios son el suegro y el cuñado del delegado de AFE. De hecho, según destaca el informe, el propio Cañadas era “usuario habitual” de un móvil de esa empresa.

David Aganzo y Diego Rivas, presidente y secretario general de AFE.

Esta llamada, que la Policía considera como “relevante”, tiene una duración de un minuto y 42 segundos y se produjo el 22 de febrero de 2019, el día en el que se pusieron fecha a las elecciones que enfrentaron a AFE y Futbolistas On.

Tan solo dos semanas después de la llamada, el 7 de marzo, el funcionario accedió de forma irregular a los datos de Futbolistas On que ya empezaba a ser la competencia de AFE. Y cuatro días después, el 11 de marzo, esa información ya estaba en manos de David Aganzo y Diego Rivas, o al menos así lo reconocería Antonio Saiz, otro responsable de AFE, que en 2020 confesó públicamente que Aganzo le “obligó mediante diferentes presiones” a participar en esa operación, pero este, sin embargo, lo niega.

Una media de 10 llamadas al mes

El informe policial, fechado el pasado 6 de mayo en Madrid y firmado por la Unidad de Delitos Especiales y Violentos (UDEV), detalla también otras 77 llamadas entre este funcionario y el entorno familiar de este delegado de AFE entre febrero y octubre de 2020. Un número muy elevado en tan solo ocho meses, con una media de casi diez llamadas al mes. De ellas, el informe destaca que la mayoría, 56, se hacen desde la “empresa vinculada al entorno familiar” de Cañadas al teléfono profesional del funcionario. En cualquier franja horaria desde las 8:20 a las 19:35. Incluso tres de ellas en pleno agosto.

En las otras llamadas, que son 21, es el funcionario el que llama al número vinculado a la familia de Cañadas. Pero estas últimas comunicaciones son de un segundo, deduciéndose que se trataba de llamadas perdidas. Y que tras esas, el entorno del delegado de AFE se ponía en contacto con él de inmediato para hablar durante varios minutos

Con todos estos datos, la Policía concluye que este funcionario de la Agencia Tributaria ha mantenido “contacto de forma habitual y continua” con el círculo íntimo del delegado de AFE, considerando que existen “indicios más que suficientes para poder constatar la estrecha relación existente entre ambas partes”.

Los agentes añaden que esa relación entre el funcionario y el entorno del representante de AFE se mantuvo “tanto en el periodo en el que se cometen los hechos investigados”, a principios del 2019, “como con posterioridad”, en 2020, cuando el caso ya había llegado a los tribunales y a los medios. El juzgado ilicitano tiene todavía margen hasta después del verano para seguir investigando, antes de decidir si abre juicio oral y procesa a los ahora imputados o, por el contrario, archiva la causa.