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Caso Negreira: 'Compliance' del Barça despedidos tras investigar los pagos irregulares
Analizamos las posibles consecuencias de que el Barça sea imputado por la Fiscalía, que podría inhabilitarle por 15 años
La Fiscalía decidió el pasado martes presentar una denuncia ante la justicia ordinaria contra el Barcelona por los pagos del club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, a quien la entidad culé abonó siete millones de euros entre 2001 y 2018.
La Fiscalía acusa al Barça de un delito de corrupción continuada en el deporte y apunta directamente, aparte de a Enríquez Negreira, a Josep Maria Bartomeu, presidente del club catalán entre 2014 y 2020, aunque fue él quien rompió el polémico contrato de la entidad con el excolegiado y exdirigente del colectivo arbitral. La denuncia del Ministerio Público también será interpuesta por administración desleal y posible falsedad documental.
Mientras la investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona se ha paralizado como consecuencia de la querella criminal presentada por el árbitro de VAR Xavier Estrada Fernández contra Enríquez Negreira y su hijo, por corrupción y fraude deportivo, el Barça sería imputado como persona jurídica por un delito de corrupción en los negocios, que incluye el fraude en el ámbito deportivo y entró en vigor con la reforma del Código Penal de 2010.
Según ha podido consultar a través de expertos elcierredigital.com, al tratarse de un presunto delito continuado, las penas serían de mayor gravedad. El Barcelona podría recibir una sanción económica muy elevada y, en el peor de los casos, la inhabilitación del club durante un periodo de quince años. También se vería afectado Josep María Bartomeu, predecesor de Joan Laporta en la presidencia, porque a través del apartado 286.4 del delito mencionado, Bartomeu y Negreira podrían tener una condena de seis meses a cuatro años de cárcel.
![Hombre en traje dando una conferencia de prensa con el logo del FC Barcelona y la marca Beko en el fondo. Hombre en traje dando una conferencia de prensa con el logo del FC Barcelona y la marca Beko en el fondo.](/filesedc/uploads/image/post/bartomeu-1725055214868_1200_800.webp)
Los anteriores máximos dirigentes azulgranas (Joan Gaspart, Joan Laporta, en su primera etapa, y Sandro Rosell), pese a mantener su relación con el número dos del colectivo arbitral, no serían investigados, al haber prescrito los hechos. Además, el club blaugrana ya está siendo investigado también por la UEFA. El máximo organismo del fútbol europeo podría incluso castigar al Barça con su exclusión de las competiciones continentales durante al menos una temporada.
El Barcelona acusa a su Área de Compliance
El Barça ha iniciado recientemente una investigación liderada por el Área de Compliance para investigar por qué no se detectaron los pagos del club al vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Según el club blaugrana, “este área trabaja para asegurar el cumplimiento normativo en el Club, el cual implica no solo conocer y respetar el Código de Ética y de Conducta, sino también de otra normativa interna de la que se ha dotado el FC Barcelona con el fin de asegurar el cumplimiento con las diferentes legislaciones vigentes de aplicación”.
![Un hombre mayor con traje oscuro y corbata clara caminando al aire libre. Un hombre mayor con traje oscuro y corbata clara caminando al aire libre.](/filesedc/uploads/image/post/negreira-1725055230704_1200_800.webp)
Pero la realidad es que parece una estrategia más de la directiva de “echar balones fuera” para no afrontar lo inevitable. Porque desde el 2020 el club ha tenido a cuatro personas distintas en ese cargo. Primero Noelia Romero, que fue despedida por Bartomeu poco más de un año de coger el cargo, y que posteriormente ganó un juicio por despido improcedente contra la institución. Su sustituta, Mireia Simona, que también abandonó el cargo pocos meses después de asumirlo.
Después llegó Xavier Mas, que fue cesado en marzo de hace un año y entró en su lugar el abogado Sergi Atienza como nuevo compliance officer. En definitiva, un baile de despidos y contrataciones en torno a un cargo sumamente importante para el correcto cumplimiento de la ética y las leyes vigentes, que suscita sospechas sobre si estos hechos desvelados ahora ya se conocían en el pasado, pero se guardaban bajo la alfombra presidencial.
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