23 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA
Patio de columnas

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José Francisco Roldán

Derecho a la seguridad

/ Antidisturbios trabajando en la seguridad ciudadana

No debería haber dudas sobre la necesidad de vivir en un ambiente de distensión social para desarrollar nuestra pacífica existencia. No es más que el derecho a la seguridad, esencial para garantizar el bienestar de los habitantes. Es lógico imaginar que los delincuentes lo verán de otro modo, pues el caos y la falta de orden supone el hábitat natural donde desarrollan sus perversas habilidades.

No podemos ignorar, también, a ese tipo de personas que rentabilizan cualquier desajuste en la seguridad general para conseguir sus malévolas iniciativas, como se ha comprobado demasiadas veces en nuestra historia, más o menos reciente. Una población que disfruta de un clima de paz puede progresar aprovechando la mejor manera de socializarse. Los estados promulgan leyes para asegurar ese derecho tipificando conductas ilícitas y señalando sanciones de todo tipo.

El derecho penal se opone a la criminalidad y debe sustentarse en procedimientos eficientes y eficaces para restablecer la armonía social. La privación de libertad apartando a quienes atentan contra los demás supone el mejor modo de garantizar la seguridad ciudadana, porque el pago de sanciones económicas tiene poca utilidad entre insolventes, un colectivo donde algunos de sus miembros invaden libertades ajenas. Para completar la respuesta penal se promulgan leyes administrativas con las que reprimir conductas que desquician la paz de otros o disuadir a los que pretenden aprovechar resquicios de impunidad.

No hay peor escenario social que una normativa repleta de lagunas legales. Dejar sin prisión determinadas actitudes permite que una parte de la población infractora se quede sin retribución legal. No deberíamos mostrar complejos a la hora de oponernos con rigor a la sistemática lesión de derechos fundamentales. Quienes propugnan su impunidad están favoreciendo la falta de garantías para los que han de sufrir sus desmanes.

En los años treinta, la República Española promulgó la Ley de Vagos y Maleantes con ese fin. El cambio de régimen supuso variar contenidos, algunos cuestionables. En 1970 fue derogada y sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que mantuvo su vigencia con derogaciones parciales previas hasta el año 1992, cuando fue sustituida por la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que algunos etiquetaron como Ley Corcuera o de la patada en la puerta, más tarde modificada en el 2015, añadiendo otras infracciones, que llevó a calificarla como Ley Mordaza.

Los apelativos ocurrentes, infectados de menosprecio, no suelen ayudar a comprender con nitidez las necesidades que se consideraron adecuadas para mejorar la convivencia y defenderse de los ataques a la seguridad colectiva. El dejar sin contenido el Libro III del Código Penal trasladando algunas de esas faltas a la normativa administrativa tiene poca eficacia sobre quienes suelen repetir conductas contra la armonía social y no pagan sanciones. Tampoco, la respuesta de leyes penales está demostrando un ejemplar modo de garantizar la tranquilidad de potenciales víctimas, cuyo número de multiplica incesantemente, afectado, igualmente, por un procedimiento que no responde a los deseos de bienestar de una sociedad muy castigada por el delito y la indolencia oficial.

Ahora, por iniciativa de algunos beligerantes políticos, que han protagonizado los mayores ataques a la seguridad ciudadana, se pretende desactivar su capacidad disuasoria y coercitiva, además de reducir los recursos de quienes deben luchar en la calle contra la agitación y el desorden. Si restamos poder a quienes defienden la paz de los ciudadanos, los devaneos violentos ganarán eficacia. Aminorar la capacidad de resistencia del orden constitucional permite entregar pertrechos y munición a los que preconizan comportamientos contra el sistema legal, que debe prevalecer siempre. Minimizar el principio de autoridad respaldado por la ley, que suele estar ligado al sentido común, regala ventajas a los que pretenden atacar el ejercicio de un derecho esencial en las sociedades avanzadas, que defienden la armonía social, el respeto al espacio público y los bienes colectivos, ergo: derecho a la seguridad.

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

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