Proteger a los ciudadanos

En realidad, siempre ha sido así, al menos esa es la sensación de una importante cantidad de ciudadanos desengañados con la acción de las autoridades, que tienen el poder y la tremenda responsabilidad de proteger sus vidas y hacienda.

Los Tribunales Tutelares de Menores cumplieron un mandato legal con limitados recursos y deficiente eficacia. No era complicado comprobar cómo auténticas manadas de niños se dedicaban a atracar a los que podía llevar algún duro en el bolsillo. A pesar de que la mayoría de edad penal estaba situada en los dieciséis años, la lucha contra esos menores difíciles, como gustaba denominar una serie de bien intencionados sin empatía hacia las víctimas, la respuesta oficial fue muy deficiente ante la criminalidad de los menores por debajo de esa frontera.

Las prisiones tenían verdaderos problemas de orden por el comportamiento insolente y agresivo de los profesionales del delito con dieciséis y diecisiete años. Pero la supuesta protección de los delincuentes por debajo de esa edad, adjetivándola con eufemísticas terapias, encomendada a los Tribunales Tutelares, tampoco lograba éxitos palpables.

El empeño de subir la edad penal a los dieciocho años, basado en la buena intención de tanto teórico alejado de la realidad social, produjo una calma inusitada en las prisiones, que se quitaban de encima a los que suponían un tormento. Por el contrario, dejaban en manos de otros encargados de su control, como su retribución legal, con limitados instrumentos para paliar la tremenda desgracia que irradiaban en las calles. Fueron las autoridades autonómicas las que construyeron más centros de protección y reforma para asegurar que los más peligrosos estuvieran desactivados para impedir que cometieran tanto desmán.

Los resultados, incompletos y fracasados en muchos casos, determinaron que la convivencia ciudadana continuara padeciendo esa tremenda lacra criminal. Y la otra frontera de edad, los catorce años, quedaba desguarnecida embarcada en esa deriva de la educación y socialización de algunos incorregibles y perversos. En eso estamos, los ciudadanos sufren atrocidades diversas protagonizadas por menores de dieciséis años, que reciben limitada respuesta legal, pero lo que es trágico es comprobar cómo los menores de catorce campan libremente sometiendo la vida de mayores y menores a todo tipo de tropelías, que nadie con la debida competencia legal parece estar dispuesto a cambiar.

Los derechos de quienes padecen delitos deberían estar al mismo nivel, o por encima, de las prebendas normativas que disfrutan los autores de semejantes agresiones imperdonables. Como esos criminales menores saben dónde están los límites de la retribución penal, manejan su ventaja acentuando la peligrosidad de los actos que perpetran sometiendo la vida y hacienda de los demás a sus perversas iniciativas.

Es lógico imaginar que cualquier estado moderno debe potenciar la capacidad resocializadora de quienes ejecutan acciones ilegales, pero sin olvidar la defensa de derechos y libertades de los ciudadanos, que son las potenciales víctimas de los delitos o reciben la ofensa puntual con resultados escalofriantes. Llamemos a las cosas con su nombre o busquemos denominaciones descafeinadas para esquivar estigmas, pero apliquemos la ley de verdad a los que cometen delitos.

Quienes perturban la paz de sus vecinos deben sentir la consecuencia de sus actos, porque no se puede tolerar la impunidad descarada con la que se mueven esos personajes antisociales abusando de su privilegiada posición social. Día sí y otro también, manadas de agresores de todo tipo avasallan a los demás sin miramiento.

Estos seres, que cometen actos despreciables, deben ser apartados, y desde ahí socializarlos. Los delincuentes con mayoría de edad penal deben recibir más contundencia por sus delitos. Para los profesionales más prisión preventiva y condenas mucho más largas. Pero para los menores, teniendo en cuenta las fronteras de edad, la misma respuesta oficial, aunque se llame de otro modo, porque el Estado de Derecho, si es que vivimos en uno, debe proteger a los ciudadanos.

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