21 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA
Patio de columnas

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Sergio Martín Guardado

Co-gobernanza, una farsa mediática e ineficaz

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.
Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.

Los últimos datos sobre la pandemia provocada por el ya conocido, en superlativo, coronavirus, nos indican que una vez más estamos a la cola europea en lo que a gestión de la pandemia se refiere. Hay alarma, las cifras sobre fallecidos y en relación con el número de contagios diarios se dispara, mientras el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas siguen en su desdén particular frente a la ciudadanía.

La actualidad política, no ha cambiado nada. La tan clamada unidad es un simple recurso de marketing al servicio de los asesores de los partidos políticos pues, aunque Sánchez y Ayuso se hayan presentado ya, al más puro estilo independentista como fieles colaboradores, eso sí, presentando Madrid y España como entidades plenamente diferenciadas; todo sigue igual. Uno: el Gobierno de la Nación, que busca ahora, en lugar de arrogarse competencias o declarar, por responsabilidad propia el estado de alarma en Madrid o algunas zonas del país, como ya hizo; hace creer que esa responsabilidad recae en los ejecutivos autonómicos sin tener en cuenta el papel del Congreso de los Diputados. Otros: el Gobierno de la Comunidad de Madrid y otros gobiernos autonómicos, que andan en sus propios líos, tampoco parecen tener claro el respeto al sistema jurídico-constitucional que nos protege a todos; limitando derechos fundamentales por doquier, sin el aval jurídico del estado de alarma y, por tanto, sin sostén constitucional para llevarse a cabo, en muchos casos, por cuestiones de estricta competencia material.

Lo llaman co-gobernanza, pero puede suponer la definitiva deriva del Estado de las Autonomías, su destrucción por el desbordamiento de las reglas del juego que marca la Norma Suprema. Cada uno tiene su papel y ni el Estado puede echarse a un lado ni las Comunidades pueden abandonar el que les es propio. Sigo creyendo, porque así se prescribe constitucionalmente que las Comunidades no pueden limitar, aunque sea en algunos barrios, la movilidad que tienen todos los ciudadanos para circular por todo el territorio español, sin que ello venga avalado por el legítimo estado de anomalía constitucional previsto en el art. 116.2 CE. Al menos, sin que venga precedido de un cambio legislativo que corresponde hacer en sede parlamentaria y sea respetuoso en la garantía y eficacia de los derechos fundamentales de ciudadanía como son el derecho de reunión o el derecho de libertad ambulatoria (arts. 19 y 21.1 CE).

Este último era precisamente un argumento en pro de la extensión parlamentaria del estado de alarma, casi de los pocos que se le podían comprar, aducido en infinidad de ocasiones por el Gobierno Sánchez. Y la Constitución no ha sido reformada ni se han producido reforma legislativa alguna, por tanto, he ahí una prueba evidente de que las reglas del juego político se están evadiendo. Se interpretan en base a un nuevo método de interpretación que es, interpretarlas, de cara a la población, según me convenga a mi o a mi partido. Y, es ahora, cuando los juristas constitucionalistas hemos de advertir de que la Constitución no puede convertirse en un sostén de aquellos que rehúyen de sus reglas, sosteniendo firmemente que el juego político no puede quebrantar el poder que la misma norma representa, conformando a través de un proceso constituyente y extraordinario los poderes ordinarios que ahora la evaden.

Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.

Co-gobernanza no es más que una farsa más de lo mediático que ya viene predeterminada por eso, que ha nublado la política en demasía, el marketing político. Pero, por otra parte, la unidad queda como quimera cuando se plasma en la co-gobernanza, que supone en la práctica, una gestión ineficaz de los servicios públicos, como la sanidad y la educación. Quienes sufren el juego mediático son así, finalmente, los ciudadanos.

Y, así, unidad supone en definitiva ruptura. La dejadez del Estado se traduce en una cuestión meramente política, lejana de aspectos de gestión o financiación de unos servicios públicos prestados por las autonomías (por entrar dentro de sus competencias) que empiezan a ser incapaz de financiar o prestar adecuadamente. Pero, las Comunidades pecan de orgullo y no aceptan su incapacidad para gestionar la crisis. La política no ha aprendido nada en estos meses, ¿y los ciudadanos? ¿Cómo podríamos responder afirmativamente? Pues, si ni siquiera nos hemos parado detenidamente el por qué de que a pesar de la alarma que hay, ahora ¿no hay estado de alarma?

Estamos ciegos de una nube de protestas que se convocan según convenga a Ayuso o a Sánchez, que hacen que sigamos como hooligans y, ahora, pretenden que interpretemos la Constitución también por motivación de eso que llaman vulgarmente el color. Es hora de que nos tomemos en serio las reglas del juego democrático y la búsqueda de la verdad sobre las mismas, porque me niego a mirar, también mediáticamente, al ordenamiento jurídico-constitucional y el resto de la legalidad. Otra cosa es que el estado de alarma se haya desechado por el daño a la economía que vamos a seguir padeciendo en el futuro, o le convenga más a unos que a otros.

Sergio Martín Guardado es Investigador en Formación del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca

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