Las causas judiciales pendientes de Pablo Iglesias

El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir y la meteorología apenas falla en el horizonte de cuatro días. La borrasca se construye en cuatro investigaciones que podrían provocar la caída del vicepresidente Pablo Iglesias. Estos son los casos que se acumulan:

La denuncia del abogado José Manuel Calvente, exletrado de Podemos, al que trataron de culpar de un delito sexual para justificar la expulsión, exresponsable jurídico podemita, está poniendo los últimos clavos al féretro.

El juez instructor investiga su denuncia por malversación de donaciones recibidas por el partido que nutren a supuestamente una caja B que se ocultaría al Tribunal de Cuentas; el sobrecoste injustificado en un 200% de las obras en la sede del partido, que pasaron de 936.680 euros presupuestados hasta 1.361.055 euros adjudicados; la contratación de la empresa Neurona bajo el supuesto de realizar una campana electoral. Sin embargo, en el Registro Mercantil está registrada como administrador único una persona vinculada a otras 65 empresas registradas en España, una práctica que se asocia con tramas de corrupción manejada por testaferros. Al Tribunal de Cuentas le constan 36 facturas de la misma empresa que tuvo relaciones con el que gobierno de Bolivia. En este país centroamericano el nuevo Gobierno investiga contratos sospechosos de 1,5 millones de euros. Cuatro funcionarios han sido arrestados y la exministra del gobierno de Morales se fugó a Argentina. La Ley española de financiación de partidos sostiene que “los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”.

El abogado José Manuel Calvente.

El segundo asunto es el caso "Dina Bousselham": Se produjo el robo de dos móviles, de Dina y su compañero, pero solo se denunció el robo del móvil de Dina; el teléfono no apareció nunca pero sí la tarjeta SIM que pasó supuestamente a Villarejo, al Grupo Zeta y acabó en manos de Pablo Iglesias y parte de cuyo contenido llegó a publicar OkDiario. El contenido de la tarjeta revelaría las pulsiones políticas de Iglesias en conversaciones, documentos e imágenes. Pero esa tarjeta permaneció en poder de Pablo Iglesias unos meses antes de ser devuelta a su dueña. Ahora el juez estudia si Iglesias manipuló esa tarjeta para destruir pruebas o si el contenido se borró de manera casual. La exasesora de Iglesias ahora dirige un peródico de la órbita de Podemos, La Última Hora.

El caso Marta Flor: La abogada de Dina Bousselham habría conocido supuestamente por el fiscal Ignacio Stampa detalles de la instrucción en preparación de la defensa en el caso del despido del abogado Calvente. La salida del abogado Calvente se justificó por la denuncia de Marta Flor como un caso de acoso sexual, una denuncia que ha sido archivada por carecer de fundamento. Constan mensajes picantes con el número 2 de Podemos. El juez de instrucción ha retirado a Iglesias su personación en la causa como presunto perjudicado, cuando consta que ha organizado la trama. La abogada Marta Flor ha sido recusada por el propio juez instructor por afectar a la credibilidad de la instrucción y el proceso penal subsiguiente.

Dina Bousselham.

Las pruebas sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos vuelven a la actualidad. Un documento oficial de Venezuela del año 2008, firmado por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea, confirmaba algunos pagos al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), germen del partido morado. El CEPS recibiría un pago de 1,64 millones de euros, y otro entre 2009 y 2012 por 2,83 millones de euros. 

En el juzgado de Primera Instancia nº 84 de Madrid se llegó a investigar que Pablo Iglesias recibió 272.325 dólares del Gobierno de Venezuela, un hecho denunciado por la Prensa e incluso el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) ha investigado los pagos recibidos desde Irán por la productora 360 Global Media, de la que cobraba Iglesias antes de iniciarse profesionalmente en la política. Según los informes desde 2012 hasta 2015, las 16 empresas bajo sospecha de estar realizando operaciones de blanqueo concretaron 67 ingresos en cuentas de la productora por un importe de 300.000 euros, según noticia publicada por el diario El Mundo en detalle.

Si los tribunales acreditasen todos los delitos mencionados, de malversación de caudales públicos y administración desleal, de revelación y descubrimiento de secretos y daños informáticos, de denuncia falsa, de falso testimonio, de simulación de delito, de fraude procesal, de tráfico de influencias, de fraude a la hacienda pública, de financiación ilegal, de blanqueo de capitales, de delitos, en suma, que comprometen la paz y la independencia del Estado, Pablo Iglesias se enfrentaría a penas de seis años de prisión como mínimo.

Pablo Iglesias alabó antes de llegar al Gobierno el ejercicio democrático de la investigación judicial, pero luego cuando la bomba que lanzó amenazó con estallarle encima acusó al Consejo del Poder Judicial de estar dominado por la derecha política. Mientras, sus enemigos políticos le acusan de introducirse en el CNI contraviniendo la Ley por decisión de Pedro Sánchez, y en la comisión de secretos oficiales no se ha formado en el Congreso de los Diputados.

Como se ha comprobado durante las últimas elecciones autonómicas, Podemos ha perdido apoyo popular en Galicia y en Euskadi, algo que puede ser anticipio de un otoño complicado para el vicepresidente Pablo Iglesias.

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