29 de marzo de 2024
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FIN DE SEMANA
Patio de columnas

Patio de columnas

José Francisco Roldán

Oferta de propuestas

/ Calles de Barcelona.

Cualquier bien nacido no duda en contribuir al bien común desde cualquier lugar donde le haya tocado desarrollar sus tareas. Cada vez más ciudadanos, al menos los que está informados, tienen serias dudas sobre el modo de afrontar retos urgentes para recuperar los adecuados niveles de seguridad, pues pareciere como si los poderes públicos, entretenidos en otros quehaceres vinculados a un egoísmo evidente, suelen olvidar necesidades que tiene planteada una grave carencia de bienestar, ya no sólo por la decadencia económica, sino por la creciente inseguridad de las calles, donde los que cometen delitos e infracciones parecen estar descubriendo resquicios de impunidad.

La mentira oficial, acomodada en el mensaje de las autoridades responsables de la protección de derechos y libertades, no hace más que camuflar una realidad evidente, que está poniendo cada vez más en riesgo la vida de las personas. Además de las infracciones penales, que aumentan sin paliativos, muchas conductas sancionadas por vía administrativa no tienen sanción alguna y regalan una desproporcionada cuota de inmunidad a los que reiteran comportamientos antisociales.

No falta quien piensa, que el principio de intervención mínima judicial no sirve nada más que para dejar de perseguir numerosos hechos reprobables, y de eso han aprendido los que desprecian el bienestar ajeno. Si pudieran escucharse sus quejas, bastantes afectados ofertarían una propuesta eficaz para paliar tanto despropósito, porque trasladar delitos desde el Código Penal a leyes administrativas supone una generosidad injusta e injustificada. La enorme legión de insolventes puede amargar la vida cotidiana de los vecinos sabiendo que no recibirán retribución legal alguna.

No es lógico aceptar que se ofenda o altere la vida ajena sin respuesta, lo que supone un enorme fracaso del Estado de Derecho, algo a lo que mucha gente empieza a perderle el respeto. Y cuando son los referentes sociales, quienes legislan y promulgan leyes, quienes dan el peor de los ejemplos, la situación empeora gravemente. La privación de libertad acomodada a la gravedad de las infracciones penales podría servir de freno a tanto desprecio por la legalidad. Nos sobran complejos absurdos para enfrentarnos seriamente a los perversos, que no permiten el desarrollo de una convivencia normal.

Y para los delincuentes debemos tener muy claros sus límites y consecuencias empezando por el respeto a la libertad y derechos de los demás. Siguen existiendo voces reclamado mayor eficacia para reducir la criminalidad, que se está agravando por días, aunque haya quienes pretendan maquillar las cifras. Ocultar una desgracia no la evita y tampoco impide que se reitere. Los archivos policiales donde se clasifican las huellas anónimas, que dejan los autores de los delitos, pendientes de cotejar con detenidos, deberían utilizarse para cotejar las de quienes son identificados por infracciones administrativas y se exige su comprobación dactilar. No aprovechar ese recurso podría considerarse una incomprensible indolencia. Vincular reseñas dactilares pendientes de identificar a personas que deben dejar sus dedos en una pericia policial por cualquier tipo de infracción, favorecería el esclarecimiento de delitos pendientes, lo que supondría restar de la calle a seres que han perpetrado fechorías en fechas pretéritas y no figuraban como reseñados por detenciones anteriores.

La recogida obligatoria de una muestra de ADN a todos los detenidos debería quedan legalmente respaldada para impedir que una negativa interesada pueda esquivar la identificación por delitos pendientes de descubrir. Es lógico imaginar que los poderes públicos deben acentuar sus medidas para ganar mayor eficacia frente al delito. Por eso, en caso de algún resquicio legal pendiente, se pretende que rectifiquen respetando las normas constitucionales al respecto. En este gran mosaico de sensibilidades hay personas dispuestas a cambiar leyes para hacer correcto lo que supone una intromisión injusta en los derechos; también es aceptable entender la necesidad de cambiar normas sin invadirlos, por eso existe esta oferta de propuestas.

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

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